Óscar G. Chávez
Hace trece años en medio de uno de los escenarios políticos más controversiales en el México contemporáneo, le era retirado por votación en la Cámara de Diputados, el fuero al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.
Fue el siete de abril de 2005 cuando 487 –de 500– diputados, con una votación de 360 contra 127, aprobaron el que López Obrador pudiera ser procesado por la justicia respondiendo por las presuntas responsabilidades incurridas al desobedecer la orden de un juez federal.
Lo resultante del proceso es por todos conocido y recordado; de él han derivado una serie de dichos que en la actualidad resultan más vigentes que nunca y contribuyen a apuntalar la figura de López Obrador. No vayamos más lejos, hace algunos meses la senadora Gabriela Cuevas, mostraba su contrición y arrepentimiento totales luego de haber sido una de las principales protagonistas en aquellos hechos; el propio Diego Fernández de Ceballos ha definido el hecho como una canallada foxista contra el tabasqueño.
* * *
Dentro de la historia moderna de las instituciones mexicanas, en contadas ocasiones se ha recurrido a la figura del desafuero como sanción a funcionarios llegados al encargo por la vía de la elección popular; pareciera que las veces que se ha llegado a tales extremos, el origen no es una conducta vergonzante o reprobable, sino la confrontación abierta y directa en fondo o forma, contra el ejecutivo federal.
Un año antes de concluir la primera década del siglo XX, el apoyo que dio el periodista y diputado José López Portillo y Rojas al general Bernardo Reyes, en su búsqueda por la presidencia de la República, generó que fuera acusado de fraude y posteriormente desaforado.
En 1931, luego de amansadas las aguas revolucionarias, y durante la consolidación del maximato callista, el diputado Manuel Riva–Palacio Carrillo, fue desaforado por la trigésima cuarta legislatura a petición del juez tercero de lo criminal, en Puebla, argumentando conspiración contra las autoridades.
Una década después, los diputados Sacramento Joffre Vázquez, Carlos A Madrazo Becerra, y Pedro Téllez Vargas, fueron desaforados por, según se señaló de manera oficial, traficar con tarjetas de braceros, aunque mucho se ha especulado sobre el apoyo que otorgaron a Javier Rojo Gómez, en su lucha por la presidencia de la República.
Vendrían luego otros casos como el de Félix Iraeta Viveros, en 1947, acusado por falsificación de documentos; Jorge Díaz Serrano, escándalo en 1983; René Bejarano, el de las ligas, en 2004; y Julio César Godoy Toscano, en 2010.
***
En San Luis Potosí las cosas no han sido muy diferentes; el 15 de noviembre 1925 la legislatura potosina desaforó al gobernador Aurelio Manrique, luego de los niveles extremosos que alcanzó su administración; ley seca total, saneamiento sexual radical, el impulso de un socialismo utópico aplicado a organizaciones como arrendatarios de fincas urbanas; educación socialista y laica en manos del estado y supresión de logros anteriores como la autonomía universitaria.
El golpe contra el gobernador, prohijado por Saturnino Cedillo y operado por Gonzalo Santos, no pudo ser frenado ni por un personaje de las talla de Adalberto Tejeda, secretario de Gobernación federal. Santos, al frente de un piquete de testaferros se dirigió a palacio de Gobierno y echaron fuera a Manrique que desesperado se aferraba de las rejas del edificio. ¡Pueblo potosino, a mí! ¡Defended a vuestro gobernante!
***
El susto de la semana se lo lleva el candidato a la alcaldía capitalina, Xavier Nava Palacios, al enterarse que fue sancionado por la autoridad electoral, luego de no haber presentado en tiempo y momento la relación de gastos incurridos durante su breve tránsito por la vía independiente. Ignoro si Nava es en realidad el único con la capacidad para enfrentarse a Gallardo, pero de que la confrontación entre ambos ya lleva nivel de pleito casado, es cierto; sólo la competencia entre ambos es lo que pondrá sabor a la contienda.
De no participar Nava, nadie va a quitar la idea que la sanción del organismo electoral fue una argucia para apartarlo de la contienda, y como es muy de potosinos el suponer que todo lo que ocurre en estos lares, para bien o para mal, ocurre por consigna, es lógico que se suponga que tras esa resolución se encuentran los operadores del alcalde con licencia Ricardo Gallardo. Conspiración contra la democracia.
Dicen los que saben, y los que no, repiten: que hoy es domingo familiar; disfrútenlo pero no se excedan.