Me preocupa la normalización de la corrupción y observar que al mismo tiempo que hablamos de ella, la referimos como ajena a nosotros. Como si fuera el asunto escandaloso de alguien más, o un el chisme irresistible de contar. Claramente los fenómenos de escandalosa naturaleza, esos que ocupan días en los medios de comunicación, se presentan en cada plática de café; levantan la indignación que merecen, pero al momento de cuestionar si en lugar de pagar la multa porque no poner dinero suficiente en el parquímetro, o sobornar a alguien para que el asunto se tramite más fácil, no se asume como corrupción. Parece que lo que importa, es el patio del vecino y no el jardín que a cada quien nos toca cuidar porque está dentro de nuestra casa.
Algo está fallando en esta culpa compartida. Desde hace ya varios años he seguido los resultados de la Encuesta de Percepción de Corrupción realizada por Transparencia Internacional; de manera que me ayude a recordar que el fenómeno no es, ni de lejos, una invención mexicana. Dicen que “consuelo de muchos, consuelo de tontos”; sin embargo, vale la pena contextualizar los fenómenos dentro de escenarios mucho más extensos, para poder pensar en soluciones mucho más amplias.
Para la encuesta del 2018, cuyos resultados se dieron a conocer este año, México sigue la tendencia que ha tenido desde el 2012: ha aumentado la percepción que los mexicanos tenemos de vivir en un país corrupto. Lo triste de todo este asunto, es que justamente durante esos años, ha habido un notable conjunto de normatividad aprobada para combatir justamente el fenómeno que ahora, lejos de acabar, parece tomar fuerza.
Todos sabemos que Michel Crozier tenía razón al afirmar que la sociedades no cambian por decreto. Es decir, podemos tener un buen número de leyes y no por eso se garantiza que las prácticas corruptas se acabarán. Si acaso, los corruptos se volverán más sofisticados, porque sus acciones requerirán burlar ya no solo un manual, sino a un montón de disposiciones establecidas en leyes.
Eso hemos estado viendo en los últimos años. Leyes que se multiplican y corruptos que se especializan en burlar la ley. En gran parte, los errores consisten en legislar por legislar, en legislar sin tener los recursos económicos para dar vida a las disposiciones que se consignan en los cuerpos normativos, y en olvidar acompañar esas leyes de políticas públicas transversales. Así no se puede.
La situación, sin embargo, no es exclusiva de nuestro país. Chile, en su momento, creó normatividad importante que bien pudiera competir en calidad con cualquier otra del mundo. Incluso México, en su momento, fue reconocido internacionalmente por la calidad garantista que contenía su Ley de Acceso a la Información. De igual forma, ambos países, cada uno a su manera, hace cosa de un par de años publicaron leyes en donde se reconocía la necesidad de sistemas para combatir la corrupción. Y bueno, hasta ahí todo suena bien. Lo malo, es que ambos van a la baja en el índice.
La apabullante realidad de los números hacen que Transparencia Internacional ponga de nuevo los ojos en todos esos países que, a pesar de prometedoras leyes y buenas prácticas, se han estancado o han decrecido en sus intentos por erradicar el mal.
La organización ha relacionado la debilidad de los sistemas democráticos, con el incremento de corrupción. Por ejemplo, Canadá siempre ha mantenido bajos índices de percepción de corrupción, sin embargo, se ha hecho notar que a últimas fechas, empresas de esa nacionalidad se ven involucradas con escándalos de corrupción relacionados con altos sobornos financieros, en países en los cuales el índice es altísimo. En otras palabras, los canadienses no se corrompen en su propio país, sino que usan prácticas corruptas en otros, que, evidentemente, tienen índices mayores a los de ellos. De igual forma, se ha comenzado a evidenciar que la normatividad canadiense es débil en cuanto al rastreo de recursos financieros ilícitamente obtenidos, por lo que un montón de dinero sucio, acaba siendo lavado en Canadá. La práctica ya tiene nombre: snow washing, o lavado en nieve.
La debilidad de un sistema democrático, de acuerdo a Transparencia Internacional, puede observarse en cuatro áreas: manipulación de los medios de comunicación, interferencia del estado con particulares y entre poderes, uso cotidiano de “mano fuerte” y sostener prácticas donde se presentan claros conflictos de intereses sin que haya consecuencia alguna. Es decir, combatir la corrupción debe de ser antecedida por el fortalecimiento de las instituciones que dan vida a la democracia.
Quizá hasta ahora, y nadie puede culparnos, la cuestión debió de abordarse sin dar por sentado que la democracia y sus redes estaban tan fuertes como el Peñón de Gibraltar. Sin embargo, los pasos están dados. Hay innegables avances, pero no debemos perder de vista que el combate a la corrupción no debe olvidar nunca a las instituciones y prácticas democráticas. Ninguna camina sola. Debemos llevarlas de la mano.