Ayer la Suprema Corte de los Estados Unidos falló en contra de la administración del presidente Donald Trump en su intento de negar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de padres indocumentados. La constitución es explicita en este tema, argumentó la mayoría de magistrados, y cualquier niño nacido en el país es, por nacimiento, un ciudadano del país. Este es la interpretación que había prevalecida hasta ahora, lo cual ha servido para que no se reproduzca la precariedad de los padres indocumentados con sus hijos, pero la administración quiso cuestionarla.
La política migratoria ha sido central en los propósitos de la administración Trump, y los tribunales judiciales están en el ojo del huracán, con cientos, si no miles, de casos que buscan definir aspectos claves del sistema migratorio. La semana pasada, la Suprema Corte aceptó que la administración puede terminar la protección temporal de ciertos grupos, restringir el asilo en la frontera y usar la deportación exprés para migrantes que tienen menos de dos años en el país, todos casos que salieron a favor de la administración. Pero la decisión sobre ciudadanía por nacimiento era lo más importante para Trump, tan así que vino y se sentó en la Corte para escuchar los argumentos orales durante el juicio.
Día a día cambian las políticas migratorias, no sólo por la administración, que siempre está activa en el tema, sino porque las demandas contra la administración frecuentemente llevan a amparos que detienen las medidas gubernamentales, y luego siguen las apelaciones, que a veces van a favor de la administración y a veces no. Todo esto es muestra de un tema de fondo, que es la pérdida de consensos básicos sobre la inmigración en el país.
Esta semana se celebran los 250 años de la declaración de independencia de los Estados Unidos. Desde 1776, el lema semioficial del país ha sido “E Pluribus Unum”, es decir, “de muchos, uno”, el lema que sigue impreso en la moneda del país. El país fue fundado con el ideal, entonces bastante radical, de que el pueblo debería gobernarse desde abajo, en modo republicano, pero no menos radical fue la segunda parte de ese ideal, de que ese pueblo era compuesto por ciudadanos que provenían de diferentes países, religiones y clases sociales, juntos y en condiciones de igualdad.
Es cierto que, en ese momento, no se consideraba inmigrantes a africanos esclavizados ni sus descendientes como ciudadanos, ni tampoco a los indígenas, que fueron removidos poco a poco de sus tierras. Y no votaban ni mujeres, ni siquiera hombres blancos que carecían de propiedad privada. El ideal de una ciudadanía incluyente y plural que se autogobernaba en igualdad y libertad estaba muy lejos de la realidad. Así que la historia de los Estados Unidos, en gran parte, ha sido una lucha por hacer valer ese ideal originario e ir acercando la realidad al ideal. Este es el eje central de nuestra historia.
Dentro de esa lucha, la migración ha sido siempre un elemento controversial, con un debate permanente sobre quién debería entrar al país y quién merece volverse ciudadano. En algunos momentos es un debate sobre uno que otro grupo, pero en este momento se ha vuelto un debate más generalizado y caótico, a veces sin mucha claridad. Sin embargo, ayer la Suprema Corte aclaró por lo menos un elemento clave de la definición de quién merece ser ciudadano, al determinar que los que nacieron en el territorio son, irrevocablemente, ciudadanos.