En un entorno democrático, donde en teoría debieran prevalecer elementos como la transparencia, la rendición de cuentas, y los pesos y contrapesos, entre otros, no debiera ser necesario renunciar a los cargos públicos para aspirar o manifestar el interés de ser objeto de designación de algún otro cargo, ya que el desempeño y actividades de los interesados se encuentran perfectamente expuestos al escrutinio público.
En los Estados Unidos de América, quienes ocupan la Presidencia de la República y aspiran a ser reelectos, no tienen por obligación renunciar para contender, y así sucesivamente en diversos cargos de menor jerarquía. Hay claridad en el uso de los tiempos y recursos públicos que les tienen asignados.
En México esa visión es un tanto diferente.
Desde el siglo pasado en México se fue construyendo un arreglo político-institucional que César Cansino conceptualizó como una “Democracia de Fachada”, es decir, una serie de condiciones jurídico-políticas que institucionalizaban una serie de derechos y obligaciones que aparentaban soportar un modelo democrático, que sin embargo a través de facultades meta-constitucionales de los distintos gobernantes, se veía avasallado por decisiones verticales y autoritarias en la mayoría de los casos.
Esa práctica de modelo de democracia de fachada ha socavado la confianza ciudadana en los gobiernos, y que desde luego también ha permeado hacia los partidos, de manera tal que aún y cuando existan los mecanismos administrativos para garantizar un funcionamiento político democrático, la realidad es que el pueblo en general no cree que los políticos no usen los recursos públicos para fines políticos.
De esta manera, ante la ya desatada contienda por la Presidencia de la República en 2024, a pesar de que los partidos políticos no han iniciado formalmente sus procesos internos para la selección de candidatos, la efervescencia y los resultados electorales de Coahuila y Estado de México, obligan ya a clarificar todas las manifestaciones en torno a la sucesión presidencial.
De esta manera, si bien no es obligatorio, sí es políticamente correcto y hasta higiénico el separar claramente el interés por la aspiración a la Presidencia y los cargos públicos que ostentan varios de los pretendientes. Si las renuncias abonan a la transparencia y rendición de cuentas, bienvenidas sean.
Si bien es una buena práctica que el pueblo observe el desempeño en la función pública de los distintos aspirantes, la realidad es que éstos desde que fueron destapados como “Corcholatas” ya han tenido tiempo y formas suficientes para promover sus capacidades y talentos; permanecer en los cargos públicos en el contexto de la ya abierta contienda por la sucesión y este modelo prevaleciente de democracia de fachada, sería ya un abuso.
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