En los últimos días, la detención de Ernesto Rufo Appel ha sido rodeada por un remolino de declaraciones que, más que aclarar o defenderlo, buscan remover emociones. Esto no es nuevo en la política mexicana: cuando los hechos son incómodos el discurso se vuelve un campo de batalla. En ello, las palabras importan más de lo que parece. Expresiones como: “es algo orquestado por el gobierno de la 4T, como distractor”, “atropello inaudito” o “preso político” no son simples opiniones. Son un relato que busca ordenar la realidad de una manera muy específica, por lo que vale la pena detenernos para analizar qué significado están construyendo.
En la expresión “es algo orquestado por el gobierno de la 4T, como distractor” hay algo curioso: habla de “algo”, pero nunca dice qué es ese algo. Es como señalar una sombra y pedirnos que creamos que es un monstruo sin mostrarnos la forma. Esa ambigüedad no es casual. Al dejar el significado indefinido, se abre la posibilidad a que cada uno interprete el vacío con sus propios temores o sospechas. Lo que sí queda claro es el señalamiento directo: el gobierno como un actor que manipula, que mueve los hilos, que distrae. No se presentan pruebas en la frase, pero tampoco parece ser el objetivo. La intención es otra: generar la idea de que todo forma parte de una estrategia política. Cuando se logra generar la idea de que todo es un “distractor”, cualquier información que contradiga esa narrativa pierde valor automáticamente.
Algo similar ocurre con la frase “atropello inaudito”. Aquí la carga emocional es todavía más relevante. “Atropello” ya implica abuso, injusticia, exceso. Al agregar “inaudito”, se eleva el tono a un nivel casi extraordinario, como si estuviéramos frente a un hecho sin precedentes. Pero hay un detalle importante: ¿quién atropella?, ¿a quién?, ¿cómo? La frase no lo dice. Solo expresa indignación, pero no la explicación. Es una forma muy eficaz de movilizar emociones sin comprometerse con la precisión. Este tipo de expresiones funciona bien en contextos de polarización porque permite que cada uno interprete el significado a su manera. Para algunos, el responsable será el gobierno federal; para otros, el sistema judicial; para otros más, actores políticos.
La expresión “preso político” es la más potente de todas. Porque no solo describe una situación, sino que construye una realidad. Alguien deja de ser un detenido para convertirse en víctima de persecución. El problema es que es una expresión que tiene un peso histórico muy fuerte. Remite a contextos donde el gobierno encarcelaba a personas por sus ideas, donde no hay garantías, donde la justicia es una herramienta de represión. Usarla no es menor. Cuando se emplea sin que haya claridad sobre el proceso legal, se produce un efecto inmediato: se deslegitima cualquier acción institucional. No importa si hubo investigación, pruebas o procedimientos; todo queda bajo sospecha. El mensaje es claro: no estamos ante un caso jurídico, sino ante un acto político. Hay que tomar en cuenta que en México la desconfianza hacia las instituciones no es gratuita. Hay antecedentes, hay historias de abuso, hay razones para dudar. Es por ello que el discurso debería ser más responsable. Llamar “preso político” a alguien sin evidencia sólida puede terminar vaciando el sentido de una expresión que debería reservarse para casos verdaderamente graves.
Lo que vemos en estas tres expresiones es una estructura clara: se construye un escenario donde hay un “ellos” poderoso, abusivo, manipulador, y un “nosotros” que resiste o es víctima. Es una narrativa eficaz porque simplifica la realidad y ofrece certezas rápidas en momentos de incertidumbre. El problema es que esa simplificación tiene costos. Reduce la posibilidad de discutir los hechos con matices, de exigir información concreta, de analizar responsabilidades reales. Todo se convierte en una disputa de relatos donde lo que importa no es qué ocurrió, sino qué versión logra imponerse.
En medio de esa disputa, la ciudadanía queda atrapada. Porque no recibe información clara, sino interpretaciones cargadas de intención política. Se le pide tomar partido antes de entender el contexto. Tal vez la pregunta más incómoda es esta: ¿a quién beneficia este tipo de discursos? No necesariamente a la verdad, ni a la justicia. Beneficia a quienes necesitan mantener viva la confrontación, a quienes encuentran en la polarización un terreno fértil para movilizar apoyos políticos. Eso no significa que no haya abusos, ni que toda crítica sea infundada. Significa que no toda crítica está construida para esclarecer. Algunas están hechas para impactar, para encender, para posicionar. Es aquí donde como sociedad tenemos una responsabilidad: no se trata de aceptar sin cuestionar lo que diga la autoridad, pero tampoco de asumir que toda acción institucional es, por definición, una conspiración. Próxima colaboración: 12 de agosto de 2026
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