San Luis Potosí para 2021 tiene un déficit de gobernabilidad, entendida como la capacidad para tomar decisiones de políticas públicas de calidad que atiendan las necesidades de la sociedad. Esta situación es producto de una débil capacidad para generar instituciones democráticas; de los pendientes para un ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y el contexto de violencia en la que se encuentra inmerso el Estado, así como en la prevaleciente pobreza y desigualdad en entre y al interior de los municipios.
Los potosinos se sienten inseguros en la calle, en centros comerciales, en los cajeros, en carretera, en sus hogares; perciben que no son escuchados por sus autoridades locales, es complicado tener una interacción cercana autoridades locales para expresar sus necesidades; no se puede aspirar a un puesto de elección popular, estos están capturados por los partidos políticos y familias que se heredan el poder político, están atrapados por una estructura política de elite, con procesos poco plurales y transparentes.
En las instituciones locales, desde la percepción ciudadana, prevalecen los actos de corrupción en las decisiones políticas, en las decisiones de políticas, en las compras, en los procesos administrativos, en los servicios públicos. Existe un alto grado de irritación social porque la aplicación de la justicia es de clase social, de profunda injusticia, son los más pobres lo que pagan sus penas con la justicia, recluidos en condiciones inhumanas; quienes cuentan con recursos económicos para pagar, valiéndose de ilegalidades gozan de su plena libertad.
La gobernabilidad no solo es la calidad de las instituciones y respeto a los derechos de la sociedad, sino también en términos de la calidad de los resultados de las políticas públicas implementadas para lograr el bienestar social y económico; en esta dimensión también es importante el grado de satisfacción social, medido por la reciprocidad que estos perciben de la acción gubernamental, por lo que es importante considerar las decisiones de política social y de desarrollo rural y económico.
En San Luis Potosí prevalece la desigualdad social, tanto entre clases sociales como entre municipios; el grado de concentración económica es muy alto. El 48 % de los potosinos vive en situación de pobreza, a la mayoría de las familias no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas con sus ingresos; la actividad económica informal es alta, esto daña la seguridad social de las personas; los empleos son precarios, lo cual afecta principalmente a los más pobres, pero sobre todo a las y los jóvenes.
Por la situación en la que se encuentra San Luis Potosí se deben impulsar políticas públicas de fortalecimiento de la de ciudadanía, fundamentalmente en lo que se refiere al respeto de sus derechos políticos, que sus necesidades sean escuchadas por las autoridades; se debe fomentar la participación ciudadana, generando espacios de participación ciudadana en la estructura de la administración pública estatal y municipal; los ciudadanos y sus necesidades deben ser el eje central de las políticas públicas.
Los tomadores de decisiones de política pública deben atender los llamados de atención de los procesos electorales y generar cambios estructurales para impulsar la calidad de las instituciones electorales, políticas y de la administración pública, impulsando la transparencia y la rendición de cuentas, así como el diseño e implementación de políticas públicas sustentadas en la evidencia; para ello se deben abrir espacios de diálogo, participación y consenso que permitan diseñar nuevas instituciones y políticas públicas de calidad.
San Luis Potosí muestra avances en su democracia y desarrollo económico, pero no han sido suficientes para reflejarse en lo social, es su gran pendiente. La estrategia es el diálogo, la negociación, el consenso en un contexto de pluralidad y transparencia, con la finalidad de ofrecer mejores oportunidades de desarrollo político, económico y social, que disminuyan las grandes brechas existentes entre clases sociales y entre regiones; es importante tomar decisiones políticas para transformar la estructura institucional y decisiones de políticas para atender las necesidades de las y los potosinos.
En resumen, el difícil en el cumplimiento de los derechos ciudadanos, la debilidad institucional y la baja calidad de las políticas económicas y sociales han generado una amplia agenda para fortalecer la gobernabilidad en San Luis Potosí, lo cual requiere decisiones políticas estructurales que sean plurales, participativas y transparentes; así como políticas públicas contextualizadas y sustentadas en la evidencia. La gobernabilidad pluralidad política, sensibilidad social y racionalidad técnica. Próxima colaboración: 15 de diciembre de 2021.
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