No se le puede pedir a la gente que entregue su rostro para validar su identidad sin explicar antes qué va a ocurrir con esa información.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones finalmente prorrogó la fecha de suspensión de líneas telefónicas por falta de registro. Como advertí en mi columna anterior, llegar al 30 de junio con 80 millones de líneas sin vincular y suspenderlas era inviable. Su estrategia, entonces, fue escalonar la suspensión entre agosto y diciembre de 2026 a partir de la última cifra del número celular empezando por cero el 15 de agosto. El problema es que siguen varios pendientes que no se resolvieron con la modificación a los lineamientos publicada el 30 de junio.
Sigue sin desarrollarse una justificación suficiente de por qué era necesario imponer un registro obligatorio. Los lineamientos hablan de práctica internacional, de certidumbre y de reducir espacios para el uso ilícito, pero no explican por qué éste era el medio idóneo, necesario y proporcional para lograr ese objetivo, ni presentan evidencia de que registrar cada línea a un titular reduzca efectivamente la extorsión. Y como faltó ese argumento de fondo, el incentivo para registrarse terminó basándose en la amenaza de quedarse sin línea, no se persuade a la gente con evidencia de que esto la protege, se le avisa que, si no lo hace, la desconectan.
A esto sumemos la opacidad técnica. Se habla de una prueba de vida como si todos supiéramos qué significa, pero no se ha explicado con claridad en qué consiste, si implica o no un tratamiento biométrico, cómo se procesan los datos obtenidos, quién los custodia, cuánto tiempo se conservan durante el proceso y cuáles son exactamente las salvaguardas técnicas. No se le puede pedir a la gente que entregue su rostro para validar su identidad sin explicar antes qué va a ocurrir con esa información. Esa falta de detalle genera dudas y ya no alcanza a convencer el tema de que se trata de un registro que queda en los operadores no en el gobierno.
También llama la atención la forma en que se modificaron los lineamientos. La Comisión decidió no someter los cambios a consulta pública, argumentando la necesidad de actuar con rapidez para evitar una suspensión masiva de líneas. La explicación se entiende frente a la urgencia del momento, pero esa urgencia fue creada por la propia autoridad que sostuvo hasta el último momento un calendario que terminó reconociendo como inviable. La prisa no vino de un hecho imprevisible, los números estaban ahí.
Y luego está el asunto de las líneas pospago, quizás el tema peor manejado. Al principio se dijo que también tenían que registrarse y hoy la campaña oficial en redes sostiene que quedan exentas. Claramente la CRT cambió el criterio y con ello aumentaron automáticamente el número de registrados, pero más allá de lo cuestionable de la decisión ¿por qué no quedó esto reflejado en la modificación de los lineamientos? ¿Por qué dejar una cuestión tan importante en un mensaje de redes sociales y no en el texto jurídico? Porque una cosa es lo que se anuncia y otra lo que se regula, y esa disonancia también alimenta la desconfianza.
Al final queda la impresión de que el calendario escalonado funciona como una advertencia con ejemplo, donde los primeros bloques son los conejillos de indias que serán desconectados para que el resto vea que la amenaza sí se cumple, aquello de “cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar”, una especie de “Hoy No Circula” de la telefonía. El problema es que creo que la ventana para construir confianza ya se cerró. Esto empezó con tropiezos que no se corrigieron a tiempo y con eso cargará como cargó en su momento el Renaut antes de terminar en el basurero de los registros fallidos.
X y Threads: @soyirenelevy
(Abogada, presidenta de Observatel)