“Sin adolescentes no hay
futuro nacional posible”
Naciones Unidas
La participación de los jóvenes en los delitos, incluso en la delincuencia organizada, responden, en cierta medida, a un contexto de violencia y de vulnerabilidades (CNDH, 2017). A decir de Azaola (2017), factores como pobreza, separación de los padres, bajo nivel escolar de los padres, dificultad para supervisar, guiar y contener a los hijos para trazar normas y ejercer límites, deserción escolar, el abandono, el rechazo, la violencia, el abuso sexual, el consumo de drogas, y el contacto con otros grupos delictivos para ser elementos cruciales para que los adolescentes participen en delitos violentos.
Así en México se presentan una serie de factores socioeconómicos, que, en alguna medida, allanan las actividades delictivas juveniles. Según el Coneval, en su informe Pobreza Infantil y Adolescente en México 2020, las condiciones socioeconómicas de los adolescentes, en general, son de insuficiencias en muchos sentidos, vemos, por ejemplo, la pobreza rodea a más de la mitad del grupo, y más del diez por ciento se ubicará en situación de precariedad extrema. Igual preocupación, merece sus ingresos monetarios, donde casi dos terceras partes del sector gana menos que el resto de la sociedad.
Por su parte, la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (Inegi, 2022), el sector juvenil en conflicto con la ley, lo está por delitos de alto impacto social, como lo son: la violación sexual, el homicidio, el secuestro, etc. La población de adolescentes en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes (SIJPA), reportaba en 2022, a nivel nacional, 3413 personas se encontraban en el conflicto con la ley, de ellas, 56.5% cumplía con una medida de sanción de externación y 30.2%, una de internamiento.
También, en la misma encuesta del Inegi (2022), advertimos con preocupación la reducción de casi el diez por ciento, en el uso de medidas no privativas, así como un aumento de casi el cincuenta por ciento (en un lapso de cinco años), del internamiento, evidentemente, existe una estrecha relación entre el tipo de delito y el tipo de medida de sanción aplicable.
La conducta criminal del adolescente es una problemática que debiera ser vista desde diferentes aristas, pues, desde el plano individual, debemos recordar que es un apersona en formación, que no ha alcanzado su pena maduración, y, por ende, no realiza un juicio exacto sobre las consecuencias de la transgresión a la norma legal.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud refiere que, la adolescencia es aquel periodo oscilante entre los diez y diecinueve años. Por lo tanto, la incidencia de la actividad delictiva durante este lapso no puede ser ignorada, ya que, se clasifica como parte y producto de la sociedad en la que se materializa la actividad delictiva. Numerosos estudios ya habían precisado, que, en ocasiones los jóvenes detenidos en conflicto con la ley penal (sean hombres o mujeres), mostraban trastornos mentales, como, por ejemplo, rasgos callosos no emocionales (Pomahuacre– Carhuayal et al, 2022).
En este mismo tenor, existe solida evidencia que apunta a una relación entre el consumo de drogas y la comisión delictiva del adolescente, es decir, los resultados apuntan que, a mayor incidencia delictiva, mayor dependencia, asimismo, se presenta también una interacción por el tipo de sustancia, por ejemplo, el cannabis se asocia con trayectorias infractoras iniciales, y la cocaína a trayectorias consolidadas (Uceda et al, 2016).
El adolescente en muchos casos carece de una reflexión madura, empero, las drogas en sí mismas no suponen un riesgo, sino que en realidad determinan una situación de riesgo propiamente; este periodo de desarrollo humano constituye un periodo crítico para el desarrollo de experiencias de consumo (Uceda et al, 2016).
De momento se agota mi espacio editorial. Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.
carloshernandezyabogados@gmail.com