Cada 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud. Detrás de una fecha que podría parecer una más dentro del calendario de Naciones Unidas existe, sin embargo, una interesante evolución: la manera en que el mundo dejó de considerar a los jóvenes solamente como destinatarios de políticas públicas para comenzar a reconocerlos como actores de las decisiones que determinarán su propio futuro.
La historia comienza mucho antes de establecerse la conmemoración. En 1965, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre el fomento entre la juventud de los ideales de paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos. Dos décadas después, 1985 fue declarado Año Internacional de la Juventud bajo tres conceptos que todavía conservan extraordinaria actualidad: “Participación, Desarrollo, Paz”.
En 1995 ocurrió otro avance. Naciones Unidas adoptó el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, estableciendo un marco internacional para orientar políticas públicas en materias como educación, empleo, salud, pobreza y participación juvenil.
Pero el origen inmediato del 12 de agosto se encuentra en Lisboa. Del 8 al 12 de agosto de 1998 se celebró en Portugal la primera Conferencia Mundial de Ministros Responsables de la Juventud, con representantes de 146 Estados. De aquel encuentro surgió la Declaración de Lisboa sobre Políticas y Programas relativos a la Juventud y la propuesta de establecer precisamente el 12 de agosto como Día Internacional de la Juventud.
Un año después, el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General hizo suya aquella recomendación mediante la Resolución 54/120. La primera celebración mundial ocurrió el 12 de agosto de 2000.
Pero quizá lo verdaderamente interesante no sea cómo nació la fecha, sino cómo ha evolucionado su significado. Durante mucho tiempo hablamos de hacer políticas “para” los jóvenes. Educación para ellos, empleo para ellos, programas sociales para ellos. El cambio contemporáneo consiste en algo aparentemente pequeño, pero profundamente democrático: hacer políticas “con” los jóvenes.
La propia Declaración de Lisboa ya sostenía en 1998 que las personas jóvenes debían participar activamente en la formulación, implementación y evaluación de las políticas, programas y planes nacionales y locales que les afectan.
En 2015 se produjo otro paso significativo. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Resolución 2250 sobre Juventud, Paz y Seguridad. Los jóvenes dejaron de aparecer únicamente como víctimas potenciales de la violencia o beneficiarios de programas gubernamentales: fueron reconocidos también como actores indispensables en la prevención de conflictos y construcción de paz.
Podríamos resumir esta transformación en tres etapas: de beneficiarios de políticas públicas, a titulares de derechos; y de titulares de derechos, a actores de la vida pública.
Y aquí la conmemoración del próximo 12 de agosto adquiere una dimensión mucho mayor. Cambio climático, inteligencia artificial, vivienda, empleo precario, salud mental, educación, seguridad, deuda pública y sistemas de pensiones son decisiones que adoptamos hoy, pero cuyos efectos acompañarán durante décadas principalmente a quienes actualmente son jóvenes.
Surge entonces una paradoja democrática: buena parte de las decisiones cuyos efectos se prolongarán durante cuarenta o cincuenta años son tomadas predominantemente por generaciones que no vivirán todo ese horizonte.
Quizá por eso el Día Internacional de la Juventud no debería limitarse a celebrar a los jóvenes. Debería servir también para escucharlos.
Porque una democracia no puede llamarse plenamente representativa si quienes tendrán que vivir durante más tiempo con las consecuencias de las decisiones presentes apenas participan en su construcción.
Después de todo, hablar de juventud no es solamente hablar del futuro. Es reconocer el derecho de una generación a participar, desde ahora, en las decisiones que construirán ese futuro.
carloshernandezyabogados@gmail.com