El filósofo español Gustavo Bueno señala que, en lo tocante a la democracia, existen dos aspectos fundamentales, el técnico y el ideológico.
Desde el punto de vista de la primera de estas vertientes, tenemos lo que se refiere a los instrumentos, mecanismos, instituciones y demás elementos que permiten lo que es ese sistema político llamado “democracia”, incluyendo la presencia y acción de los semidioses que integran el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral (dejamos la designación de “dioses para los ministros de la Suprema Corte, evidentemente dicho esto con el mayor sarcasmo posible).
En México nos quedamos en esta parte simple y llana de la democracia, la técnica, pero no porque no tengamos en nuestra Constitución mayor cosa, sino porque normalmente tendemos a no reflexionar más allá de lo estrictamente necesario para sobrevivir.
Me refiero a continuación a una serie de artículos constitucionales. Dice el 39 que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, añadiendo que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno; el 40 expresa esa voluntad básica, señalando que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación; por su parte el artículo 41dice que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión y por los de los Estados y la Ciudad de México, estableciendo luego las bases para la elección de dichos Poderes. Y ahí se continua con todo lo que hace a la organización electoral.
Eso es solo una parte, pues, más allá de lo estrictamente técnico, existe lo ideológico.
Al señalarse que la soberanía emana del pueblo, pero se ejerce por medio de los Poderes electos, estamos en presencia de una representación que, en realidad, no es democrática, dado que lo que el pueblo hace es transferir sus decisiones a los representantes, ya que no existen mecanismos que liguen a Diputados y Senadores con las decisiones de su electorado. Esto es, que un legislador, para aprobar o rechazar una ley, no consulta con quienes lo nombraron, el sentido de su voto; tampoco existe un régimen de responsabilidades, para el caso que su distrito o entidad federativa desaprueben su decisión.
Todo se hace, en el marco constitucional, a través de personas que son designadas para expresar “la voluntad popular” pero sin que nada garantice que así sea, pues, en realidad, los legisladores no actúan en nombre de otra cosa que de la confianza que les depositan los electores, es decir, de que les cede el pueblo la capacidad de decisión y solo confía en que lo hagan bien. Y, si lo hacen mal, mientras no se lleven dinero y hagan ricos, solo bastan las lágrimas democráticas para lamentarse, sin más, pues ni denuncia cabe por defraudar a los electores en cuanto a la voluntad soberana.
Sin embargo, nuestra Constitución refiere también el aspecto ideológico, pero escondido, oculto en la maraña del artículo 3 de la Constitución.
Dice este precepto, regulador de la educación, que la misma será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
Así, la democracia no solo es el cómo, el cuándo, el dónde y el quien deben ser electos como representantes de la soberanía popular, sino también el qué, el por qué y el para qué los elegimos.
Las leyes y los actos de gobierno, si no tienden a ese mejoramiento enunciado, podrán emanar de órganos perfecta y legalmente electos, pero no serán democráticos.
Mientras veamos solo la parte técnica, pero no la ideológica, nuestra democracia es solo media democracia.