Durante buena parte de las últimas cuatro décadas, América Latina pareció avanzar hacia una certeza política que durante generaciones resultó impensable: la consolidación democrática como destino irreversible. Después de largos periodos marcados por dictaduras militares, autoritarismos, hegemonías partidistas y profundas crisis institucionales, la región construyó lentamente un entramado político sustentado en elecciones periódicas, pluralismo electoral, expansión de derechos fundamentales y el surgimiento de instituciones diseñadas precisamente para limitar el ejercicio del poder.
Sin embargo, en el actual momento histórico conviene formular una pregunta profundamente incómoda: ¿qué ocurre cuando las democracias sobreviven formalmente, a medias institucionalmente, pero comienzan a perder la confianza de sus propios ciudadanos?
Ese parece ser el signo político dominante de nuestra época.
Hoy, América Latina enfrenta una paradoja inquietante. Nunca tantos ciudadanos habían vivido bajo gobiernos elegidos democráticamente, pero tampoco había existido un nivel tan profundo de decepción social frente a los resultados que esos sistemas producen. La promesa democrática de bienestar, igualdad, seguridad y movilidad social parece haberse debilitado frente a una realidad marcada por violencia persistente, desigualdad estructural, crisis económicas recurrentes y una creciente percepción de distancia entre ciudadanía e instituciones públicas.
Y es que cuando la democracia deja de resolver problemas concretos, inevitablemente comienza a erosionarse su legitimidad.
Y es precisamente en ese momento donde emerge una narrativa particularmente peligrosa: la idea de que las instituciones democráticas, lejos de ser garantías de libertad, representan obstáculos que ralentizan la eficacia gubernamental. Pensar que cuando la democracia no produce resultados visibles, la eficacia importa más que las libertades.
La región empieza entonces a normalizar una lógica que históricamente debería alarmarnos y que describo en varios puntos:
Gobiernos democráticamente electos que comienzan a mirar con desconfianza cualquier mecanismo de control institucional.
Congresos convertidos progresivamente en extensiones del poder ejecutivo.
Poderes judiciales sometidos a crecientes tensiones políticas.
Órganos constitucionales autónomos debilitados bajo discursos que presentan la autonomía institucional como privilegio burocrático antes que como garantía democrática.
Una ciudadanía cada vez más polarizada que comienza a interpretar cualquier contrapeso institucional no como un mecanismo legítimo de equilibrio republicano, sino como una forma de obstaculizar la voluntad popular.
El problema central no radica exclusivamente en el desplazamiento ideológico que observamos actualmente en distintos países de la región, donde gobiernos progresistas, conservadores o nacionalistas alternan con rapidez creciente. Recién lo observamos en Colombia.
La preocupación más profunda es otra. Estamos observando una transformación cultural en la relación entre ciudadanía y democracia. Cada vez más sectores sociales parecen dispuestos a aceptar la concentración de poder siempre que ésta produzca resultados visibles e inmediatos.
El enorme respaldo regional hacia figuras como Nayib Bukele ha puesto en evidencia una tendencia particularmente significativa: millones de ciudadanos comienzan a considerar que limitar instituciones, debilitar contrapesos o reducir libertades puede ser un costo políticamente aceptable cuando el Estado ofrece soluciones rápidas frente a problemas urgentes.
Pero asumir que este fenómeno pertenece únicamente a El Salvador sería profundamente equivocado. El debate atraviesa hoy prácticamente toda América Latina. Y resulta imposible no observar este fenómeno dentro del contexto político de México. La consolidación política de MORENA como fuerza dominante del sistema político mexicano coloca sobre la mesa una pregunta fundamental para toda democracia contemporánea: ¿puede una mayoría electoral suficientemente amplia justificar una redefinición profunda del equilibrio institucional del Estado?
La respuesta democrática debería ser clara. No. Precisamente porque toda democracia auténtica exige aceptar una premisa fundamental: ningún poder, incluso cuando surge legítimamente del respaldo ciudadano, debe ejercer autoridad sin límites efectivos.
La historia latinoamericana ofrece suficientes lecciones para
entenderlo.
Las amenazas contemporáneas contra la democracia ya no suelen presentarse bajo la vieja imagen de militares tomando el poder mediante golpes de Estado. Hoy el deterioro democrático suele llegar acompañado de reformas legales constitucionalmente válidas, mayorías legislativas aplastantes, campañas permanentes de polarización digital, desinformación masiva e incluso nuevas herramientas tecnológicas capaces de moldear emociones colectivas con una eficacia inédita en la historia política.
Quizá ése sea el gran desafío de nuestra generación. No defender únicamente el derecho a votar. Sino defender algo mucho más complejo y mucho más frágil: la convicción de que incluso los gobiernos legítimos deben aceptar límites institucionales.
Porque cuando una sociedad comienza a creer que el poder sin controles puede ser más deseable que una democracia imperfecta, el autoritarismo deja de percibirse como amenaza; y comienza a presentarse como solución.
América Latina conoce demasiado bien las consecuencias históricas de ese camino.
Por eso, el verdadero debate político de nuestro tiempo ya no consiste en elegir entre izquierda o derecha. Consiste en decidir cuánto estamos dispuestos a sacrificar de nuestra democracia a cambio de la siempre seductora promesa del orden, la eficacia y el poder
sin límites.
Estas reflexiones continuarán… Juzgue Usted.
Ana Cristina García Nales
Maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas
anacristinales@gmail.com