Hace unos días comentábamos que, durante el 62.º período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la salud mental dejó de ocupar un lugar exclusivamente sanitario para convertirse en un asunto de derechos humanos. El cambio de paradigma es profundo: ya no basta con preguntarnos cómo tratar una enfermedad, sino cómo construir sociedades donde las personas puedan vivir con dignidad, autonomía y bienestar.
Sin embargo, aquella discusión internacional deja abierta una pregunta aún más provocadora: ¿puede enfermar una democracia?
A primera vista, la interrogante parece extraña. Después de todo, las democracias no tienen cuerpo ni cerebro. Se organizan mediante constituciones, leyes, instituciones y elecciones. Pero basta observar con atención para advertir que toda democracia depende, en realidad, de algo mucho más frágil: el estado emocional de quienes la integran.
La democracia necesita ciudadanos capaces de confiar. Necesita personas dispuestas a dialogar con quien piensa distinto, a participar en los asuntos públicos, a involucrarse en organizaciones sociales, a exigir cuentas al poder y a creer que su participación puede producir cambios. Cuando esas condiciones desaparecen, las instituciones pueden seguir funcionando formalmente, pero el espíritu democrático comienza a deteriorarse.
Hoy sabemos que la salud mental no depende únicamente de factores biológicos. La violencia cotidiana, la incertidumbre económica, la discriminación, la pobreza, el desempleo y la exclusión social también dejan huellas profundas en las personas. No es casualidad que Naciones Unidas insista en llamar a estos fenómenos “determinantes sociales” de la salud mental. Lo que ocurre fuera de la consulta médica termina ocurriendo también dentro de cada individuo.
Si esto es cierto, vale la pena plantear una segunda pregunta: ¿qué sucede con una democracia cuando millones de personas viven bajo el peso permanente del miedo, la ansiedad o el agotamiento?
No se trata de afirmar que exista una relación mecánica entre salud mental y democracia. Tampoco de reducir los problemas políticos a explicaciones psicológicas. Se trata, más bien, de reconocer que una ciudadanía exhausta difícilmente podrá ejercer plenamente sus derechos. Quien vive consumido por la incertidumbre cotidiana tiene menos tiempo para deliberar, organizarse, participar o exigir responsabilidades a sus gobernantes. La supervivencia termina desplazando a la participación.
Quizá por eso el nuevo paradigma impulsado desde Naciones Unidas resulta tan relevante. Al colocar la dignidad humana en el centro, también nos recuerda que las políticas públicas de salud mental no sólo buscan aliviar el sufrimiento individual. Contribuyen, además, a fortalecer el tejido social, reconstruir la confianza y favorecer la convivencia democrática.
Durante siglos pensamos que la fortaleza de una democracia dependía de la calidad de sus leyes, de la independencia de sus jueces o de la limpieza de sus elecciones. Todo ello sigue siendo indispensable. Pero el siglo XXI parece invitarnos a incorporar una condición adicional: el bienestar de las personas que sostienen esas instituciones.
Porque quizá la pregunta ya no sea únicamente cómo proteger la salud mental de cada individuo, sino qué clase de democracia estamos construyendo cuando una parte importante de la sociedad vive marcada por el miedo, la desesperanza o la incertidumbre. Tal vez la salud de una democracia también pueda medirse por la capacidad de sus ciudadanos para vivir con dignidad, confiar unos en otros y mirar el futuro con esperanza.
Las y los espero el próximo viernes.
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