El desbarajuste legislativo, jurídico y político provocado por la llamada Ley Gobernadora dejó varios damnificados y algunas lecciones de interés general. También, desnudó un par de nuestros mitos políticos más promovidos en los últimos años.
Sin duda el descalabro más doloroso es el del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. El órgano electoral que varios lustros fue orgullo de nuestro civismo. Su condición de primer organismo de esa naturaleza plenamente ciudadanizado a nivel nacional, lo dotó desde su fundación de prestigio y un aura de respetabilidad. Ciertamente, hace ya tiempo que empezó su deterioro, pero esta vez tocó fondo.
Ningún potosino medianamente informado negará que en el asunto de la también llamada Ley Esposa el Ceepac jugó un deplorable papel de amanuense. Se dejó utilizar como la mano del gato para sacar las castañas del fuego, ahorrándole al Ejecutivo estatal quedar en evidencia como el verdadero causante del desaguisado. Y para peor, el vasallaje aceptado no tuvo la recompensa presupuestal que al parecer fue ofrecida.
En su defensa, el Consejo manifestó que su iniciativa de modificaciones para obligar a que en el 2027 todas las candidaturas a gobernador(a) fueran entregadas a mujeres, fue producto de un trabajo de análisis y reflexión de más de un año. Si eso es cierto y estando en proceso de elaboración un proyecto de reformas en la misma materia a nivel federal, qué daño les causaba esperar dos o tres meses más a que se conociera su contenido y así evitar una colisión legislativa y una derrota política.
Aunque todavía no se conoce el texto final del proyecto de reformas federales, desde hace tiempo se menciona como una de sus propuestas la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), nombre genérico que incluye al Ceepac, una de las razones que han trascendido para apuntalar esa intención es que se han convertido en sirvientes de los gobernadores. Nuestro OPLE ha venido a dar constancia de ello.
Decir que otro de los lesionados dejados por este affair es el Congreso del Estado, carece de sentido. Hace ya mucho tiempo que a nuestro Poder Legislativo no le queda ningún prestigio o siquiera decoro que cuidar. Pero hay una vertiente en este caso que me parece interesante. Antes de continuar, debo decir que no ignoro que hubo ocho diputados que se negaron a la consigna.
La vertiente a la que me refiero es que de algún modo el tema de la Ley Gobernadora puso en claro que se acercan los tiempos electorales y los partidos de oposición no consiguen mantener ni la cohesión ni la congruencia ni la disciplina interna. Y si así van a llegar a los momentos decisorios de candidaturas, alianzas y demás, van a padecer nuevas escisiones.
El caso más visible es el del PAN. Dos de sus legisladores, incluido el coordinador de la fracción, votaron en contra, y sus dos compañeras lo hicieron a favor. Su frágil argumento es que no podían defraudar a su género y exponerse a que si más adelante tuvieran necesidad de solicitar el voto popular, sufrieran el castigo de las votantes femeninas. Ese encuadre no tiene ningún sustento. De tenerlo, resultaría que Morena, con dos diputadas mujeres en su fracción, las estaría condenando al ostracismo. De esto hablaremos nuevamente más adelante.
El otro comportamiento difícil de entender es el de Marco Gama, en su doble condición de diputado y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, partido que justo de unos pocos meses para acá, a nivel nacional, se ha visto más cercano a Morena que al Verde o al PT. Extraño, porque Gama ya lleva 30 años en el oficio y ni modo que todavía no le entienda.
LAS FAMOSAS NARRATIVAS
Desde un primer momento el gallardismo hizo evidente que uno de los pilares en los que se sostendría su proyecto de Ley Gobernadora sería el de la equidad de género, con su llamativa envoltura de reivindicación histórica: era la única manera de que por primera vez en sus 200 años de historia nuestro estado tuviera a una mujer en la gubernatura, gritaban. El complemento de refuerzo, pronunciado varias veces por el propio Gallardo Cardona, era que quienes no respaldaran esa iniciativa serían severamente castigados en las urnas por el mayoritario voto femenil.
No hay constancia técnica o científica alguna que corrobore que las mujeres votan mayoritariamente por mujeres. Pero, en todo caso, qué castigo va a recibir el gallardismo en el 2027 por haber sido quien vetó tan justiciera y visionaria ley. La verdad parece estar más cerca de esa extendida opinión popular de que cuando de avanzar se trata, las mujeres no tienen peores enemigas que otras mujeres.
El fracaso de la narrativa feminista es más que evidente si nos enfocamos en el hecho de que ley de marras fue vetada y nadie rompió en llanto. Nadie organizó marchas o manifestaciones en demanda de su aprobación. Al 52 por ciento del padrón electoral, más de un millón de potosinas en edad de votar, les valió un pepino la suspensión de la históricamente justiciera y muy equitativa ley.
Es decir, la narrativa gallardista fracasó. Nadie compró el cuento de que o se aprobaba la Ley Gobernadora o el apocalipsis feminista se haría presente.
Algo similar ha ocurrido ya con otra de las narrativas gallardistas: la de que la frustrada ley fue una mala ocurrencia del Ceepac y del Congreso, que estaba perturbando delicadas negociaciones de alto nivel, pero que afortunadamente el gobernador Gallardo Cardona tiene hechuras de estadista y salvó a la República del desastre. Otro cuento chino que nadie se ha tragado. Algunos han fingido hacerlo porque viven del erario Verde y no quieren quedarse sin ingresos.
Por último, en este apartado de algunas lecciones de interés general dejadas por el caso de la Ley Gobernadora, identificamos otra que no es la primera vez que se presenta pero quizá sea la primera que se asume. Me refiero a los límites del poder en manos del gobernador del estado, sea quien sea y llámese como se llame.
Más de una vez hemos dicho en este mismo espacio que en buena medida los no pocos descalabros jurídico-políticos que ha sufrido Gallardo Cardona, con sus inevitables costos políticos, son resultado de que nunca ha sido capaz de entender que su poder tiene límites. Sea por una llamada de las alturas, por extrañamiento de los auténticos dueños del PVEM, por atender un consejo sabio o por profunda introspección personal, el caso es que, una vez más, se le apareció el espíritu malvado que seguido viene a decirle “aplácate, no todo lo puedes”.
Hablemos ahora de los mitos geniales del gallardismo. En estos días y por obvia razones surgió uno que ya hemos mencionado: que el Ceepac y el Congreso tienen iniciativa propia, que se manejan según su libre albedrío y que por eso, entre otras cosas, se alcanzaron la puntada de proponer y aprobar la multicitada ley dizque feminista que colapsó en las primeras de cambio.
Pero hay otro, también producto de esta temática, que llama mucho la atención. Podríamos decir que se desplomó el mito de que Ricardo Gallardo Cardona y Lupe son uña y carne, que se complementan a la perfección, que piensan igual y que saben lo mismo.
A principios del mes, un abogado litigante decidió impugnar la nueva ley ante el Tribunal Electoral del Estado, un par de días después, Lupe declaró a los medios que el recurso no tenía futuro, que la ley estaba muy sólida y que estaba seguro de que no tendría ningún tropiezo en las instancias jurisdiccionales. Al día siguiente, su jefe, el gobernador salió a anunciar que vetaría el decreto correspondiente, entre otras cosas porque contenía “serias dudas de inconstitucionalidad” y podía vulnerar derechos de terceros.
Así que digamos ¡ah que comunicación tan estrecha se traen Gallardo y Lupe, pues nomás no!
Hay otro mito político que en su momento los hechos lo van a triturar. Me refiero al de la invencibilidad del gallardismo verde en nuestro estado. Cada vez hay más señales de inconformidades soterradas en la mayoría de los municipios potosinos. De mi se acuerdan.
Y mientras tanto, doña Ruth de bajo, muy bajo perfil.
COMPRIMIDOS
Por lo visto, no va a estar nada fácil la negociación del presupuesto de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para este año. La SEP, que pone el 84 por ciento del total, ya pintó su raya y comunicó que no puede ofrecer más que un escuálido incremento del 1.76 por ciento, que no cubre ni el aumento de la inflación que cerró el 2025 en casi un cuatro por ciento. Pero eso no es todo: la SEP quiere que el nuevo convenio donde se establecen los compromisos federales y estatales deje de ser anual y se firme ahora uno por cinco años, cuya vigencia concluiría en el 2030, al término del sexenio de la presidenta Sheinbaum. Lo peor viene luego: la SEP reconoce que las instituciones de educación superior requieren más recursos para solventar sus compromisos, pero propone que los aporten los gobiernos estatales. Quién sabe en otras latitudes, pero aquí no se ve nada fácil.
En el fondo, queda claro que el gobierno federal está aprovechando la coyuntura para avanzar en su propósito de que las universidades públicas reciban sus subsidios al 50 por ciento de la federación y el 50 por ciento los gobiernos estatales. Ese balance solamente lo presentan nueve de las 35 instituciones públicas de educación superior que existen en las entidades federativas. En nuestro caso, para llegar a esa meta el gobierno gallardista debería triplicar su aportación del año pasado, que ascendió a 506 millones de pesos y que representó el 16 por ciento del total. El tema va a estar muy complicado y con muchas posibilidades de desbarrancarse.
Desde su inauguración en 1966 el gran estadio de la Ciudad de México construido por Televisa se llamó Azteca. En 1997, a la muerte de Guillermo Cañedo, antiguo socio y amigo de la familia Azcárraga, se le impuso su nombre al también llamado Coloso de Santa Ursula. La afición nunca lo hizo propio y tan solo un año después volvió a su denominación original. Mucho me temo que lo mismo va a pasar con el Alfonso Lastras Ramírez, aunque en su caso por tratarse de una operación comercial y no afectiva, habrá que ver qué dice el contrato.
A estas alturas del calendario ya nada debería sorprendernos, pero aún así no deja de llamar la atención el desparpajo con que la administración gallardista evade el cumplimiento de la ley, en este caso la de Obras Públicas del Estado, y se pertrecha tras una muralla de opacidad y marrullerías burocráticas. Ya llevan dos semanas las obras de rehabilitación de las laterales de la carretera 57 y ni señas de la convocatoria a licitación que la ley ordena. Son 250 millones de pesos que sabrá Dios a quién se le van a contratar. Alguna empresa chiapaneca o tabasqueña.
Hasta el próximo jueves.