Jorge Chessal Palau
@jchessal
Sin duda hoy es un día importante en la historia de nuestro país- La Suprema Corte de Justicia de la Nación discute dos proyectos de sentencia, uno de ellos en vía de acción de inconstitucionalidad, relacionados con el arraigo y la prisión preventiva oficiosa.
El tema no es un asunto menor ya que, entre otras cosas, la Corte tendrá que decidir si el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puede ser inaplicado en la forma cómo se encuentra redactado, para permitir que los jueces de control determinen la prisión preventiva justificada en todos los casos que resulte necesario y no se deba recurrir a un catálogo ciego preestablecido, en el cual, sin importar las circunstancias de hecho y solo por la naturaleza del delito, el inculpado queda privado de su libertad mientras se le procesa, en una clara violación al principio de presunción de inocencia.
El viernes de la semana pasada la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió el testimonio experto presentado por las partes en el Caso García Rodríguez y Reyes Alpízar vs México, que versa justamente sobre estás temáticas de prisión preventiva y arraigo. Ni que decir que los argumentos de José Ramón Cossío, como experto por parte de los afectados fueron contundente, en tanto que Arturo Bárcenas, experto presentado por México, en buena medida favoreció a la parte demandante con algunas de sus expresiones.
Inicialmente se había señalado que la discusión en la Corte mexicana sería el jueves 25 de agosto pero, finalmente, se decidió trasladar el debate a este lunes, una vez que se había dado a conocer un comunicado de la Secretaría de Gobernación y de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal en el que, palabras más palabras menos, señalaron que sin la prisión preventiva oficiosa su estrategia de combate a la delincuencia era un rotundo fracaso.
El régimen actual que gobierna México prefiere defender la privación de libertad “por si acaso”, por encima de los derechos humanos, de manera abierta y cínica.
La prisión preventiva solo es una medida cautelar y de ninguna manera significa una solución a un problema sino que, por el contrario, solo se trata de un mecanismo temporal para asegurar la efectividad del sistema de justicia, en los casos en que no haya otra forma menos gravosa de hacerlo. El debate es sobre si esta restricción a la libertad debe dictarse solo cuando las circunstancias lo ameriten y no tan solo por la etiqueta que impone la fiscalía cuando judicializa una carpeta de investigación.
Dice el oficialismo qué no se puede dejar en los jueces el decidir sobre la prisión preventiva como medida precautoria en el proceso. Entonces, ¿tampoco debemos de confiar en los jueces para que dicten sentencias de fondo? ¿Debemos creer en los fieles lacayos políticos del presidente, para que sean ellos los que decidan qué es justo y que no lo es?
La Barra Mexicana Colegio de Abogados dio a conocer un comunicado en el que señala sustancialmente: “La prisión preventiva oficiosa está vigente en contradicción con las normas internacionales de Derechos Humanos que forman parte del ordenamiento jurídico mexicano, particularmente el derecho a no ser sujeto a detención o encarcelamiento arbitrarios (artículo 7.3 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos); lo que también afecta a la presunción de inocencia reconocida constitucional y convencionalmente”. Más claro, ni el agua.
Lo que decida la Suprema Corte tiene dos grandes vertientes: por un lado resolver el fondo de este asunto y, por el otro, demostrar finalmente si van a escuchar el mandato dirigido por la presidencia de México o, por el contrario actuarán con Independencia y honra a su encargo.
De los once ministros que tienen en sus manos la decisión final, seis me parecen confiables; dos (González Alcántara y Ríos Farjat) que son de pronóstico reservado, pues luego dan bandazos entre la rectitud y el agradecimiento a quien los propuso al cargo; hay dos ministras, las ministras consortes (esposas de grandes amigos de López en mañanero) que han demostrado consistentemente su docilidad y clara tendencia a hacer de sus togas alfombra para los deseos presidenciales, por lo que en esta ocasión no creo que sea la excepción a su evidente sumisión.
Queda el caso de Zaldívar, crítico acre de la prisión preventiva oficiosa. ¿Podrá más el chasquido del látigo gubernamental que la oportunidad de reivindicar en alguna medida su tan maltrecho y casi nulo prestigio?