Mucho tiempo ha pasado, desde, la huelga de las camiseras, pasando por su trágico evento en 1911, donde 123 de ellas murieron incineradas al no poder abandonar la fábrica envuelta en llamas, toda vez, que sus patrones habían cerrado las puertas para prevenir los robos de lo producido. No obstante, su ejemplo de lucha por la reivindicación de sus derechos trascendió en el tiempo, hasta que, en 1975 Naciones Unidas declaró el 8 de marzo como el día internacional de la mujer.
Empero, siempre que llega la conmemoración está en el aire la misma pregunta, ¿Qué tanto su condición fáctica y jurídica ha cambiado? Sobre todo en la región latinoamericana, donde los modelos patriarcales siguen fuertemente arraigados, así, por ejemplo, México fue merecedor de un reproche internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el llamado Caso Algodonero o Muertas de Juárez (2009), en donde se le sentenció por haber constatado que las investigaciones criminales estaban impregnadas de prejuicios y estereotipos de género, ósea, los jueces y ministerios públicos no hacían bien su trabajo, por fuertes barreras culturales.
Las mexicanas se enfrentan diariamente a una sociedad androcéntrica que las discrimina y violenta reiteradamente, como son los espacios laborales ocupados mayoritariamente por hombres, relegadas a realizar funciones estereotipadas, tales, de secretaria por su condición de género, también, desigualdad salarial a pesar de realizar las mismas funciones que los varones, son vedadas de puestos directivos, veamos por ejemplo, en el gobierno de S.L.P, ni la mitad siquiera de las secretarías de despacho las ocupan mujeres.
Como todos sabemos, nuestro país está impregnado en un clima de violencia, sin embargo, esta se recrudece cuando de grupos vulnerables se trata, porque se encuentra invisibilizada, los muros de los hogares se vuelven infranqueables para el auxilio o protección, es por ello, que dos de cada tres episodios de violencia de género ocurren en este espacio privado. Pero, las agresiones en espacios públicos van en aumento, hoy ocupan el 44%.
Ayer Olga Sánchez Cordero, decía que como parte de su programa, estaba la vigilancia al trasporte público concesionado, la supervisión de escuelas, y más sanciones a servidores públicos. Mención muy particular merece el programa llamado alerta de género, que también se prepara a una gran reforma estructural, decía la Secretaria de Gobernación.
A diferencia de los programas, como, el de instancias infantiles o el de refugio para mujeres violentadas, en el de alerta de género existe mayor visibilidad pública en cuanto a sus magros resultados y desviaciones operativas y sesgamientos de corrupción, ha sido visto por los gobernadores sólo como una forma de “bajar” recursos, con poca transparencia en el gasto público y con mucha incongruencia en su implementación; mucho del dinero se irá en capacitaciones con criterios poco claros sobre las personas seleccionadas, estudios no justificados en su relevancia, encargados a instituciones educativas, aún de conacyt, o de plano dados a organizaciones de la sociedad civil emergentes o que parecieran constituidas exprofeso.
En San Luis, por ejemplo, hace alrededor de dos años se implementó alerta de género, y la cifra de agresiones mortales en 2018 subió 9%, contabilizándose 53 asesinatos, entre ellos, los ocurridos en el municipio de Rioverde, derivados de la negligencia de los ministerios públicos, pensábamos, que después de la pifia de los fiscales en el caso de Tamuín no volvería a ocurrir. Todo este tipo de errores de los servidores públicos generan presión social, que pueden llevar a investigaciones forzadas que violenten derechos humanos, como la presunción de inocencia, basta con ver el linchamiento popular hacia una persona acusada de violación, hace unos días.
Es obvio que no existe una política integral de género en nuestro país, ahora, le toca el turno al Presidente Obrador, no obstante, la cancelación de los programas de estancias infantiles y refugios para mujeres violentadas es un desacierto, aún, a pesar que, ciertamente, muchas organizaciones de la sociedad civil se han movido corruptamente, muchas han sido creadas exprofeso para que mover dinero público, como se dice en el argot son mercenarios de los derechos humanos, sin embargo, existían otras alternativas para corregir estos abusos, como una profesional fiscalización de beneficiarios e intermediarios, antes que la cancelación, porque no es igual, ni para lo mismo, entregar el dinero en propia mano para los usuarios.
Siempre he dicho, que en materia de derechos humanos lo primero que hay que tener es voluntad, hay muchas obligaciones y deberes que el Estado puede cumplir si erogar peso público alguno, que les parece, que Erika Gutiérrez (Inmujeres S.L.P) o Julieta Méndez (Centro de Justicia para las Mujeres) condenaran practicas esteriotipantes como el concurso de belleza de la Fenapo San Luis, cuyos requisitos son irrazonables, como, no haberse casado, no tener hijos, ser mujer de nacimiento, la estatura, etc. pero nunca han dicho nada. El triunfo cinematográfico internacional de Yalitza Aparicio, sin duda, viene a revitalizar el día conmemorativo por la lucha de los derechos y reivindicaciones de las mujeres en México ¿no lo cree usted?
Las y los espero con el gusto de siempre, el próximo viernes.
carloshernandezyabogados@hotmail.com