De acuerdo con el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación, emitido el pasado 19 de enero, durante cinco años consecutivos se han desviado recursos públicos para desarrollo social, por un monto de 4 millones 749 mil 715.3 pesos entre 2012 a 2015, más 2 millones 130 mil 986.6 pesos en 2016. Esto significa que, desde el inicio del presente gobierno, hay al menos 6 mil 880 millones 701 mil 900 pesos que no sabemos dónde están.
Es importante resaltar que se trataba de fondos para desarrollo social, por lo que este tipo de corrupción es, además, una infamia. Baste recordar que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social reveló que el porcentaje de personas que no pueden adquirir la canasta básica alimentaria en México, pasó de 40 a 41% entre 2016 y 2017. Esto significa que 50 millones 880 mil mexicanos viven en pobreza salarial y que, aún si hicieran uso de todo el ingreso laboral disponible en el hogar, no podrían adquirir los bienes de la canasta alimentaria. Pero mientras el año pasado un millón 821 mil personas más no ganaron lo suficiente para alimentar a sus familias, el gobierno federal tuvo otras prioridades.
¿Cómo dimensionar el desfalco? Sólo como ejercicio, qué se podría haber hecho con ese dinero en materia, por ejemplo, de seguridad. Hagamos cuentas. Este dinero equivale:
A 98% del presupuesto de Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública de este año, destinado al desarrollo de las 32 policías estatales. Al salario promedio anual de 659 mil 450 policías (si los tuviéramos).
Al dinero necesario para que las 14 entidades con salarios más bajos, pagaran a sus policías el salario promedio nacional durante estos 4 años; o bien, para que 24 entidades pagaran a todos sus elementos 14 mil pesos, 40% más que el salario promedio nacional.
La capacitación y evaluación de 573 mil 392 elementos (a un costo promedio de 12 mil pesos).
25 veces más de lo que se invirtió en capacitación de policías para operar el nuevo sistema de justicia penal (271.3 millones de pesos).
Mientras no terminemos de construir un auténtico Sistema Nacional Anticorrupción, con magistrados y fiscales incluidos; mientras no pasemos del recuento de nuestras desgracias, a las acciones para remediarlas. Entretanto, nuestro país seguirá definiéndose por su pobreza, su violencia, su corrupción y su impunidad.
(Presidenta de Causa en Común)