A las 10:30 horas de este viernes conocimos la suspensión de la inspección judicial prevista para las 14:00 horas en Dinoasis Aqua Park. Tres horas y media antes, de último momento, se frenó una diligencia ordenada por el Juzgado Primero de Distrito dentro del amparo 203/2026.
Digámoslo con precisión: la inspección no fue desechada, declarada ilegal ni considerada innecesaria. La prueba sigue admitida. Se pospuso mientras un Tribunal Colegiado resuelve las quejas promovidas por autoridades del Gobierno del Estado contra el acuerdo que permitió realizarla. El gobierno no demostró que todo esté en orden; únicamente consiguió que, por ahora, nadie con fe pública entrara a comprobarlo.
¿Y qué se pretendía hacer? Nada extraordinario. Un actuario federal acudiría al Parque Tangamanga I para observar y dejar constancia de las instalaciones, obras, áreas con remoción, tala o trasplante de arbolado y vegetación, infraestructura para el aprovechamiento de agua, descargas de aguas residuales, la PTAR prometida públicamente y el estado general del entorno.
Un actuario no lleva pancartas, motosierras ni consignas. Lleva fe pública. No iba a clausurar, sancionar o demoler; iba a mirar y escribir lo que encontrara. Sin embargo, para la administración de Ricardo Gallardo esa mirada resultó suficientemente incómoda como para movilizar abogados, oficinas jurídicas y recursos procesales.
Combatieron la inspección dependencias del propio Gobierno del Estado: la Secretaría General de Gobierno, su Consejería Jurídica, los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental y la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, y mucha gente buena que ya está en el lado oscuro perjudicando la ecología y a los potosinos, aun cuando aquí viven con sus familias. Las instituciones encargadas de administrar el parque, proteger el ambiente y vigilar las obras actuaron coordinadamente, no para facilitar la rendición de cuentas, sino para impedir la diligencia en la fecha señalada.
Dirán que ejercieron un derecho procesal. Es cierto. Pero una actuación puede ser jurídicamente posible y políticamente reveladora. Cuando un gobierno que asegura no ocultar nada combate una prueba destinada únicamente a constatar la realidad, la pregunta es inevitable: ¿qué le preocupa que vea el Poder Judicial de la Federación?
Si no hubo afectación al arbolado, que se constate. Si el agua se aprovecha legalmente, que se compruebe. Si no existen descargas indebidas, que se documente. Si las obras respetan sus autorizaciones, que se abran las puertas. Un gobierno transparente habría recibido la inspección para despejar dudas. El de Ricardo Gallardo prefirió combatirla.
La resolución que suspendió la diligencia también merece escrutinio. El artículo 143 de la Ley de Amparo reconoce la inspección judicial como una de las pocas pruebas admisibles en el incidente de suspensión. El artículo 102, aunque permite detener el procedimiento ante ciertas quejas, exceptúa expresamente dicho incidente. Pese a ello, el acuerdo no explica suficientemente esa tensión ni pondera el riesgo de que cambien las condiciones físicas del lugar.
En materia ambiental, retrasar una inspección no es neutral. Una obra puede terminarse, una tubería desconectarse, un terreno cubrirse y la vegetación removida desaparecer. La justicia tardía puede encontrar un escenario distinto del que debía documentar. Por eso la diligencia era urgente y su suspensión beneficia a quien controla materialmente el lugar.
Ricardo Gallardo y su administración confunden transparencia con propaganda. Transparencia no es difundir videos, sino permitir verificaciones independientes. Rendición de cuentas no es repetir que todo está bien, sino abrir expedientes, puertas y obras al escrutinio. El Parque Tangamanga I no es el patio privado del gobernador ni un escenario para proyectos opacos: es patrimonio público y su defensa es de interés colectivo.
Las quejas podrán retrasar la diligencia, pero no responderán las preguntas. No restauran árboles, no limpian agua, no sustituyen permisos ni convierten la opacidad en legalidad. Tampoco borran el hecho político esencial: frente a la posibilidad de que la justicia federal mirara directamente Dinoasis, el Gobierno del Estado eligió cerrar el paso.
Insistiremos hasta que se fije una nueva fecha. Mirar no es agredir; documentar no es perseguir; exigir cuentas no es sabotear. En democracia, quien administra lo público debe explicar, mostrar y soportar el escrutinio. Quien le teme a una inspección quizá no le teme al procedimiento, sino a lo que éste pueda encontrar.
Delírium trémens.- En Dinoasis, los dinosaurios son decorativos; lo verdaderamente prehistórico es un gobierno que todavía cree que puede administrar un parque público en la oscuridad. A Ricardo Gallardo no lo inquietó una multitud, sino algo mucho más peligroso para el poder opaco: un actuario con fe pública, ojos abiertos y una libreta. Cuando un gobierno teme que alguien mire, cada puerta que cierra se convierte en otra pregunta que deberá responder.
@luisglozano