Si algo ha caracterizado el actuar de no pocos diputados del congreso potosino, desde hace ya varias legislaturas, es la carencia de un mínimo de razonabilidad para cumplir, responsablemente, con el ejercicio de sus (en)cargos públicos. Así, hemos visto desfilar a personajes cuyo comportamiento ha sido de lo más variado, rayando entre lo grotesco y lo atrabiliario, pero advirtiendo, como telón de fondo, el procurar siempre llevar agua a sus muy particulares molinos. Por eso, con independencia de la motivación legal que subyace a la instauración de un juicio político al alcalde capitalino Xavier Nava, vía el congreso potosino, es evidente que hay que precaverse de un eventual movimiento político inscrito en el juego sucesorio gubernamental de 2021.
Ese movimiento político se avizora, de entrada, como una suerte de “fuego amigo”, esto es, un golpeteo perpetrado por sectores del PAN que no aceptan una posible candidatura de Nava a la gubernatura por ese partido. No porque se trate de un servidor público instalado en el poder por el PAN, van los panistas a tolerar que haga lo que le venga en gana, dicen conspicuos diputados panistas (aspirantes, por lo demás, a candidatos al gobierno estatal) olvidando que son representantes populares de la ciudadanía potosina y, por tanto, deberían ir más allá de los intereses inmediatos partidistas. Sin embargo, la ocasión se les pintó calva y parece que no podían desaprovechar el momento para cuestionar a Nava, asumiendo que “¿entre menos burros más olotes?”.
Así las cosas, una figura que bien pudiera servir para ajustar las tuercas del servicio público se “desnaturaliza” y se convierte en instrumento de presión política entre grupos partidistas que ya se frotan las manos al calor de la sucesión gubernamental. Los juicios políticos generalmente no prosperan, precisamente por esa carga de interés faccioso de legisladores que aprovechan el viaje y, sobre todo, porque la instancia que resuelve, finalmente, sigue estando subordinada a otro poder del Estado que, por supuesto, también hace su juego. De allí que, no pocas veces, se recurra más al juicio popular que, acaso sin vinculación legal, termine siendo más promisorio para declarar la responsabilidad histórica de quienes en el servicio público no cumplen con la encomienda de representar o gobernar adecuadamente a los ciudadanos.
El problema se vuelve, además, circular: ¿y a los diputados quien los enjuicia? Legalmente son también sujetos de juicio político, pero más allá de esa legalidad, salta la contradicción de lo autárquico que sería darse, a sí mismos, un balazo en el pie. Las experiencias no muy lejanas de ecuaciones corruptas y demás expresiones de impunidad de varios diputados que han brillado por su estridencia, nos dice claramente que no hay para dónde hacerse. Entre lo fatal y lo fragmentado, parafraseando a un clásico, lo que prevalece en esa realidad es una suerte de impunidad que permanece orbitando, como un ominoso manto del cual siempre es posible asirse para librar cualquier sobresalto.
Para terminar de ponerle sabor al caldo, ya se han pronunciado, además, actores externos al congreso local, como son grupos y cámaras empresariales exhortando a que no se contamine el enjuiciamiento político. Incluso, entre los propios diputados han surgido distintas orientaciones: unos cuestionando a los empresarios por “adelantados”, conminando a que esperen al desarrollo del procedimiento subsecuente; en tanto que, otros, advierten que ni siquiera los han tomado en cuenta esos diputados que, asumen, son en realidad los que andan “adelantados”… en la búsqueda de ser los candidatos de sus partidos al gobierno del estado. En fin, apenas amanece rumbo a la sucesión potosina del próximo año y ya se ponen las cosas “de a peso”, tan sólo en el espacio parlamentario. Falta rato, pero es el preámbulo.