La semana pasada el Estado de México fue motivo de un significativo pronunciamiento, vía sentencia de amparo, en la agenda de derechos, en particular para el grupo LGBTIQ+, al ordenársele incluir una partida especial en el presupuesto de egresos para el 2025.
Al respecto, las organizaciones involucradas han manifestado su intención por realizar mesas de trabajo, junto al gobierno de aquella entidad, y formular un presupuesto participativo y democrático; entre los ejes temáticos que consideran como prioritarios destacan: a) clínicas especializadas para la comunidad LGBTIQ+ y personas trans; b)- crímenes de odio y discriminación y, por último, c)- fortalecer la educación para crear sociedades democráticas, incluyentes y plurales.
El Estado de México se convierte así en la tercera entidad federativa en incluir anualmente una partida a este sector (en 2022 fue Guanajuato y en 2023 Yucatán). Cabe precisar que junto a la recién aprobada “Ley Paola Buenrostro” (que criminaliza los transfeminicidios) en la Ciudad de México, son dos de los grandes avances en la agenda de derechos para este sector de la sociedad.
En San Luis Potosí se suscitaron, en el 2023, dos de estos crímenes de odio, en el municipio de Tamuín, y por esta razón, el Consejo Ciudadano de la CEDH SLP condenó estos hechos y exigió una pronta investigación.
La violencia a este sector se tiende a invisibilizar, y con ello a la larga normalizar, la tolerancia es un valor que las sociedades realmente democráticas deben de procurar, es por ello, el reconocerse este tipo de avances en la agenda de derechos, como los que hoy hemos dado cuenta.
Pero también, las sociedades democráticas deben saber lanzar alertas en momentos indicados. Es el caso, que llama preocupantemente la atención, sucesos como los ocurridos en los Juegos Olímpicos celebrados en París, por el clima de transfobia desatado en la redes sociales, a raíz del enfrentamiento de box entre Imane Khelif (Argelia) y Angela Carini (Italia), donde la primera se llevó la victoria en menos de 46 segundos.
Aunque la pugilista italiana ya ha ofrecido sus disculpas reconociendo que sus declaraciones no pretendían causar la controversia suscitada (digámosle transfobia), agregando un “estaba enfadada porque los juegos olímpicos se habían esfumado”.
Desde luego, la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), presidida por el ruso Umar Kremlev, ha contribuido enormemente a la polémica al sostener que Imane Khelif y Lin Yu-ting (de Taiwán) son hombres. Pero lo cierto es que solo han sido acusaciones sin más sustento que las transfóbicas declaraciones de su dirigente, sin aportar absolutamente ninguna prueba o estudio que acredite la deslealtad deportiva.
Empero, se debe reconocer que la defensa en pro de las pugilistas del Comité Olímpico Internacional ha sido bastante tibia, e incluso desafortunada, al decir que se han basado en los pasaportes de las boxeadoras, como si un documento público no pudiera ser alterado, de ello, el deporte mexicano puede dar cátedra, solo basta con recordar el bochornoso caso de la selección olímpica de futbol, los llamados cachirules, que ameritaron le exclusión del representativo de las justas competitivas por alterar su edad de sus actas de nacimiento.
En lo personal estoy en contra de las pruebas de género a las que son sometidas competidoras en las olimpiadas, el objetivo del test es medir el nivel de testosterona; pero, aun así, como lo señaló en su entrevista, la máxima dirigente del deporte mexicano, Ana Guevara “en el caso de Imane Khelif las acreditó y por eso tiene todo el derecho a participar”.
Pero decía, con todo y superado el incidente olímpico, queda entonces la comprobación de una sociedad intolerante a la diversidad.
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