El 21 de agosto de agosto de 1898, falleció en su hacienda de la Pila el general Carlos Diez-Gutiérrez y López-Portillo, gobernador del estado desde 1876. Había nacido el 22 de mayo de 1844 en la Hacienda de la Pendencia, en la jurisdicción del Valle del Maíz; fueron sus padres Rafael Diez-Gutiérrez y Fernández Barragán y Agustina López-Portillo y Guerrero.
Creo recordar que varios historiadores –apologistas o detractores– han escrito sobre su vida, así que remito al amable lector que desee abundar en el personaje a esas obras. En realidad no sé si esto sea cierto, pero es una forma de evadir el asunto y dar a entender que no quiero abordar el tema.
Diez-Gutiérrez, luego de sumarse al plan de Tuxtepec, se apoderó de la ciudad de San Luis Potosí el 24 de diciembre de 1876, y después de breves reformas administrativas, militares, políticas, y contando con el aval del Congreso local, se apropió de la gubernatura el 18 de abril de 1877.
Salvo el periodo comprendido entre 1880 y 1884, en que fue gobernador del estado su hermano Pedro, por desempeñarse como ministro de Gobernación del presidente Manuel González; Carlos fue hasta su muerte, cónsul de la dictadura porfirista, gobernador y dueño absoluto de la política en San Luis Potosí.
Aunque las mejoras y el embellecimiento de la ciudad fueron innegables, existieron algunos sucesos que permiten entrever fuertes visos de corrupción y enriquecimiento, como aquel sospechoso empréstito de 250,000 libras esterlinas contratado con la casa londinense, Gibbs and Son.
Tan ruinosa fue esa operación que, escribió Primo Feliciano Velázquez en el tomo cuarto de su Historia, a pesar de la insistencia del público, no se le dieron a conocer jamás los documentos relativos. Si con ella se pagó la deuda flotante, que ascendía a doscientos mil pesos, el resto del millón y cuarto gravó por largos años al Estado, siendo dos únicamente las obras que dejó como recuerdo: un Monte de Piedad y un teatro.
Desplome de la minería, epidemias, hambrunas, inundaciones, levantamientos armados, y ausencia de democracia, asolaron no sólo a la capital, sino a todo el estado. Más calamidades que bonanza, fue el calificativo que otorgó el imparcial historiador a aquellos años del empoderamiento diezgutierrista.
Aparte, un suceso totalmente ajeno a los anteriores estremeció a la alta sociedad potosina, y le hizo ver su fragilidad cuando se convertía en obstáculo a los altos intereses de los gobernantes: el caso Rascón.
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Luego de ser amparado por la Justicia federal, en el manejo de una cuantiosa fortuna de la que había sido heredero y se hallaba, por la misma abundancia, en interdicción, José Antonio Rascón Altamirano apareció con una serie de lesiones que desenlazaron en su muerte el 20 de abril de 1893.
Los hechos ocurrieron luego de un viaje a la Ciudad de México, con escalas a su regreso, en San Miguel de Allende y la hacienda de La Pila, propiedad del referido gobernador, de la que fue trasladado a la Garita de México, donde fue obligado por un diputado local a firmar un testamento en el que nombraba curador de la herencia a dos prominentes funcionarios de la administración pública, y dejaba el quinto de libre disposición al gobernador del Estado.
Luego, golpeado, quemado y moribundo, se le dejó en una casa de huéspedes, de la que su esposa lo fue a retirar, para trasladarlo a su domicilio en la actual calle de Madero, entonces del Apartado, donde ocurrió su deceso.
El resultado de un primer dictamen médico ordenado por el juez 1º de lo criminal, fue realizado colegiadamente por los doctores Ignacio Gama, Gustavo y Alberto López-Hermosa, y Everardo Molina, quienes dictaminaron al margen de quemaduras y heridas superficiales, una muerte producida por lesiones que generaron meningitis cerebral. El dictamen fue ratificado por los anteriores y por, los también facultativos, Ignacio Alvarado sr, Juan Cabral Aranda, Francisco Martínez, Jesús E. Monjarás, Miguel Otero, y Manuel Silva. Los más prestigiados miembros del cuerpo médico potosino.
Vino luego la solicitud del juez para que la Legislatura desaforara al diputado, misma que lo consignó al Gran Jurado, el que lo declaró con lugar a formación de causa; así que el juez lo redujo a prisión, pero días después, luego de un segundo dictamen médico fue liberado por falta de méritos.
El nuevo peritaje, firmado por los doctores Francisco de Asís Castro, Luis L. Cordero, Francisco Nájera, Esteban Olmedo, Ismael Salas Guajardo, y Antonio Sosa, quienes determinaron muerte por acceso apoplético. Un tercer dictamen, realizado por médicos de la Ciudad de México –propuestos por el gobernador– señalaba que falleció a consecuencia del alcoholismo crónico en el que predominó la forma de pseudo parálisis […] Esta enfermedad da cuenta satisfactoria de las lesiones que se presentaron durante la vida y de las que se reconocieron al practicar la autopsia del cadáver, no siendo por tanto necesario recurrir para explicarlas a la existencia de algunos traumatismos.
Así que como en los dos dictámenes se señalaba el resultado en términos absolutos, con toda firmeza, la ausencia de violencia, el juez determinó sobreseer el juicio y liberar a los acusados el 15 de septiembre de 1893. Roma Locuta, causa finita.
Disposición y buena voluntad de médicos y juzgador.
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Así, aunque sean muy altas las expectativas por las denuncias que presentará Xavier Nava, contra su antecesor Ricardo Gallardo, creo que éstas no prosperarán; las razones son obvias hay demasiada buena voluntad –y carestía de ingredientes reposteriles– en el palacio y en la Fiscalía.
Y Nava se aplica, eso hay que reconocerlo puntualmente, en ordenar los desgarriates y limpiar y exhibir el muladar dejado por su antecesor, es por todos sabido, pero lo más probable es que el gobernador, siguiendo el derrotero propuesto por López Obrador, obsequie amnistía a los malosos.
En esos mismos intentos por eliminar el recuerdo de antiguas perversiones, viene también la desgallardización de edificios públicos municipales; se va del amarillo al rojo óxido. ¿Será que se morenizan, o dada su precaria situación el Ayuntamiento permanece en colores obscuros? Quizá bajo estos parámetros se encuentre también el hotel Progreso al que retiran el color mediocre INAH que recubría sus muros.
Dentro de las estrategias navistas para remediar parte de los números rojos, se encuentra el incremento de las tarifas en los servicios de agua potable. Los argumentos de Purata, director de Interapas, son válidos: sólo se incrementan 50 pesos bimestrales; se paga más por servicios superfluos. Sin embargo debe analizarse el costo político para Nava.
Los que no dan trazas de decencia, y seguro no las darán ya que ni en su momento la mostraron en lo mínimo, son los ex diputados José Belmarez Herrera –sí, el de la vocación de pordiosero que se embolsaba el agua y los cacahuates sobrantes–, Enrique Díaz, y Enrique Flores Flores, quienes se niegan a devolver los 114 mil, 38 mil y poco más de 27 mil pesos, que respectivamente se embolsaron, rapiñando recursos de gestoría institucional.
Como andamos en asuntos de vergüenzas legislativas, aplica recordar la exhibida que la diputada Sonia Mendoza le dio al Mijis, al dejar entrever la posibilidad de que haya fingido dulces males para justificar sus inasistencias; y cómo no, si las mieles legislativas también le pueden generar diabetes. Sería conveniente preguntar también, que orientación le da su notable grupo de asesores. Muchos les aceptamos el cuento de que eran jóvenes idealistas esperanzados en cambiar las corruptas estructuras, pero al parecer sólo
fueron buscachambas.
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Mientras el Colegio de San Luis actúa en contra del acoso sexual y la violencia de género, dando de baja a quienes actúan bajo estas perversas inclinaciones, el rector de la UASLP se permite señalar que muchas de estas acusaciones sólo buscan dañar la imagen. Terrible, parecen declaraciones de titular del SEGE.
Lamentables, también, son los dichos de Ulises Valencia, subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de Gobierno del Estado, quien acepta el fracaso institucional –otro de tantos– en el combate contra la violencia de género: 52 muertas en 2018. Su éxito es tema aspiracional, señala quien debería saber que lo aspiracional, por sus propios matices utópicos o ilusorios, tiende al fracaso. Menos mal que acepta que el Estado es el único responsable de la seguridad de los ciudadanos, su mea culpa contrasta con aquel dicho ante legisladores del secretario de Seguridad Pública, la tercera semana de octubre. Disposición y autoridad, es lo que necesitamos.
Dicen los que saben, y los que no, repiten, que hoy es sábado social; disfrútenlo pero no se excedan. Salgo corriendo a Matehuala para dar la plática: Familia, genealogía y parentesco en el Diario de Agustín Soberón, 1851-1873; actividad que se realiza en el marco del nombramiento de Agustín Soberón y Sagredo, como cronista emérito de aquella ciudad.