Precampañas e intercampañas
El calendario electoral avanza presurosamente. En el ámbito federal, han concluido las precampañas y, con ello, nos encontramos en un periodo denominado “intercampañas”, es decir, es la fase del proceso electoral que transcurre del día siguiente al que terminan las precampañas hasta el inicio de las campañas electorales. Durante la intercampaña, no se permite la promoción anticipada de candidatos ni la difusión de propaganda electoral. Su finalidad es poner fin a una etapa de preparación de los partidos de cara a la jornada electoral, evitando la competencia electoral directa y promoviendo la equidad en la contienda. Los partidos políticos y precandidatas/os deben abstenerse de realizar actos anticipados de campaña durante este periodo, ya que están sujetos a limitantes que buscan garantizar la equidad y el respeto a las disposiciones electorales.
En el ámbito local en San Luis Potosí, nos encontramos en la etapa de precampañas que, como lo explicamos en otro momento, constituye la fase previa a las campañas electorales, en la que los partidos políticos y sus militantes, aspirantes o precandidatas/os realizan actividades para promover su imagen y plataforma política, con el fin de obtener la candidatura oficial de su partido. Durante las precampañas, los partidos políticos pueden realizar actos de proselitismo, como mítines, reuniones, debates, entre otros, pero solo pueden dirigirse a los militantes y simpatizantes de su partido, y no a la ciudadanía en general.
Para que lo tenga en su registro. Las campañas federales -para la Presidencia de la República, diputaciones y escaños en el Senado- iniciarán el 01 de marzo y finalizan el 29 de mayo. En el ámbito local, las precampañas concluyen el 10 de febrero. La campaña comenzará el 20 de abril y concluirá el 29 de mayo -mismo día que las campañas federales-. ¿Por qué hay que tomar nota de ello?. Porque partidos y candidaturas deben ajustarse a la ley. Así como también habrán de hacerlo los gobiernos de los distintos ámbitos -federal, estatal y municipal- para atender la disposición legal de suspender la propaganda gubernamental durante el período de campañas electorales. Aunque de ello nos ocuparemos en otro momento, conviene hacer la aclaración de que no se suspende la necesaria actuación del gobierno, sino que se deben suspender los actos de difusión que puedan incidir en la equidad de la contienda. ¿Queremos hablar de una democracia consolidada y de una ciudadanía madura? Comencemos por actores políticos responsables que acatan las reglas del juego.
El presupuesto electoral
Durante los últimos meses hemos discutido aquí sobre la necesidad de que la autoridad electoral cuente con los recursos necesarios y suficientes para la organización de una elección. Como es de su conocimiento, el Congreso del estado de San Luis Potosí autorizó un presupuesto de cien millones de pesos para que la autoridad electoral local organice el proceso del año 2024. El CEEPAC, por su parte, ha advertido sobre la insuficiencia de estos recursos para cumplir con la tarea fundamental de la organización de la elección basada en los estándares establecidos en la ley. Partiendo de un acucioso estudio de acciones legales emprendidas por otros organismos públicos locales -de otras entidades federativas- que experimentaron situaciones similares, como Campeche, Colima, Morelos, Durango y la Ciudad de México, se estimó necesaria la promoción de un juicio ante el Tribunal Electoral local para buscar garantizar que se le dote a la autoridad electoral local de los recursos necesarios para la organización de la elección. Por su parte, el Tribunal Electoral consideró que este recurso era improcedente ya que el acto impugnado provenía de un acto legislativo y no de un acto de naturaleza electoral.
Aunque personalmente no comparto la apreciación del Tribunal local sobre el asunto, hoy quisiera centrarme más bien en la idea esencial de este tema: para contar con los recursos necesarios para la organización del Proceso Electoral, el diálogo entre la autoridad electoral y el poder ejecutivo ha logrado ya una primera ampliación presupuestal por 50 millones de pesos adicionales para la realización de las actividades de organización del Proceso. Vendrán semanas importantes en donde el diálogo entre estas instituciones del estado mexicano tendrá como único resultado el cumplimiento de las encomiendas constitucionales y sociales a las que estas instituciones se deben.
Quiero ser enfático en una idea libre de intrigas, suspicacias y falsos debates. Es la institucionalidad la que permite que el estado mexicano funcione. Para ello, cada quien está haciendo lo que le corresponde.
X (antes twitter). @marcoivanvargas