En la columna de la semana anterior cometí dos errores que reconozco y corrijo: el primero, no son 130 sino 155 los millones de pesos que el gobierno del estado le debe a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y segundo, el adeudo proviene del impago de aportaciones al subsidio universitario que deben cubrirse con recursos estatales y no federales como sostuve.
Si alguien se beneficia indebidamente de un bien o privilegio ajeno, en lenguaje popular es un gandalla; si alguien debe algo y no lo paga, también en términos coloquiales, es un tracalero. Así, según quedan las cosas, el gobierno gallardista no es gandalla, es solamente trácala.
Hasta ayer, el adeudo gubernamental con nuestra máxima casa de estudios seguía sin cubrirse. Hace una semana, la Secretaría de Finanzas transfirió a la UASLP 66 millones de pesos enviados por la federación, pero le faltó entregar once millones adicionales correspondientes a su parte proporcional, por lo que hago explícita una duda: no sé bien a bien si el débito de 155 millones reconocido por el gobierno ya incluye esos once millones, o si hay que añadirlos y entonces el total en reclamo sería de 166.
Sea una u otra la cantidad exacta, lo cierto es que si el gobierno del estado no paga lo que debe a la Universidad, estará haciendo un pésimo negocio. Conforme a los términos del convenio firmado en enero anterior, en el que se comprometen las aportaciones federales y estatales, ambas son obligatorias. En el caso de que el estado no cumpla, la suma no pagada le será descontada al doble de sus participaciones federales del año siguiente. Un tanto, para imponer el cumplimiento del compromiso contraído en el convenio, y otro a manera de multa o sanción por incumplimiento.
Según nuevos datos en nuestro conocimiento, aunque con retraso de meses lo más probable es que la UASLP pueda recuperar esos recursos, lo cual, si ese es el caso, provocará un daño mínimo comparado con la pérdida total. En todo caso, habría que posponer algunos meses obras tanto locales como foráneas y equipamiento de laboratorios.
Según versiones dignas de crédito, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona creyó, o alguien le hizo creer, que si no quería pagarle a la Universidad no pasaría nada. Una vez más asoma -si esta versión es correcta- esa equívoca y confusa idea de que su poder es ilimitado, junto con la creencia infantil de que no hay leyes a las cuales someterse.
La semana pasada, al abordar este asunto, el mandatario potosino dijo que no había ningún problema, que todo era cosa de “columnas” y de “gente que está ahí queriendo meter ruido”. Aunque la pedrada iba sobre tejado ajeno (el nuestro, obviamente), la verdad es que cayó sobre el suyo propio. Si alguien metió ruido en las relaciones institucionales Gobierno del Estado-UASLP fue precisamente él cuando incurrió en el disparate de insinuar que el cumplimiento de los compromisos financieros de su administración estaba condicionado a que la Universidad “dejara de reciclar personajes obscuros” y dejara de ser “casa de desobligados”.
Es claro que en la UASLP caló e indignó más la pretensión gallardista de vetar e insinuar el despido de algunos catedráticos o funcionarios universitarios nomás porque le caen mal, y, peor aún, llamar al alma mater de miles y miles de profesionistas potosinos “casa de desobligados”, sin que nadie sepa realmente para quienes era la diatriba, ¿alumnos, maestros, investigadores, funcionarios?
El jueves a media mañana, pocas horas después de que comenzara a circular la versión impresa y se abriera la online de Pulso, recibí dos mensajes muy similares, de amigos que me consta no se conocen entre ellos. Uno es un profesionista que nunca ha trabajado para la Universidad y el otro fue catedrático largos años. El primero decía: “El INE no se toca, la UASLP no se toca”. El otro: “El INE no se toca, la Universidad tampoco”.
En forma personal, un viejo y ameritado universitario se acercó a mi mesa de café y relajadamente me dijo: “tú tienes buena memoria, ¿Cuánto hace que algún rector o un Consejo Universitario no cuestiona, critica o falta al respeto a un gobernador?” No pude recordar la fecha, pero entendí el sentido profundo de la interpelación.
DEL MISMO ÁRBOL
Están también en el escenario otros problemas de carácter financiero que son frutos del mismo árbol: la dinámica de gasto excesivo, apresurado y sin fuentes de ingreso suficientes. Me refiero hoy al crecimiento desmesurado del adeudo del gobierno gallardista con la Dirección General de Pensiones, y al incumplimiento en el pago de prestaciones laborales a la plantilla de personal del Colegio de Bachilleres (Cobach). Pronto brotarán otros de los que en su momento habrá qué ocuparse.
Expertos en estos menesteres de las finanzas públicas nos aconsejan un poco de paciencia -de aquí a enero próximo-, para que haya mayor claridad sobre el “terrible” desorden en que ha sido sumergida la hacienda estatal con tal de poner a disposición del gobernador miles de millones de pesos que en realidad corresponden a otros rubros de gasto previamente comprometidos.
En estricto sentido, desde hace buen rato la administración gallardista está viviendo de prestado. No del tradicional endeudamiento público de mediano y largo plazo con instituciones bancarias, sino metiendo la mano al bolsillo de numerosas dependencias y organismos autónomos, descentralizados o desconcentrados. Otra gran fuente de financiamiento informal son los débitos a corto plazo con proveedores de todo tipo y con contratistas de sus obras, algunas de las cuales van excesivamente lentas o se detienen intermitentemente porque los constructores no logran cobrar sus avances (lo bueno es que todos son cuates).
Todo esto integra un temario muy extenso, cuya exposición seguramente consumirá varias columnas, pero siguiendo el consejo experto deberá esperar a que se cierren las cuentas de este año y estén disponibles (esperemos) a principios del próximo.
Por ahora hay un tema que no es posible dejar pasar por alto, sobre todo porque desde el ámbito del Poder Ejecutivo han decidido abordarlo con falsedades, lo cual, siempre lo he pensado, es una forma de querer vernos la cara de sus tontos.
Al inicio de esta administración, la Secretaría de Finanzas le debía a la Dirección de Pensiones casi mil 200 millones de pesos (mil 198.5 para ser exactos). Esta cantidad se acumuló a lo largo de varios años y es la que recibió en herencia Ricardo Gallardo Cardona.
En lo que va de esta administración, se han añadido al adeudo otros mil 476 millones de pesos, por lo que en cosa de un año más que se duplicó (creció un 123 por ciento).
Permítanme subrayarlo: lo que gobiernos anteriores tardaron años en quedarle a deber a Pensiones, el actual lo duplicó sobradamente en cuestión de un año. Hasta hace tres o cuatro días era posible suponer que alguna explicación razonable habría y alguna solución factible se estaría considerando.
A reserva de en un futuro próximo abordar con mayor detenimiento este caso, lo referimos hoy porque sobre el particular Gallardo Cardona hizo unas declaraciones que parecerían querer engañar a la opinión pública. Dijo algo así como que este problema tiene muchos años y requerirá también de muchos años para solucionarse.
A ver, a ver. Pudiera ser cierto que la acumulación del adeudo que él heredo, mil 200 millones, tenga un origen ancestral y obtenga solución al largo plazo, pero ¿y los otros mil 476 millones que ya corrieron por su cuenta? Estos tienen un origen de corto plazo (12 o 13 meses según la fecha de corte) que razón razonable existe para querer mandar su solución a muchos años adelante.
Me quedo con la impresión de que mañosamente están queriendo confundir la gimnasia con la magnesia y que nos traguemos el cuento.
El paro de labores iniciado el martes en los 40 planteles del Colegio de Bachilleres; los dueños de fincas ocupadas por dependencias estatales en varios municipios que llevan meses sin cobrar las rentas, y los adeudos por centenares de millones de pesos con otras instituciones de educación superior y media superior, son todos frutos del mismo árbol: el gasto desenfrenado y no a lo inteligente sino a lo contrario.
Y súmele usted que luego de recortarnos a mediados de año los recursos para continuar la vía alterna a la Zona Industrial ahora la federación nos ha dejado sin presupuesto para seguir con la modernización del aeropuerto de Tamuín (obra clave para el desarrollo económico y social en la región).
Un poco de vuelo a la imaginación: a la hora de meter la tijera presupuestal en la Secretaría de Hacienda alguien preguntó ¿Dónde más recorto? Y el jefe respondió “En San Luis Potosí, ahí andan muy sobrados; regalan placas y licencias; hacen feria con entrada, juegos mecánicos, comida y chupe gratis, y un teatro del pueblo que ni Obama, y ahora van por una mega posada de mes y medio, con un árbol navideño que ni el de Nueva York”.
COMPRIMIDOS
Ojalá sirva para que nos traten siquiera un poco mejor: un solo cliente, medianamente oculto a través de numerosos solicitantes, rentó todos los autobuses foráneos de pasajeros disponibles en esta capital y los principales municipios. Acumuló casi 300, que harán viaje el sábado próximo a la Ciudad de México, con “invitados” a la gran marcha lopezobradorista. La pepena de camiones comenzó de inmediato, por lo que cuando interesados con vestimenta color guinda quisieron rentar 50, les dijeron que a ver si el año próximo.
En el Instituto de Capacitación para el Trabajo se descubrieron malos manejos por 4.3 millones de pesos a cargo de funcionarios de la administración gallardista. Enterado del estropicio, el titular dijo que era un fraude chiquito, comparado con lo que habían hecho sus antecesores. Vino de inmediato a la memoria el célebre Hilario Ramírez Villanueva, dos veces alcalde de San Blas, Nayarit, quien confesó en un mitin “Sí robé, ¡pero poquito!”.
No es mala la idea del gobernador de financiar la continuación de la vía alterna a la Zona Industrial con la cooperación de los dueños de los terrenos aledaños, que mucho se van a beneficiar con la plusvalía. Pero tiene que agarrarlos y convencerlos por las buenas, pues si se amparan se acaba el sexenio y no va a ver ni un centavo. Y mientras la movilidad en esta capital va a colapsar.
Mientras siga vigente el llamado nuevo sistema de justicia penal, que confiere un poder excesivo a los jueces, locales y federales, para beneficiar o perjudicar a cualquier consignado que se les antoje, los pleitos con las fiscalías van a continuar sin conseguir ninguna solución práctica.
Hasta el próximo jueves.