En este muy anticipado y disoluto escenario de sucesión gubernamental en que nos encontramos los potosinos, todos aquellos que gustan de hacer pronósticos harían bien en tomar en cuenta un par de incógnitas, que mientras no se despejen hacen imposible cualquier anticipo razonable de lo que viene para nuestra vida pública. Afortunadamente ambas interrogantes tardarán no mucho en resolverse. Algunas semanas o unos pocos meses.
La primera de ellas es también, me parece, la principal duda que flota en el ámbito nacional. Puede enunciarse así: ¿Cuáles serán, a partir de octubre, los términos reales de la relación y la interacción del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? Lo que allá suceda, repercutirá inevitablemente en los estados de la República, el nuestro incluido.
La otra, mucho más doméstica, dice: ¿Cuáles serán en un futuro próximo los términos reales de la relación y la interacción de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona?
En relación con la primera de estas variables, la experiencia histórica nos enseña a los potosinos que cuando las más altas instancias del poder político nacional andan inmersas en sus propios conflictos y prioridades, tienden a desentenderse de los asuntos locales, lo cual, lógicamente, amplía el margen de maniobra de sus mandatarios, a veces para bien pero casi siempre para mal.
Por cuanto hace a la segunda, apenas sí es necesario explayarse. Un gobernador con vara alta en las cumbres del poder -sobre todo si pertenecen al mismo partido-, dispone de gran libertad para hacer en su terruño lo que le venga en gana, sea para bien o para mal. En caso contrario, también puede hacer mucho de lo que mejor le parezca, pero no impunemente; no de gratis.
El peso que en la política potosina llegan a tener las turbulencias en las alturas, puede ilustrarse bien con un ejemplo. Al acercarse el momento de que el PRI postulara candidato a sucederlo, Fernando Toranzo decidió apostarlo todo por Juan Manuel Carreras. Conforme veía que no le hacían mucho caso allá arriba, comenzó a amenazar con todo lo que se le ocurría: no hacerse cargo de la campaña, no apoyar ninguna otra candidatura, renunciar al tricolor y, en extremo, renunciar a la gubernatura o ponerse en huelga de hambre.
En condiciones normales, el presidente Peña Nieto y su poderoso y bragado secretario de Gobernación Osorio Chong, lo hubieran mandado por un tubo y aplicado cualquiera de los muchos tatequieto de que disponía el régimen.
Pero llegado el momento de la postulación, en enero del 2015, hacía cuatro meses que había sucedido la tragedia de los jóvenes de Ayotzinapa, y apenas dos de que la prensa hubiera destapado el escándalo de la Casa Blanca de Peña Nieto. Es decir, la solución al caso potosino debía tomarse en los momentos más bajos de la presidencia peñista. En tales condiciones, aquel 22 de enero del 2015 la instrucción que salió de Los Pinos fue algo así como “dejen que el Gobernador ponga a quién quiera y el que se responsabilice de su triunfo”. Y así fue.
En el otro tema, de entrada, uno pensaría que difícilmente Gallardo y Sheinbaum se van a poder entender, habida cuenta de que pertenecen a escuelas de pensamiento distintas, tienen formaciones diferentes, muestran contexturas morales que en nada se parecen y es obvio que entienden la función pública en términos muy distintos. Ella, como medio de seguir transformando el país, él como vía rápida para transformar la situación económica propia, familiar y de clan.
Pero eso es “de entrada”, porque luego se planta a la mitad del foro don Pragmatismo, como ya lo vimos en las recientes elecciones, y toda diferencia se esfuma, o por lo menos se guarda en el cajón más polvoriento.
(A propósito de transformación, se me ha quedado en el tintero decir que en su versión más propositiva y menos madreadora, Gerardo Sánchez Zumaya insiste en que lo que él busca es transformar a San Luis Potosí. ¿Sería mucha molestia preguntarle, ¿transformarlo, en qué o cómo? No debe serle difícil ofrecer una respuesta categórica y convincente, pues resulta ser experto en el tema. De Robin Hood huasteco se transformó en cometa de la política potosina y a ratos se convierte en cobrador).
En resumen, mientras no tengamos claridad sobre cómo van las cosas entre Palacio Nacional y Palenque, y entre Palacio Nacional y (nuestro) Palacio de Gobierno, nos estarán faltando elementos clave para vislumbrar el futuro con algún grado de racionalidad. Cosa de tener paciencia.
Por lo pronto, no hay que descartar la posibilidad de que Gallardo Cardona ya traiga pacto con el Diablo. Pacto cuya contraprestación sería que pueda seguir aplicando alegre, abundante e impunemente su sofisticada doctrina política -popularmente conocida como “¡Por mis güevos!”-, como lo corroboraría su lance de despojar a Morena del municipio más importante que ganó en junio (Ciudad Fernández); de poner a Héctor Serrano en primera fila sabiendo lo que piensan de él Claudia y su grupo compacto; de nombrar en los Servicios de Salud, contra la norma, a alguien que ni idea (aunque ya haya rectificado, evidenciando que en su administración todo lo hacen al chingadazo), y ya para no hacer la lista tan larga, a seguir pagando al triple sus obras, a sus contratistas favoritos.
TODO QUIEREN
Hace casi un mes, el jueves 8 de agosto, publiqué aquí mismo que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del gobierno federal había construido los primeros cinco kilómetros de la llamada Vía Alterna a la Zona Industrial, entre 2021 y 2023, con un total de 399 millones 045 mil 882 pesos y 99 centavos, lo que implica que cada kilómetros -con puentes y obras complementarias- salió costando 79 millones 809 mil 176 pesos.
Esa obra, que con diez kilómetros de longitud debía llegar al eje 140 de la Zona Industrial, fue abandonada el año pasado por la SICT (se les acabó el dinero) y meses después se entregó al gobierno del estado, con el propósito de que se continuara y no se perdieran los casi 400 millones ahí invertidos, ya que ese primer tramo de cinco kilómetros no llegaba a ninguna parte.
El gobierno del estado aceptó el trato, y en marzo de este año licitó (LO-EST-247800018-6-2024) la construcción de dos kilómetros, hasta el eje 122, incluida una obra complementaria para interconectar ambas vías. El fallo fue anunciado el uno de abril. El contrato fue otorgado a un consorcio de cuatro empresas, por un total de 534 millones 643 mil 811 pesos, lo que quiere decir que cada kilómetro se está pagando a 267 millones 321 mil 905 pesos, a más del triple de lo pagado por la dependencia federal.
A raíz de la publicación, el gobernador Gallardo Cardona dijo varias cosas. Unas inteligibles, pero otras no. Dijo que lo aquí publicado eran opiniones, lo cual es absolutamente falso y ya lo precisamos hace tres semanas. Luego, agregó que “el proyecto original era de 10 mil millones de pesos”, algo de lo que nadie nunca había escuchado nada, ni en el ámbito estatal ni en el federal. Luego, añadió que “en un principio se presupuestó en mil 800 millones”, sin aclarar quién hizo tal presupuesto y del que tampoco nadie además de él sabe nada. Y remató que “al día de hoy solo está costando 600 millones”. Como lo único que no se ha modificado son la longitud y características de la obra, seguimos hablando de dos kilómetros de a 267 millones cada uno, un 332 por ciento más caro que a la federación.
He traído nuevamente a colación este asunto, porque durante la reciente visita del presidente López Obrador y de la presidenta electa Claudia Sheinbaum a la Huasteca, para entregar la modernizada carretera Ciudad Valles-Tamazunchale, la SICT difundió algunos datos gruesos de esa obra mediante boletín y los retomó su titular Jorge Nuño en su discurso. Básicamente, que el tramo totalmente modernizado, que pasó de 7 a 22 metros de ancho, con innumerables obras complementarias como puentes, entronque, señalética y demás, tiene una longitud de 103 kilómetros y costo 8 mil millones de pesos. La cuenta se hace sola: 8 mil millones entre 103 kilómetros, es igual a 77 millones 669 mil 902 pesos por cada kilómetro. Esta suma es muy similar a los 79 millones 809 mil 176 pesos por kilómetro que gastó la misma SICT en el primer tramo de la Vía Alterna.
¿De dónde puede Gallardo sacar justificación para pagar a más del triple el mismo tipo de obras, con características similares?
¿A qué voy con todo esto? A una humilde petición al todopoderoso señor gobernador: si se están clavando la lana, no quieran de pilón vernos la cara de sus tontos. De rato van a querer que les demos las gracias y le besemos la mano extractora.
COMPRIMIDOS
Si algo hay capaz de inquietar a nuestros mandatarios saliente y entrante y a sus super mayorías en el Poder Legislativo, en el proceso en curso para desfigurar al Judicial, solo podría ser, creo yo, la participación de jóvenes, principalmente estudiantes, en las manifestaciones de protesta. Hay experiencias históricas que deberían mover a la cautela. ¿No estará AMLO pensando en provocar una crisis de dimensiones tales que lo “obliguen” a decretar el estado de excepción y quedarse en el poder “para salvar” a la patria?
Un poco para no ilusionar en vano a la gente y un poco por decoro personal, nuestros flamantes legisladores federales deberían ver con atención las cosas y abstenerse de ofrecer gestionar recursos, obras o programas para sus distritos o clientelas electorales, porque salvo que los saquen de sus bolsillos, en las cámaras ya no hay margen para esas cosas.
Cuando se supo que Ricardo Gallardo Juárez entraría a la Cámara de Diputados por el extraño camino de suplente en la lista plurinominal del Verde, pensé que el titular -cuyo nombre no recuerdo- estaría unas cuantas semanas en la curul y luego pediría licencia para dejar al soledense. Pues ni máiz paloma, no lo dejaron ni entrar a San Lázaro y de lejecitos entregó el fuero.
Hay un fenómeno interesante que llama la atención, digno de reflexiones serias. A la Feria fue muchísima gente, pero las ventas fueron bajas. ¿Explicación? La entrada gratis, el transporte gratis, el Teatro del Pueblo gratis, los juegos mecánicos gratis, el estacionamiento gratis y ciertos días enchiladas y garnachas gratis. El otro tema: tanta gratuidad (no olvidemos placas, licencias, transporte urbano, despensas, garrafones, útiles, uniformes y zapatos escolares, obtención de títulos profesionales, etcétera), ¿no tendrá consecuencias sociales inconvenientes?
Hasta el próximo jueves.