En la entrega anterior exploramos las bases normativas y los riesgos de convertir la economía circular en un mero discurso sin sustancia. Hoy corresponde dar un paso más: continuar en cómo esa legislación puede traducirse en políticas públicas eficaces, en justicia social para quienes viven de los residuos y en un verdadero contrato social que ponga a San Luis Potosí en la ruta de la sostenibilidad. Esta segunda parte busca responder a la pregunta clave: ¿cómo pasamos de las promesas al cumplimiento verificable?
6. Municipios al centro: separación en origen y recolección diferenciada. La ley debe obligar a separar en al menos tres fracciones (orgánica, reciclables, rechazo).
7. Ecodiseño y derecho a reparar. Sin estándares de reparabilidad (piezas disponibles, manuales, diseños modulares) y marcado de materiales para facilitar el reciclaje, seguiremos triturando valor. La ley debe prohibir la obsolescencia programada y asegurar disponibilidad de refacciones a precios razonables.
8. Justicia social y transición laboral. Las y los pepenadores no pueden quedar fuera: formalización, seguridad social, capacitación y participación en cooperativas o centros municipales de reciclaje. Sin transición justa, la circularidad reproduce desigualdad.
9. Fiscalidad inteligente. Revisar tasas de disposición final, ecotasas a materiales problemáticos y créditos fiscales condicionados a desempeño circular. El objetivo es mover incentivos: desincentivar el desperdicio y premiar el ciclo cerrado.
10. Medición independiente. Información, transparencia y participación (Escazú en serio). Datos abiertos y en tiempo real. Un Observatorio Ciudadano con academia y sociedad civil, con facultades para auditar, publicar evaluaciones y activar alertas. Lo que no se mide, no mejora; lo que se mide mal, empeora.
Lo que hay que evitar es el Greenwashing regulatorio al proclamar “polos” o “economía circular” sin metas, sin trazabilidad de materiales y sin indicadores es vender humo más caro, y Zonas de impunidad para que ningún parque industrial, por muy “circular” que se autodenomine, opere con opacidad o excepciones ambientales.
Los beneficios concretos para San Luis Potosí serán:
a) Salud pública: menos disposición a cielo abierto, menos quema, menos lixiviados, menos PM2.5; menos asma, menos gastos médicos evitables.
Economía local: ahorro empresarial por eficiencia material y energética, nuevos empleos en reparación, reacondicionamiento, logística inversa, reciclaje avanzado y diseño circular.
Competitividad global: cadenas de proveeduría que cumplen estándares internacionales, abren puertas a mercados exigentes y blindan la atracción de inversiones.
Hacienda pública: mejor recaudación si se amplía la base (quien cumple paga menos, quien incumple paga más), y menor gasto en disposición final a largo plazo.
¿Y la ciudadanía? Separar en casa, exigir rutas diferenciadas, preferir productos reparables y con contenido reciclado, llevar aparatos y envases a puntos de retorno, apoyar cooperativas locales de reutilización y reciclaje. La circularidad empieza en la decisión de compra y se confirma en el acto de separación. Pero la ciudadanía también debe vigilar: pedir datos, revisar metas, participar en los comités, denunciar incumplimientos. La democracia ambiental se ejerce.
¿Qué nos dicen hoy las señales? Que hay un marco político en construcción y una narrativa municipal activa. La capital ha comunicado su adhesión a acuerdos nacionales y la definición institucional de economía circular; el Congreso ha planteado perfilar una ley de polos con incentivos, estándares y articulación con academia, clústers y barras de abogados. Son pasos importantes que demandan traducción inmediata a metas, estándares y vigilancia social.
San Luis Potosí debe decidir si quiere seguir siendo una ciudad que paga por enterrar valor o una ciudad que vive de recircularlo. La legislación de economía circular no puede ser un poema; debe ser un contrato social con reglas claras, datos abiertos, justicia social y resultados medibles.
Delírium trémens.- Han transcurrido ya 1,431 días desde que Ricardo Gallardo Cardona asumió la gubernatura de San Luis Potosí, y restan apenas 758 para concluir su mandato. En todo este tiempo no ha presentado una agenda verde seria, ni un compromiso real con la justicia ambiental que exige nuestro estado. El reloj político avanza, y todo indica que esos días se extinguirán sin que se trace la ruta ecológica que San Luis necesita. En vísperas de su cuarto informe de gobierno, cabe anticipar que lo que se presentará serán palabras huecas y promesas incumplidas en materia ambiental. Será interesante constatar hasta dónde llega la narrativa oficial y hasta dónde la realidad nos confirma que, en este sexenio, el medio ambiente quedó condenado al olvido.
@luisglozano