Para 2019, el Presupuesto de Egresos de la Federación considera una reducción de $43,467 millones de pesos respecto a lo asignado para 2018 en el llamado Ramo 23, lo que representa 27.8 % de recursos menos para las finanzas públicas locales (véase gráfica), la disminución de recursos significan malas noticias para los gobiernos estatales y municipales, debido a que estos recursos son una importante fuente de financiamiento para el gasto público, por lo que tendrán que tomar la decisión de incrementar sus ingresos propios o reducir su gasto público.
La reducción significativa de esta partida presupuestal no es un capricho político del gobierno federal, sino una necesidad de eficiencia financiera, esto con motivo de las distintas polémicas en las que se ha visto envuelto; según el estudio de México Evalúa “Arquitectura del Ramo 23”, es una partida presupuestal que se ejecuta sin reglas de operación y su asignación es por criterios eminentemente políticos, su repartición no es justa, ni equitativa, sino en función de compromisos políticos y los tiempos electorales.
El Ramo 23 ha sido utilizado como instrumento de castigo político, tal como lo denunció en 2017 el gobernador de Chihuahua, argumentando que la Secretaría de Hacienda le quitó 700 millones de pesos; el gobierno de Javier Corral declaró que era una venganza política por haber iniciado contra su antecesor una acusación por desvió de recursos, los cuales fueron utilizados para financiar campañas políticas; por lo que en noviembre del año pasado demandó que en lugar de que desaparezca este ramo, debe ser regulado.
En 2013, presidentes municipales de Guanajuato denunciaron a dos diputados por cobrar comisiones de un 25% por asignar mayores recursos para infraestructura en sus municipios, lo cual se haría a través del Ramo 23; su manejo discrecional, sin reglas de operación y como instrumento político, es que requiere una cirugía mayor, de poco ayuda reducir la asignación presupuestal si se sigue utilizando de la misma manera; $112,997 millones de pesos se podrían aplicar en políticas públicas de alto valor público.
La reducción del Ramo 23 perjudica a los estados y municipios que tienen una baja recaudación de impuestos locales y un alto endeudamiento, por lo que el problema no es del gobierno federal sino de los gobiernos locales, quienes tendrán que ejercer de manera más responsable y transparente sus recursos o bien asumir el costo político que implica el cobrar impuestos, la estrategia financiera que han seguido las finanzas locales ha llegado a su límite, por lo que es necesario transformarla de manera radical.
La estructura financiera de los gobiernos locales se compone en un 48 % de las participaciones federales, 41.5 % de las transferencias en educación, salud e infraestructura del gobierno federal, más otros recursos que son negociados de manera específica, por lo que su dependencia financiera supera el 90%, disminuyendo con ello de manera significativa su autonomía de toma de decisiones de política pública, en tiempos de transformación política es urgente atender esta situación.
El área más crítica de esta situación no sólo es de voluntad política en términos de eficiencia, sino también que los gobiernos locales tienen que sacrificar un espacio financiero muy rentable con tal de mejorar la situación, la voluntad política no es suficiente ni necesaria cuando el beneficio político y económico se encuentran en riesgo, sino también de capacidad técnica, en los gobiernos locales tampoco hay capacidad de recaudar, les faltan conocimientos técnicos y recursos para hacerlo.
Lograr una mayor eficiencia financiera no sólo se logra reduciendo los recursos de aquellas partidas presupuestales que se ejercen de manera discrecional, es un avance, pero esto no es suficiente, la solución no es política sino técnica pero con costos políticos y es responsabilidad de los gobiernos locales, son ellos quienes deben asumir la responsabilidad, la negociación política por obtener mayores recursos económicos ya no es la salida, son soluciones solo para un año, seguir así es prolongar un mal financiero con consecuencias muy graves.
La política de transferencias seguida por el federalismo fiscal mexicano, como es la del Ramo 23 a los gobiernos estales y municipales no genera incentivos a las buenas prácticas financieras locales, al contrario, premia la pereza fiscal y dependencia financiera, por lo que se requiere que en sus convenios de asignación deban considerar un sistema de monitoreo y evaluación de la aplicación de los recursos, es necesario asegurar que los recursos se vayan a políticas públicas que generen valor público.
La necesidad de una nueva estrategia de gobernanza local es urgente, resolver los problemas públicos de manera unilateral tiene sus costos en la ineficacia política de sus resultados, la nueva gobernanza demanda el gobierno de co-gestión, compartiendo la responsabilidad en la solución de los problemas públicos, sustentada en la capacidad técnica y sensibilidad social del gobierno, pero también en los recursos y capital social de los actores no gubernamentales, con ello no sólo se mejora la eficiencia gubernamental, sino que también se puede recuperar la credibilidad social.
En síntesis: reducir el Ramo 23 es una buena noticia para las finanzas públicas del país, pero no es suficiente disminuir los recursos que se utilizan de manera discrecional y con criterios políticos, se requiere que los gobiernos estatales y municipales asuman lo que les corresponde, incrementar sus capacidades técnicas, innovar sus estrategias financieras y compartir su responsabilidad de gobernar con la sociedad local, los tiempos que vivimos demandan cambios radicales y no sólo cambios incrementales.
@jszslp