“Cuando la ley deja de protegerte, el poder deja de tener límites.”
Durante más de un siglo, el amparo fue el escudo más poderoso que teníamos los mexicanos frente a los abusos del gobierno. No importaba si eras campesino, estudiante, activista, enfermera o maestro: podías acudir a un juez federal para frenar un acto injusto o arbitrario. Ese derecho era tan grande que muchas naciones lo tomaron como ejemplo. Pero eso acaba de cambiar.
En días recientes se aprobaron reformas que, con un lenguaje técnico y aburrido, esconden algo muy grave: el amparo ya no te ampara. Lo que antes era un derecho para defenderte del poder, ahora se ha convertido en un trámite que beneficia al poder.
¿Y qué significa eso en la vida real? Pongamos ejemplos: Si una autoridad permite que talen un bosque, que contaminen un río o que construyan sobre un parque, antes cualquier persona o colectivo podía presentar un amparo para detener el daño ambiental, incluso si no vivía exactamente ahí, pero sabía que el daño afectaba a todos. Hoy ya no. Con las nuevas reglas, tendrías que demostrar que tú eres el directamente afectado, casi con nombre y apellido, y que el daño te causa una “lesión individual y diferenciada”. O sea, si el río se seca, pero tu casa está a cinco calles, quizá ya no puedas defenderlo.
Lo mismo pasa si un hospital público deja de darte atención o si en tu universidad se cierran espacios sin razón: antes podías acudir al amparo para exigir que se respetaran tus derechos. Ahora, deberás probar que el daño ya ocurrió y que te perjudicó personalmente, no que lo va a hacer. Es como si te dijeran: “no puedes usar el paraguas hasta que ya te hayas empapado”.
Otra de las trampas está en las llamadas “suspensiones”. Antes, cuando un juez admitía un amparo, podía suspender el acto que te afectaba mientras se resolvía el fondo del asunto. Esa medida servía para evitar daños irreversibles. Por ejemplo, si querías detener la tala de un bosque, la suspensión frenaba todo mientras el juez analizaba el caso. Era un salvavidas. Pero con las reformas, ahora se exige que el juez haga un “análisis ponderado” entre tu derecho y el “interés social”. Y ya sabemos cómo se usa ese concepto en México: cuando el gobierno quiere hacer algo, siempre dice que es “por el bien de todos”.
En pocas palabras, la reforma permite que se siga destruyendo, contaminando o violentando derechos, bajo la excusa de que detenerlo podría afectar al interés público. Así, el ciudadano pierde la protección inmediata y el Estado gana tiempo para consumar el daño. Cuando finalmente llegue la sentencia, el bosque ya no existirá, el río estará muerto o la escuela demolida.
Otro cambio menos visible, pero igual de peligroso, está en los temas fiscales. Si la autoridad te cobra impuestos de manera indebida o te embarga una cuenta, ya no podrás promover un amparo para detener la ejecución mientras se revisa el caso. Solo podrás hacerlo hasta que te estén rematando los bienes. Es decir, el amparo ya no defiende al ciudadano del abuso, sino que defiende al Estado de la inconformidad.
Todo esto viene envuelto en un discurso de “modernización”, “uso de tecnología” y “eficiencia”. Se presume que ahora las notificaciones y trámites serán digitales, que todo se hará en línea y que eso ahorrará tiempo. Pero esa modernidad no llega a todos. Muchos defensores, campesinos, comunidades indígenas o personas mayores no tienen acceso pleno a Internet, firma electrónica ni equipos adecuados. En realidad, lo que se está creando es una justicia digital para pocos. Un sistema donde quien no puede conectarse, no puede defenderse.
Lo más preocupante es que estas reformas no son un accidente, sino parte de una tendencia autoritaria que ha ido debilitando los contrapesos en México. Se busca que los jueces tengan menos margen para proteger a las personas, y que los ciudadanos tengamos más obstáculos para reclamar. Se dice que el amparo se ha “ajustado a la realidad”, pero en realidad lo que se ajusta es el país a un molde donde la ley ya no es límite del poder, sino su herramienta.
Lo más irónico es que esta reforma se llama “Ley de Amparo”. Pero debería llamarse Ley del Desamparo, porque deja sin protección precisamente a quienes más la necesitan. El derecho a defender tus derechos era la última frontera entre la arbitrariedad y la dignidad, y ahora esa frontera ha sido cruzada.
México se queda sin su escudo jurídico más emblemático, y lo hace justo en un momento en que más lo necesitaba: cuando hay gobiernos que talan árboles, encarcelan críticos, cierran espacios de participación y desprecian la transparencia. Cuando la Constitución se convierte en decoración y no en límite.
Y si el amparo ya no te ampara, ¿quién lo hará?
Delírium Trémens. A quienes todavía celebran estas reformas bajo el argumento del “interés social”, habría que recordarles que toda dictadura comienza por redefinir ese concepto. Cuando el interés público se usa para cancelar libertades, lo que muere no es la justicia, sino la República. Y el futuro del activismo jurídico de Cambio de Ruta, para beneplácito del gobierno, ha entrado en terapia intensiva.
@luisglozano