México tiene un gran reto por resolver en materia de confianza, credibilidad y legitimidad. ¿Por qué cada día desconfiamos más de nuestras instituciones y de las decisiones que toman los servidores públicos?
Desde la percepción ciudadana, la democracia falla pues muchos de los procedimientos a través de los cuales se toman las decisiones en la administración pública suelen ser cerrados, confusos y opacos, pero sobre todo carentes de regulación y suficiente información que permita elegir las mejores soluciones a los problemas públicos.
Se percibe que son “procesos discrecionales”. Es decir, que las decisiones no obedecen a una normativa concreta, sino que se basan en el criterio individual de “alguien”, que, si bien fue elegido democráticamente, una vez que tuvo que tomar decisiones en el gobierno, olvidó acercarse a sus electores e incluso a sus detractores para respaldar y validar sus sugerencias y opiniones.
Si bien es una realidad que los decisores en el gobierno deben trabajar en contextos complejos que implican poco tiempo para analizar cuál puede ser la mejor alternativa para resolver un problema público, con poco presupuesto y muchas veces con mínima información, lo anterior da pauta a generar prácticas no democráticas y la percepción de corrupción hacia adentro y hacia afuera del gobierno; como consecuencia, un escepticismo social para participar activamente en los procesos de decisiones que toman nuestros representantes.
La versión más reciente del Informe de Latinobarómetro (2019), encuesta de opinión pública anual de 18 países en América Latina, pinta un panorama aleccionador de una región desencantada con el gobierno representativo, ya que la población no se siente tomada en cuenta. Reporta que la satisfacción con la democracia en el estudio de 2018 solo alcanza ahora el 24%, cifra inferior al 44% que se registraba en 2010. Nos encontramos en el nivel más bajo desde que la encuesta introdujo la pregunta hace más de 20 años. Entretanto, la confianza en los partidos políticos ha registrado una baja histórica del 13%. Y no es de extrañar que en 2018 los partidos políticos tradicionales fueran derrotados en las urnas: notoriamente esto se reveló con la caída del poder del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil y la derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México.
Latinobarómetro argumenta claramente que el declive de la democracia en América Latina se acentuó en 2017, con bajas sistemáticas del apoyo y la satisfacción ciudadana en la democracia, así como de la percepción de que se gobierna para unos pocos. En México, esto es resultado de un avance que se vivió en años recientes en los que los indicadores económicos crecieron, pero no los políticos y sociales. Se vio una clara disociación entre dos mundos, el mundo de la economía y el mundo del poder político-social.
Muchos ciudadanos en nuestro país no se sienten incluidos ni tomados en cuenta para decidir sobre sus propios recursos, y reclaman que, aunque tienen acceso a cierta información pública, ésta no les es útil para participar y sugerir cómo mejorar las cosas desde abajo.
Lo que la sociedad espera es que el gobierno le dé datos estratégicos y mayor claridad respecto a los procesos y las decisiones que toma, y en el mejor de los casos, que se les tome en cuenta para decidir. Hay muchos retos en México, y en estos días en los que se avecinan las campañas electorales, se están manifestando en sus formas más cruentas: el México real y el surreal.
Pero no todo el panorama es tan desalentador. Porque la sociedad está despertando y exige que se le tome en cuenta. En años recientes, al igual que otros países, México se sumó a las disposiciones de los organismos internacionales respecto a la aplicación de modelos y esquemas de Gobierno Abierto para administrar mejor lo público entre todos. Hoy, se debiera continuar, sin duda, con estos esquemas.
Con estos modelos, además de la transparencia, la rendición de cuentas y la innovación, los gobiernos deben fomentar e impulsar la participación ciudadana. Esto es, incluir a la sociedad -que cada día busca estar más informada- en la toma de decisiones públicas. Es entonces que, de la mano del ciudadano, el objetivo es, no sólo alcanzar un Gobierno Abierto en el poder ejecutivo sino que se tiende a buscar un “Estado Abierto” en el que deben colaborar activamente los tres poderes del Estado, y amén de sus procesos internos, impulsar la participación ciudadana para la toma de decisiones, promoviendo así un Gobierno Abierto (ejecutivo), un Parlamento Abierto (legislativo) y una Justicia Abierta (judicial).
Bajo estos modelos nuestro país intentó mejorar la calidad de la democracia y prevenir y combatir la corrupción a través de la implementación de una serie de acciones, mecanismos y normativa en la materia para procurar que la sociedad pueda ejercer plenamente sus derechos de acceso a la información pública y de petición. Y a pesar de los casos graves de corrupción que se destaparon y se siguen destapando, respecto a lo que sucede cuando se toman malas decisiones públicas y cuando falla la vigilancia ciudadana, sigue habiendo agentes de cambio en la lucha por ir más allá para mejorar las cosas. Hay que tener algo muy claro: si se quiere recuperar la confianza en el gobierno, no se debe ni se puede echar abajo lo construido en materia de apertura gubernamental que llevó años construir. Se debe seguir adelante en la búsqueda de más mecanismos para la transparencia y la rendición de cuentas.
Los ciudadanos deben involucrarse; y el Estado debe involucrarlos. Impulsando mecanismos de participación más eficaces y con menos simulación. Se tiene que pasar de la simple entrega de datos e información técnica por mera formalidad, a la explicación sustantiva y asertiva con lenguaje ciudadano sobre la toma de decisiones para que realmente la sociedad logre implicarse.
A propósito de la toma de decisiones y de las anunciadas campañas para las elecciones del año que viene, asumamos ejercer nuestro magnífico derecho a buscar mayor bienestar y calidad de vida para nosotros mismos y para quienes más queremos, a través de la gran responsabilidad y el compromiso de estar vigilantes de que las campañas y los candidatos sean óptimos para elegir a nuestros próximos representantes y podamos así ir dando pasos a transitar de una democracia meramente electoral a una democracia procedimental y participativa durante la administración de lo público. No se vale decir: yo no quiero saber ya de política, yo no quiero votar, “nadie me convence, todos son lo mismo”, y de cualquier forma “todo lo hacen mal”. Quizá valga reflexionar: ¿Por qué lo estamos haciendo mal? Porque desde un inicio debemos participar; debemos vigilar; y debemos exigir.
Para empezar a involucrarnos debemos estar informados, asumir cada uno lo que nos toca desde nuestras trincheras, buscando hacer realidad el anhelo de acercar a la sociedad con el gobierno para trabajar colaborativamente en las decisiones y acciones públicas; solo así se reforzará la calidad de la democracia en el país y se irá ganando confianza, credibilidad y legitimidad en las instituciones, y por ende, en las decisiones y acciones públicas.
Maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas
anacristinales@gmail.com