Los gobiernos tienen fecha de caducidad; los problemas públicos, no. Esta contradicción adquiere particular relevancia cuando San Luis Potosí se aproxima a 2027, año en que concluirán los actuales periodos de gobierno estatal y municipal. Mientras los calendarios electorales avanzan, las necesidades sociales permanecen. La pregunta no es solamente cuánto han hecho nuestras autoridades, sino qué condiciones están construyendo para que el desarrollo continúe después de sus mandatos.
En columnas anteriores he señalado el divorcio entre la política pública y la política social, así como la tendencia a gobernar bajo la presión de las urgencias. Ambos fenómenos comparten un problema de fondo: la debilidad de una visión institucional capaz de articular decisiones presentes con objetivos de largo plazo. Cuando la acción pública se limita a atender síntomas o a responder a coyunturas, los programas pueden multiplicarse sin que cambien las condiciones que originan los problemas.
Tres años parecen insuficientes para transformar un municipio y seis años transcurren demasiado rápido para consolidar un proyecto estatal; sin embargo, ambos periodos pueden resultar suficientes para desarticular políticas públicas que requerían continuidad. La paradoja no demuestra que deban prolongarse los mandatos. Revela, más bien, el costo de subordinar los tiempos del desarrollo a los tiempos de la política: cada relevo administrativo corre el riesgo de redefinir prioridades, deshacer aprendizajes y reiniciar proyectos que necesitaban madurar.
El agua, la seguridad, la movilidad urbana, la educación y el ordenamiento territorial no son problemas trienales ni sexenales. Requieren diagnósticos, inversiones, coordinación y evaluación sostenidas. Sin mecanismos de continuidad, incluso una iniciativa prometedora puede quedar atrapada entre la necesidad de mostrar resultados inmediatos y el incentivo de diferenciarse de la administración anterior. Lo que se pierde no es solo dinero: también se erosionan capacidades técnicas, memoria institucional y confianza ciudadana.
Aquí resulta indispensable recuperar la prospectiva. Planear no equivale a anticipar. Mientras la planeación organiza objetivos y recursos, la prospectiva explora escenarios posibles, identifica riesgos y permite tomar hoy decisiones cuyos efectos serán visibles mañana. No pretende adivinar el futuro, sino evitar que la incertidumbre se convierta en pretexto para la improvisación. Un plan de desarrollo que solo alcanza hasta el último día del mandato puede cumplir una exigencia administrativa sin constituir una visión estratégica.
De ahí la necesidad de pensar en una gobernabilidad transtrienal y transexenal. No se trata de blindar proyectos políticos frente a la alternancia ni de mantener programas ineficaces por simple inercia. Se trata de construir reglas, información, acuerdos y capacidades para que las políticas estratégicas puedan evaluarse, corregirse y continuar más allá de quienes las iniciaron. La continuidad responsable no contradice el cambio democrático: lo vuelve menos costoso para la sociedad.
Con 2027 cada vez más cerca, San Luis Potosí necesita una conversación pública que vaya más allá de nombres, candidaturas y balances de obras. ¿Qué políticas tendrán condiciones para sostenerse? ¿Qué capacidades institucionales quedarán instaladas en el estado y sus municipios? ¿Qué riesgos heredarán las siguientes administraciones y cuáles se están anticipando desde ahora? Esas preguntas deberían acompañar cualquier balance serio del sexenio y de los trienios que se aproximan a su cierre.
El costo sociopolítico del cortoplacismo no se mide únicamente en proyectos inconclusos o recursos desaprovechados. También se manifiesta en oportunidades perdidas, desconfianza y generaciones obligadas a esperar soluciones que se reinician con cada calendario electoral. Si antes advertíamos sobre el espejismo del bienestar y la política de las urgencias, hoy corresponde señalar su horizonte común: sin prospectiva, la gobernabilidad se consume en administrar el presente. Gobernar exige responder a lo inmediato, pero también construir un futuro que no termine cuando termine el gobierno.