La política energética de México se encuentra en un dilema estratégico donde la factibilidad fiscal y la competitividad industrial entran en conflicto con la sostenibilidad de su capital natural. El debate en torno al fracturamiento hidráulico (fracking) ha trascendido la esfera del activismo ecológico para convertirse en un problema económico y de asignación de recursos. En un entorno global caracterizado por la relocalización de cadenas de suministro (nearshoring), la disponibilidad de energía confiable y a costos competitivos es el principal factor de atracción de inversiones. Bajo esta lógica, las vastas reservas de hidrocarburos en yacimientos de lutitas, particularmente en las cuencas del norte del país, se presentan como una oportunidad de negocio de miles de millones de dólares que promete mitigar una de las mayores vulnerabilidades de la economía nacional: la profunda dependencia de las importaciones de gas natural provenientes de Texas.
Desde una perspectiva de mercado, la explotación de recursos no convencionales ofrece un catalizador para el desarrollo de la proveeduría local y la dinamización de sectores industriales rezagados. Por ejemplo, la Cuenca Pérmica, una de las regiones productoras de petróleo y gas natural más grandes e importantes del mundo, localizada en el suroeste de Estados Unidos, genera 6.3 veces más empleos que toda la industria automotriz en México. La inyección de capital en infraestructura de perforación podría generar un efecto multiplicador en la construcción, la metalmecánica, la logística pesada y la industria química regional. Asimismo, al incrementar la oferta interna de gas, el sector manufacturero mexicano ganaría certidumbre operativa frente a los choques de precios internacionales y las disrupciones climáticas que frecuentemente congelan los ductos estadounidenses. Esta soberanía energética no solo blindaría los márgenes de ganancia de las empresas locales, sino que mejoraría la balanza comercial del país y liberaría presión sobre las finanzas públicas, actualmente comprometidas con el subsidio a las tarifas eléctricas.
Sin embargo, el análisis de costo-beneficio de esta técnica revela una tensión entre la rentabilidad financiera inmediata y la viabilidad económica a largo plazo. El primer obstáculo radica en la disponibilidad del recurso hídrico, el cual debe validarse mediante actividades de exploración y delimitación. Las regiones geográficas con mayor potencial de shale gas en México coinciden con zonas de estrés hídrico severo; destinar millones de litros de agua dulce para la fracturación de pozos implica restar recursos vitales para el consumo humano y las actividades agroindustriales de estados con alta producción manufacturera como Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. El costo económico de mitigar la escasez de agua resultante o de tratar los fluidos residuales altamente contaminados podría superar el margen operativo de los hidrocarburos extraídos, transfiriendo una carga financiera al Estado y a los contribuyentes.
A este reto operativo se suma la reconfiguración de los mercados financieros globales, los cuales penalizan de manera creciente los proyectos que no se alinean con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). El uso intensivo del fracking comprometería la calificación crediticia de las corporaciones involucradas y limitaría su acceso a fondos de inversión internacionales y a emisiones de bonos verdes, encareciendo su costo de capital. De manera simultánea, en un mundo que acelera su transición hacia matrices energéticas limpias, destinar grandes presupuestos a infraestructura fósil intensiva genera el riesgo de crear infraestructura que pierde valor comercial antes de recuperar su inversión.
En conclusión, México debe ponderar si el rendimiento de corto plazo del shale gas justifica los costos ocultos a largo plazo. Si bien la técnica promete mitigar la dependencia energética y activar la economía regional, también exige una reinversión de capital constante que podría comprometer el flujo de caja. Es necesario evaluar si la verdadera ventaja competitiva y de negocios radica en canalizar ese capital hacia la infraestructura solar, eólica y de almacenamiento, canalizando el capital hacia una matriz energética diversificada, sostenible y blindada contra la depreciación de los activos no convencionales.
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