Villa de Pozos es, por definición, un proyecto en construcción. Nace municipio cuando todavía no termina de inventarse a sí mismo: su identidad administrativa, su arquitectura institucional, su relación con el resto del área metropolitana y, sobre todo, su capacidad de producir bienes públicos con criterios propios —porque ésa era la idea de su creación—. En esa etapa temprana, lo que los actores políticos hagan —o dejen de hacer— pesa: porque no solo gobiernan, también modelan el tipo de municipio que será. Por eso, lo que acaba de ocurrir con el Concejo Municipal no es un episodio anecdótico; es una señal de alarma sobre el estilo de poder que puede quedar normalizado como regla. Y quisera no tener la necesidad de explicar lo que eso significaría para un municipio como ése.
Aquí entra una exigencia simple, pero no siempre practicada: estatura política. No la estatura como exhibición de solemnidad, sino como conducta de responsabilidad: prudencia, racionalidad institucional, respeto a la legalidad, sensibilidad social y una vocación mínima por la rendición de cuentas. Estatura política es entender que la investidura no es un premio; es un mandato para actuar con límites, con capacidad, consecuencias y con visión de largo plazo. Y si algo requiere límites y visión es un municipio recién creado, donde cada decisión funda precedentes. No lo han entendido.
Hay que decirlo en voz alta: un municipio puede llegar a ser tan grande como la calidad de las políticas que emprende su gobierno. Grande no solo en presupuesto o infraestructura; grande en la capacidad de planear, priorizar, ejecutar y medir. Grande en la claridad con la que define qué problemas va a resolver primero y cómo, con qué instrumentos y bajo qué criterios. Grande en la calidad del servicio público y en la seriedad con la que cuida el interés general. Y esa grandeza no se hereda: se construye.
Lo ocurrido en Villa de Pozos —la controversia pública, el desgaste, el relevo abrupto, la narrativa de cuotas y recompensas— camina en la dirección opuesta. En lugar de fortalecer confianza institucional, la erosiona. En lugar de consolidar una transición ordenada, la enturbia. En lugar de inaugurar una cultura de gobierno municipal basada en prioridades, transparencia y resultados, instala el mensaje de que el nuevo municipio puede ser administrado como un espacio de negociación política de corto aliento.
La estatura política implica reconocer un hecho que muchos actores prefieren ignorar: en un municipio naciente, la legitimidad es frágil. No se sostiene solo con decretos o nombramientos; se sostiene con decisiones congruentes y con resultados observables. Si el primer contacto entre ciudadanía y su nuevo gobierno se llena de sospechas, escándalos o arreglos opacos, el costo no lo paga únicamente el Concejo en turno. Lo paga la institución municipal misma. Y lo paga la gente, que empieza a asociar “municipio propio” con “política de siempre”.
En esta discusión no puede escaparse un punto central: la responsabilidad política de quienes están designando a las autoridades. Cuando un Congreso nombra, cuando el Ejecutivo influye, cuando los partidos negocian, no solo asignan cargos. Asignan rumbo. Definen incentivos. Deciden si el nuevo municipio será una escuela de gobierno o un botín de transición. Por eso, designar autoridades para Villa de Pozos no debería ser un trámite ni un reparto. Debería ser un acto de Estado: perfiles con solvencia técnica mínima, conocimiento del territorio, sensibilidad social y un compromiso verificable con la integridad.
La responsabilidad, además, no se agota en el nombramiento. Continúa en el acompañamiento institucional: reglas claras, controles, auditoría, transparencia proactiva, y una exigencia pública de resultados. Si las autoridades designadas fracasan por falta de capacidades, por conflictos de interés o por una lógica de incentivos mal diseñada, la pregunta no es solo “¿qué hicieron ellos?”, sino “¿quién los puso y con qué criterios?”. En un municipio recién nacido, el origen importa. Y eso es una responsabilidad política y pública.
¿Y qué significa estatura política, concretamente, para los actores involucrados? Para el Concejo (el que esté), significa abandonar la tentación de verse como una administración provisional sin costos reputacionales. No existe la provisionalidad en la confianza pública: cada acto cuenta. Para el Congreso, significa entender que el nombramiento no es una moneda de negociación, sino un acto que debe resistir escrutinio. Para el Ejecutivo estatal, significa asumir que gobernar es construir instituciones. Para los partidos, significa renunciar al reflejo de repartir posiciones como si el municipio fuera una delegación más en el tablero. Para los liderazgos locales y comunitarios, significa exigir, vigilar y participar sin aceptar la normalización de la mediocridad.
Villa de Pozos necesita menos escándalo y más administración pública seria. Lo contrario —lo que ya vimos— es el camino seguro hacia un municipio pequeño: pequeño en ambición pública, pequeño en confianza ciudadana y pequeño en capacidad institucional.
La caminera
Morena anuncia una acción de inconstitucionalidad para revertir la reforma electoral en San Luis que obligaría la postulación exclusiva de mujeres para la gubernatura en 2027. Todo este tema se trata de todo menos de paridad.
X. @marcoivanvargas