La reciente reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 31 de diciembre de 2024, deja en claro una cosa: el gobierno actual prefiere apostar por un sistema punitivo antes que garantizar los derechos humanos y respetar las sentencias internacionales. La administración de Claudia Sheinbaum ha decidido apostar por la prisión preventiva oficiosa, una figura que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha calificado, sin matices, como una violación flagrante a la presunción de inocencia.
El decreto, cuyo origen es, por supuesto, su tutor el señor López, mantiene una larga lista de delitos que ameritan prisión preventiva automática, algunos de extrema gravedad, es cierto, pero sin que esto pueda ser el único criterio para encarcelar a alguien mientras se decide si es culpable o no.
El gobierno ha decidido ignorar las sentencias de la Corte Interamericana en casos como Garcia Rodríguez y otro vs. México y Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México, donde se dejó claro que la prisión preventiva oficiosa equivale a una pena anticipada y es contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
La sucedánea presidencial prefirió la rebeldía y la contumacia y optó por taparse los oídos y los ojos ante estas advertencias.
El discurso oficial justifica esta medida bajo el pretexto de combatir el crimen organizado y delitos de alto impacto. Sin embargo, en la práctica, la prisión preventiva oficiosa suele aplicarse con mayor frecuencia a personas sin recursos económicos, sin redes de apoyo y, en muchos casos, inocentes. Es una herramienta que termina castigando la pobreza más que combatiendo el crimen.
Esta reforma no solo enaltece el uso de la prisión como un mecanismo de control social, sino que además ignora los efectos devastadores de la sobrepoblación penitenciaria, un problema que México ya no puede darse el lujo de ignorar. Las cárceles están llenas de personas que esperan un juicio que quizá nunca llegue, mientras el verdadero poder criminal sigue operando con total impunidad, en algunos casos desde las sillas gubernamentales.
La prisión preventiva oficiosa ha sido señalada, una y otra vez, como una medida que debe ser eliminada o al menos transformada para garantizar que su aplicación sea excepcional y justificada. Incluso el exministro Arturo Zaldívar, actual porrista gubernamental, levantaba la voz contra esta medida.
No hay seguridad posible cuando el sistema judicial está diseñado para encarcelar antes de investigar. No hay justicia cuando una persona puede pasar años tras las rejas sin que se demuestre su culpabilidad. El Estado, con esta reforma, está legitimando la idea de que es mejor castigar primero y preguntar después.
La reforma establece plazos para que las legislaturas estatales armonicen sus leyes pero, aunque cumplan con estas disposiciones, el problema de fondo persistirá: México seguirá incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Y no es que nos vayan a juzgar internacionalmente: ya lo hicieron, ya nos condenaron y ahora Sheinbaum se decide a declararse rebelde ante la justicia internacional, llevando al país a un innecesario riesgo de sanción.
¿Por qué el gobierno está dispuesto a cargar con el costo político y moral de mantener esta medida? La respuesta parece ser que la prisión preventiva oficiosa es un recurso cómodo. Permite al gobierno mostrar “mano dura” sin tener que invertir en un sistema de justicia eficiente ni en cuerpos policiales capacitados.
La reforma al artículo 19 no es un triunfo para la seguridad, es un fracaso para la justicia, pues la prisión preventiva oficiosa es el símbolo de un sistema que prefiere encarcelar indiscriminadamente antes que cumplir con uno de los ideales del Estado mexicano.
México no avanza hacia un Estado de derecho sólido, sino que seguirá siendo un país donde la justicia llega tarde y mal o nunca.
@jchessal