Hay impuestos que nacen con vocación ética. Otros, con vocación recaudatoria disfrazada. El llamado impuesto ambiental —o impuesto sobre emanaciones contaminantes— en San Luis Potosí quiso presentarse como el primero: una herramienta moderna para corregir externalidades, incentivar mejores prácticas empresariales y financiar la reparación del daño ambiental. Sin embargo, a un año de su aplicación, la pregunta incómoda sigue flotando en el aire que respiramos: ¿dónde está el impacto ambiental real? Se cobran impuestos ecológicos, pero no hay resultados (ni el 1%).
No es una pregunta ideológica. Es una pregunta jurídica, democrática y profundamente ciudadana.
Desde su diseño, el impuesto fue defendido bajo un argumento sólido: quien contamina, paga. Hasta ahí, coincidimos. El problema no está en la existencia del tributo, sino en la ausencia de información clara, verificable y desagregada sobre su destino. Y cuando un impuesto ambiental pierde trazabilidad, pierde también legitimidad.
En un Estado constitucional de derecho, los impuestos con finalidad extrafiscal —como los ambientales— no pueden tratarse como una bolsa genérica de ingresos. Su razón de ser no es solo recaudar, sino corregir conductas y financiar bienes públicos específicos. Cuando eso no se acredita con datos abiertos, evaluaciones públicas y resultados medibles, el impuesto deja de ser verde y se vuelve gris.
La autoridad ha insistido en que la información existe, pero cuando se solicita de manera formal —recaudación exacta, programas financiados, montos asignados, dependencias ejecutoras, indicadores de impacto— la respuesta suele ser evasiva, incompleta o remitida a enlaces genéricos. Eso no es transparencia. Es simulación administrativa.
Y aquí conviene decirlo con claridad: la transparencia ambiental no es una concesión política, es una obligación constitucional. El derecho de acceso a la información y el derecho a un medio ambiente sano están íntimamente ligados. No se puede defender uno sin garantizar el otro. Sin información pública, la ciudadanía no puede evaluar si el impuesto realmente reduce contaminación, mejora el aire o restaura ecosistemas, o si simplemente engrosa el presupuesto sin destino ambiental claro.
Otro argumento recurrente es que el impuesto busca incentivar prácticas sostenibles. La idea es correcta. La realidad, por ahora, es dudosa. No existen evidencias públicas suficientes que permitan afirmar que las empresas estén modificando conductas de manera estructural como consecuencia directa del impuesto. Sin métricas, sin seguimiento y sin evaluación independiente, el incentivo se queda en el discurso.
Más delicado aún es el anuncio de estímulos fiscales, descuentos o exenciones para nuevas empresas o para aquellas que cuenten con certificaciones de “industria limpia”. En abstracto, suena bien. En concreto, plantea riesgos evidentes. Exentar sin verificar resultados ambientales reales puede vaciar de contenido al impuesto, generar inequidades y premiar el papel antes que la reducción efectiva de impactos.
Un incentivo mal diseñado puede convertirse en una puerta trasera para la elusión, no en una palanca de sostenibilidad.
Lo que este impuesto necesita no es defensa política, sino corrección institucional. Planeación clara, reglas públicas, proyectos ambientales identificables, indicadores de desempeño y rendición de cuentas periódica. Nada extraordinario. Nada que no exijan los principios básicos de legalidad, eficacia administrativa y progresividad de los derechos humanos. Todo lo que al gobierno de Gallardo le gusta violar.
Porque el fondo del asunto no es fiscal. Es ambiental. Y en un contexto de crisis climática, mala calidad del aire, estrés hídrico y pérdida de biodiversidad, la opacidad no es neutral: daña. Daña la confianza pública, daña la credibilidad institucional y, sobre todo, daña la posibilidad de construir políticas ambientales serias.
El impuesto ambiental todavía puede convertirse en una herramienta valiosa. Pero para lograrlo, el gobierno debe entender algo elemental: no basta con cobrar; hay que demostrar para qué y con qué resultados. Sin eso, cualquier discurso verde se marchita rápido.
Al final, el aire es lo más democrático que existe. Todos respiramos el mismo. Y cuando la política ambiental se llena de silencios, la contaminación no pregunta por colores ni discursos: simplemente se queda.
Dicen que el impuesto es verde, pero cuando se pregunta en qué se gasta, todo se vuelve gris. Verde el discurso, gris la información, y marrón —muy marrón— el aire que seguimos respirando. Quizá el problema no es que falte dinero, sino que sobra silencio. Porque cuando un gobierno cobra por contaminar pero no explica cómo repara el daño, el mensaje es claro: pague su culpa y siga igual. Y así, entre certificados, exenciones selectivas y portales que no dicen nada, el impuesto ambiental corre el riesgo de convertirse en lo peor que puede ser una política pública: una coartada elegante para no cambiar nada. Mientras tanto, el smog no pide comprobantes fiscales, ni la ciudadanía certificados de paciencia.
Esa es la verdadera quintaesencia del problema.
Delirium Tremens.- En el rincón de las obviedades, la titular de la SEGAM, Sonia Mendoza, nos dice que el aire estará malo… ¡como si no lo supiéramos! Los potosinos no necesitamos que nos repitan lo evidente, sino que nos digan con claridad qué va a hacer el gobierno para enfrentarlo. Menos verdades de Perogrullo y más acciones concretas: eso es lo que realmente exigimos.
@luisglozano