¿La denominada “peor crisis” en la historia del Instituto Nacional Electoral puede explicarse únicamente por la conducta de su expresidenta? La pregunta importa porque de su respuesta depende qué se investigará, quiénes rendirán cuentas y qué habrá de corregirse. Concentrar la explicación en Guadalupe Taddei ofrece una salida políticamente cómoda y operativamente perezosa: permite que quienes todos los actores que participan en la conducción, el diseño y la vigilancia del Instituto se presenten ahora como espectadores de su deterioro.
La renuncia de Taddei, anunciada el 25 de octubre, ocurrió en medio de señalamientos que deben esclarecerse y cuyas responsabilidades corresponde acreditar. Su salida no sustituye esa obligación. Tampoco garantiza, con su firma, que las condiciones institucionales que hicieron posible la crisis hayan desaparecido. Una presidencia puede terminar; las relaciones de poder y las prácticas administrativas pueden sobrevivir.
Conviene preguntarse también el diagnóstico. He escuchado que se habla de que estamos ante la peor crisis de la historia del Instituto. Esto exige precisar qué se está midiendo: ¿la gravedad de las presuntas irregularidades, la ruptura de la conducción colegiada, la confianza pública, la capacidad de organizar una elección? El superlativo grita alarmas, pero aporta poco si solo sirve para clausurar la explicación en una sola persona. Soy de la idea de que cuanto más profunda se considere una crisis, más difícil resulta sostener que tuvo una sola protagonista.
Seamos serios. Los partidos tienen cuentas que rendir. Intervienen en las reglas de integración y funcionamiento del árbitro y cuentan con representación para observar y cuestionar sus decisiones. Su responsabilidad debe examinarse a partir de actuaciones concretas: qué facultades promovieron, qué controles defendieron, qué información solicitaron y cómo respondieron a las advertencias. La indignación posterior no borra las decisiones anteriores. Decisiones que se tomaron por personas con nombre, apellido y cargo actual.
Pienso que la revisión también alcanza a las consejerías. El Consejo General es un espacio de dirección institucional, y esa condición exige explicar cómo se ejercieron sus responsabilidades. ¿Qué conocieron, cuándo lo conocieron y qué hicieron con ello?. Entiendo la parte formal del impedimento de acceso a la información pro también tengo la experiencia suficiente en las instituciones como para afirmar que quien forma parte del órgano superior de dirección de un órgano, no conoce solo lo formal: faltaba más. La corresponsabilidad no supone una culpabilidad; pero sí exige distinguir entre quienes objetaron, quienes acompañaron y quienes omitieron actuar.
Las denuncias de presiones y amenazas formuladas por la consejera Rita Bell López vuelven especialmente urgente esa revisión. Deben investigarse y, al mismo tiempo, obligan a preguntar qué vías existían para denunciar, obtener información y ejercer el cargo sin intimidación. Si esos mecanismos hoy son insuficientes o no son transitables, estamos también ante un problema de gobierno interno.
Los dispositivos de vigilancia tampoco pueden quedar fuera. El Órgano Interno de Control, las auditorías y los procedimientos de supervisión tienen que explicar sus alcances y resultados: qué revisaron, qué detectaron y qué seguimiento dieron. La existencia de controles ofrece pocas garantías cuando parecen carecer de eficacia.
Hay un problema de gobernanza. En la sesión del 27 de octubre se cuestionó la concentración de atribuciones en la presidencia y se reivindicó la colegialidad. Esa discusión debe traducirse, sin regateos ni simulaciones, en reglas efectivas para los nombramientos, la circulación de información y la supervisión administrativa. Gobernar colegiadamente exige mucho diálogo, deliberación y contrapesos; también requiere capacidad para decidir y ejecutar. Esto no es para cualquiera.
El asunto es de asombro por el halo de confianza que el INE ha podido presumir por años. Recuperar la confianza exige investigar las conductas individuales pero también revisar el funcionamiento institucional, con responsabilidades diferenciadas y consecuencias verificables. Defender al INE implica someterlo a ese escrutinio. Si la explicación termina en la expresidenta, quedará pendiente la pregunta decisiva: ¿qué cambiará para impedir que vuelva a ocurrir?.
La Caminera
Murió Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Guste o no, la historia de la democracia en México no puede contarse sin él. Descanse en paz.
X.@marcoivanvargas