Maurice Merleau-Ponty escribió que antes de explicar el mundo, lo percibimos. Hay momentos en que en México no entendemos lo que ocurre por falta de datos, sino por exceso de versiones.
Eso ocurre con el escándalo de las extradiciones. Se nos dice que no hay subordinación, sino reciprocidad; que no hay pruebas suficientes, pero sí acusaciones graves; que no hay protección política, pero tampoco claridad institucional. En ese laberinto de palabras, el ciudadano común no necesita conocer todo el expediente para percibir algo preocupante, porque México parece estar perdiendo el control narrativo y jurídico de su propio territorio.
La cuestión no consiste en defender delincuentes, funcionarios acusados o gobernadores bajo sospecha. Ese es un falso dilema que se aprecia demasiado cómodo. Nadie sensato puede sostener que un país deba proteger a criminales por orgullo nacional. Pero tampoco es sano que la justicia mexicana parezca activarse sólo cuando Estados Unidos toca la puerta, muestra una carpeta o pide a alguien. Si sabían, ¿por qué no se investigaron antes aquí? Si no eran conocidos, ¿qué dice eso de nuestras instituciones? Y si eran conocidos pero tolerados, entonces el problema ya no es de extradición, sino de Estado.
Merleau-Ponty ayuda a entender algo que los comunicados del oficialismo no alcanzan. La soberanía no es solamente una categoría constitucional, es también es una percepción pública. Un país se sabe soberano cuando sus instituciones actúan con oportunidad, explican con claridad, investigan con autonomía y sancionan con autoridad propia. En cambio, cuando la verdad llega primero en inglés, en una acusación extranjera, en una corte lejana o en la filtración de una agencia gubernamental de los vecinos del norte, la soberanía deja de sentirse como una estructura firme y empieza a sentirse como una fachada.
El gobierno puede decir que defiende la soberanía, la oposición puede decir que exige justicia y Washington puede decir que combate al narcotráfico, pero, en realidad, el ciudadano percibe funcionarios mexicanos señalados desde afuera, expedientes que parecen madurar más rápido en Nueva York que en la Fiscalía General de la República, discursos patrioteros posteriores, y una cooperación bilateral que a veces más bien parece autoritarismo unilateral.
El problema de fondo es que México ha permitido que la extradición se vuelva teatro de sustitución. Cuando aquí no se investiga, allá se acusa; cuando aquí no se procesa, allá se juzga, cuando aquí se oculta, allá se filtra. Así, el país necesita colaboración internacional porque el crimen organizado opera más allá de las fronteras, pero cada solicitud externa desnuda una insuficiencia sistémica interna.
El narcotráfico es transnacional: mercado, armas, dinero, precursores químicos, redes financieras y demanda cruzan fronteras. La cooperación con Estados Unidos es indispensable. Habría que avisarle a la presidenta.
Sheinbaum y sus allegados olvidan gravemente que la ciudadanía no sólo razona la política, la siente. Percibe cuándo una explicación es insuficiente, cuándo un silencio pesa, cuándo un funcionario es evasivo en responder, cuándo una frase de precario nacionalismo intenta tapar una rendija. Cuando demasiada gente cree que el poder no dice todo, el daño institucional ya empezó.
No basta preguntar si Estados Unidos tiene pruebas suficientes, hay que preguntar por qué México no ha construido una justicia capaz de producirlas, valorarlas y usarlas con credibilidad propia; hay que preguntar por qué Ernestina Godoy siempre llega tarde.
Soberanía es tener policías confiables, fiscalías técnicas, jueces independientes, inteligencia financiera seria, cárceles seguras y gobiernos locales no capturados. Es, en resumen, que la justicia mexicana no parezca una sala de espera de la justicia estadounidense.
México no sólo enfrenta un escándalo de extradiciones, enfrenta la percepción de que el Estado llega tarde a su propia verdad.
X: @jchessal