En 2024 se aprobó una reforma constitucional para desaparecer al INAI y trasladar sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (una dependencia del gobierno federal). El INAI tenía entre sus funciones vigilar que las entidades del gobierno entregaran información pública a ciudadanos que la solicitaran y que tanto entes públicos como privados protejan los datos personales y restrinjan su uso a fines consentidos y legales. A partir de la reforma, la decisión de dar acceso a la información pública quedó en manos de la propia autoridad y el uso de datos personales, a cargo del Estado, sin mediar contrapeso alguno. A nivel local, se eliminaron todos los organismos de transparencia y algunos gobiernos simplemente dejaron de cumplir con las normas en la materia.
Estas reformas no fueron de poca importancia en términos de sus implicaciones para la democracia mexicana y los derechos. El acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, son pilares de la democracia liberal. Permiten a la ciudadanía supervisar el uso de los recursos públicos —y así prevenir la corrupción—, conocer las decisiones que toman las autoridades y las formas en que utilizan los recursos. A nivel internacional, incluso, se ha reconocido al derecho a la información como fundamental para el ejercicio de otros derechos como el derecho a la salud, a la educación y el acceso a la justicia. Más aun, la desaparición del INAI detuvo el acuerdo entre México y la Unión Europea para intercambiar datos en materia de narcotráfico y terrorismo. La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial exige que se cumplan ciertos estándares en materia de protección de datos para evitar abusos de la autoridad. Sin embargo, sin un órgano autónomo, México no cumple con esa condición.
Hace unas semanas, la organización Artículo 19, presentó su informe anual sobre el estado de la libertad de prensa, acceso a la información y violencia contra la prensa en México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Cuba. En el documento la organización señala los retrocesos que regionales en la materia. México encabeza la lista regional de violencia contra periodistas. Además, se registraron 451 agresiones contra la prensa en México y un acoso constante a la prensa por vías judiciales. Las agresiones suelen ir acompañadas de un silencio por parte de la autoridad a la vez que se ha establecido un sistema de espionaje estatal.
En términos de acceso a la información, los resultados de la reforma son los esperados. El “nuevo diseño expandió las causales de reserva y abrió zonas grises que amplían la discrecionalidad para negar información.” De acuerdo con la organización, en sus primeros meses, Transparencia para el Pueblo desechó 99.6% de los 2253 recursos de revisión recibidos.
En varios países de la región es posible constatar un retroceso democrático. México no es la excepción. Sin Poder Judicial independiente, sin instituciones autónomas de acceso a la información y con un uso recurrente del sistema judicial para silenciar voces críticas, se construye un Estado más opaco y violento en el que languidecen democracia y derechos. Hoy, este andamiaje sirve al régimen, pero si algo muestra el presente regional es que el péndulo sigue su marcha. Mañana el régimen de opacidad y espionaje pasará a manos del de enfrente.
@cataperezcorrea
(Doctora en derecho)