El próximo mes de diciembre se cumplen cuarenta y tres años del decreto de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE-1977). Esta ley fue promovida desde la secretaría de gobernación del poder ejecutivo federal (presidencia de la república) en la administración (1976-1982) de José López Portillo, con el objetivo de “ofrecer una opción de acción política legítima tanto a los que habían rechazado como a los que habían optado por la violencia” (www.diputados.gob.mx/museo/s_nues11.htm).
Abrir el sistema político mexicano controlado por una clase gobernante a través de un partido hegemónico era, entonces, un imperativo para conservar el Estado Mexicano. Es decir, para evitar que el país entrara en una lucha violenta generalizada por el poder que atentara contra la integridad del Estado-Nación.
Así entendemos la lógica con la cual, el entonces secretario de gobernación, Jesús Reyes Heroles (1921-1985) convoca en abril del mismo año a intelectuales (hoy denominados académicos) políticos y líderes de oposición al régimen para discutir sobre la lucha legítima por el poder político en nuestro país.
Cuarenta y tres años después, nos encontramos en un contexto social tal que se ha perdido la posibilidad sencilla de identificar a quiénes luchan por sus intereses personales frente a quienes luchan por un interés social.
Como evidencia de esto dicho, considere usted lo que en los medios se publica: que un grupo delictivo amenaza a la autoridad con escalar la violencia como reacción a la supuesta protección que la autoridad brinda a otro grupo delictivo; que un exmando militar es detenido fuera del país bajo la presunción de haber utilizado el poder para proteger a un grupo delictivo, pero, que este mismo personaje es repatriado y puesto en libertad en tanto que, en nuestro país, se le seguirá el debido proceso.
Así mismo, considere que, partidos políticos que antaño fundaron su razón de ser en el antagonismo político, hoy, simplemente, se alían en un lugar sí y otro no del espectro geopolítico del país para luchar por el poder contra…. ¿contra quién?, ¿contra qué?
Nos encontramos en un escenario que requiere ser descrito y entendido a cabalidad para dar certidumbre a nuestro acontecer.
En qué forma y cuánto hemos (como sociedad en general) propiciado la proliferación de grupos delictivos que hoy nos asolan. Es esta proliferación resultado de la política del Estado-Gobierno Mexicano o, es resultado de la apatía social frente a la responsabilidad de educarnos para hacer posible la convivencia social o, ambas condiciones.
El discurso dado en Chilpancingo, Guerrero -en abril de 1977 - con el que don Jesús Reyes Heroles inaugura el proceso de discusión para integrar una nueva certidumbre política que diera legitimidad al poder político, se ha interpretado como un hecho simbólico dirigido hacia quienes habían optado por la violencia en la lucha por el poder (los grupos guerrilleros).
En ese entonces, había quienes se planteaban utilizar la facultad de la violencia legítima del Estado para someter a los grupos que actuaban fuera de la ley. Mientras que, quienes se encontraban “fuera de la ley”, apelaban por el reconocimiento de su derecho a competir por el poder desde una visión distinta, e incluso opuesta a quienes detentaban el poder.
La apertura política lograda en ese entonces nos ha convertido en lo que somos ahora como sociedad política. Nos identificamos como una sociedad democrática. Hay una amplia gama de opciones políticas integradas y reconocidas como partidos; una representación plural y una alternancia en ciernes. Subyace en ello la confianza en la capacidad personal de elegir.
¿Somos una mejor sociedad?... usted juzgue.
Lo que es evidente es el grado de violencia en que vivimos. Querámoslo o no, somos parte de la sociedad violenta y, me parece, es imprescindible darnos cuenta de ello.
La criminalización de la violencia no ha logrado contenerla, su fuerza y su prolongación en el tiempo nos impele a mirarla con más profundidad; de tal forma que nos permita redimensionarla socialmente.
Tal vez sea necesario mirar la violencia como una expresión del miedo al dolor, al sufrimiento, siguiendo caminos poco explorados hasta su ubicarla en su banalización expresada en tantos y abrumadores hechos delictivos de nuestra vida cotidiana.
Todo parece indicar que la apertura política, por sí misma, no nos ha traído la justicia social que apacigüe el dolor humano e impida utilizar ese miedo soterrado como motivación para empoderar a quienes luchan por su interés personal argumentando el interés social desde la arena política; esos a quienes explotar la ignorancia les resulta natural.
Cuarenta y tres años de apertura política no nos han permitido una sociedad más justa y el mismo miedo al dolor y al sufrimiento recorre los años, generación tras generación. De ahí que los estudios sociales en México nos indiquen que la gran mayoría de las personas que nacen pobres, morirán en la pobreza. Esto es, que las oportunidades de una vida digna disminuyen para quienes menos tienen.
Entendemos que el dolor y el sufrimiento son connaturales; que sería absurdo aspirar a suprimirlos de nuestra naturaleza. No obstante, asumir que nos constituyen, sin negarlos, nos permite atenderlos para que el instinto de conservación no nos impulse a rebelarnos.
Mirar la violencia como una “condición-humana-motivada” puede permitirnos entender que tener la esperanza de encontrar alternativas para atender el sufrimiento es un medio para contenerla y, en consecuencia, entender que crear esos medios es un imperativo social tan miserablemente atendido que, la actual situación de salud pública (covid), lo ha mostrado en su desnudez.
Vista a la distancia, la reforma política de 1977 representa el reconocimiento de los otros, aquellos con quienes compartían el mismo suelo y el mismo cielo, aunque, con ideas diferentes. La reforma representó la escucha y, en consecuencia, la apertura; permitió transitar a un nuevo estadio social que superó la violencia de entonces. Permitió pasar de la simulación a la sinceridad.
En el contexto de lo señalado y, frente al inminente proceso electoral del 2021, caben las preguntas: ¿Contra qué luchan los tantos a quienes la ley de 1977 les dio la oportunidad de luchar por el poder?
¿Cuál es la lógica de la lucha por el poder actualmente?
En medio de las condiciones sociales que prevalecen pareciera que el objetivo de la lucha por el poder es indecible… ¿nos corresponde hacer algo para conservar nuestro Estado-mexicano o, será la inercia la que nos lleve a la orilla de este mar de violencia embravecido?
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