Entre enero y diciembre de 2024 se documentaron 94 eventos de agresión, incluyendo 25 personas defensoras asesinadas por proteger el medio ambiente, según el Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2024 que recién presentó CEMDA.
Francisco “Chico” Mendes, el legendario recolector de caucho brasileño, nos dejó una frase que resuena con más fuerza que nunca: “la ecología sin lucha social es solo jardinería”. Asesinado en 1988 por defender la Amazonía, Mendes comprendió algo que muchos gobiernos aún no entienden: proteger el medio ambiente significa proteger a las personas que dependen de él.
Su legado se suma al de gigantes como Jane Goodall, quien revolucionó nuestra comprensión de los primates; Greta Thunberg, cuya voz juvenil despertó conciencias mundiales; Rachel Carson, arquitecta de la protección ambiental moderna; y Wangari Maathai, la visionaria keniana que plantó millones de árboles contra la desertificación africana. “Ser ecologista en el primer mundo es relativamente fácil. Prueba a serlo en Kenia como mujer”, decía Maathai, ganadora del Nobel de la Paz.
También recordamos a Al Gore por centrar el calentamiento global en el debate público, a Jacques Cousteau por abrir nuestros ojos a los misterios oceánicos, y a Daniel Janzen por demostrar que los ecosistemas degradados pueden recuperarse, como en Guanacaste, Costa Rica.
Sin embargo, en México, ser defensor ambiental equivale a firmar una sentencia de muerte. La lista de mártires ambientales mexicanos es extensa y dolorosa. Isidro Baldenegro López, líder rarámuri galardonado con el premio Goldman, fue ejecutado por proteger los bosques de la Sierra Tarahumara. Benjamín Juárez José cayó en Oaxaca por oponerse a la devastación minera. Guadalupe Campanur Tapia, la valiente purépecha que fundó los guardabosques de Cherán, fue silenciada. Quintín Salgado murió por exigir estudios ambientales sobre contaminación minera. Manuel Gaspar Rodríguez fue eliminado por denunciar la complicidad entre autoridades y empresas en “proyectos de muerte”. José Medel Jiménez Cruz encabezó la resistencia nacional contra la minería a cielo abierto. Margarito Díaz González protegía sitios sagrados wixáricas de mineras canadienses. Samir Flores Soberanes fue asesinado por oponerse al Proyecto Integral Morelos. José Luis Álvarez Flores protegía el santuario del mono saraguato cuando recibió amenazas mortales. El que más me duele, Homero Gómez González, administrador del santuario El Rosario, llamaba a las mariposas monarca “las novias del sol, el alma de los muertos, patrimonio de la humanidad”. Su pasión le costó la vida en enero de 2020. Días después, Raúl Hernández Romero, otro protector de mariposas monarca, corrió la misma suerte.
No olvido cuando en el sexenio del “hampón ambiental” de Carreras, fui denunciado por exigir que se midiera la calidad del aire en San Luis Potosí. Las agresiones han continuado: el gobernador actual me ha atacado por ejercer el activismo jurídico que ha permitido la supervivencia de muchos árboles urbanos. Esta persecución demuestra cómo el poder político criminaliza a quienes ejercemos nuestro derecho constitucional a un medio ambiente sano.
La impunidad reina mientras los verdaderos criminales ambientales permanecen libres, y quienes defienden nuestra casa común son tachados de delincuentes. Esta paradoja cruel debe terminar.
Proteger a los defensores ambientales no es solo responsabilidad gubernamental; es un imperativo social que nos compete a todos. Estos guardianes son nuestros sensores más sensibles ante la destrucción ambiental, vigías que alertan sobre peligros que afectan a toda la humanidad. Cuando silencian a un defensor, eliminan años de conocimiento tradicional, rompen tejidos comunitarios y envían un mensaje de terror a otros.
Defendamos a quienes nos defienden. Su supervivencia es, literalmente, la nuestra. Un minuto de silencio. Requiescat in pace.
Delírium trémens.- Varias personas se han comunicado con nosotros para informar que SEDUVOP podría estar incumpliendo la suspensión concedida en el juicio de amparo que prohíbe expresamente la tala o derribo de árboles en el área de ampliación del Río Santiago. Desde Cambio de Ruta agradecemos profundamente a quienes ya nos han contactado y solicitamos a la ciudadanía que, en caso de contar con fotografías, videos o cualquier otra evidencia que documente estos hechos, nos la hagan llegar a cambioderutaslp@gmail.com para integrarla al expediente y fortalecer la defensa legal del entorno.
@luisglozano