Un presupuesto puede parecer una sucesión de cifras, pero detrás de cada partida hay personas. Hay policías que enfrentan delincuentes sin capacitación suficiente, con salarios bajos, prestaciones precarias y equipos deficientes. Hay ministerios públicos saturados que deben integrar decenas de carpetas al mismo tiempo. Y hay madres que buscan con sus propias manos porque el Estado no sabe si sus hijos permanecen sin nombre en algún depósito forense.
El presupuesto aprobado para 2027 revela qué instituciones decidió fortalecer el gobierno y cuáles pueden seguir esperando. La Guardia Nacional recibirá 31,487 millones de pesos, casi ocho mil millones más que en 2026, lo que representa un crecimiento real de 29 por ciento. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una institución civil que también debe fortalecerse, tendrá 64,487 millones, 3.9 por ciento más en términos reales. El contraste es revelador: el presupuesto de la Guardia Nacional (GN) militar crece a una velocidad más de siete veces mayor.
La desigualdad no sólo está en el tamaño de los aumentos, sino en la claridad con la que se asignan. Mientras la Guardia Nacional tiene una partida propia y creciente, no podemos saber cuánto llegará realmente a las estatales y municipales.
El FASP y el FOFISP sumarán 11,649 millones de pesos, tan solo poco más de una tercera parte del presupuesto de la GN. Sin embargo, esos fondos no se destinan exclusivamente a policías. Deben repartirse entre profesionalización y equipamiento policial, fiscalías, cárceles estatales, servicios forenses, centros de emergencia, bases de información y búsqueda de personas.
La falta de una partida específica termina convertida en carencias concretas. Las policías locales son las primeras en responder cuando una familia denuncia un robo, una extorsión o una desaparición, pero para ellos los recursos escasean.
La precariedad continúa en las fiscalías. La GN puede detener a un presunto delincuente, pero después alguien debe investigar, reunir pruebas, proteger testigos y presentar una carpeta sólida ante un juez. Para eso se necesitan ministerios públicos, peritos y policías de investigación suficientes y preparados. También defensorías públicas capaces de garantizar procesos legales. Sin esas instituciones, las detenciones terminan en expedientes mal integrados, liberaciones o procesos interminables.
El abandono de las capacidades locales tampoco termina ahí. Los diputados añadieron 300 millones al programa que subsidia a las comisiones locales de búsqueda. La corrección debe reconocerse, pero también dimensionarse: la GN obtuvo casi ocho mil millones adicionales. La ampliación para buscar personas equivale a menos de cuatro por ciento de ese aumento.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no recibió recursos adicionales durante la discusión y conservó los 1,230 millones propuestos originalmente, prácticamente el mismo presupuesto en términos reales. Tampoco existe una partida que permita identificar cuánto se destinará específicamente a identificación humana.
Esta falta de recursos y claridad tiene consecuencias profundamente humanas. En un país con decenas de miles de cuerpos sin identificar, hay madres escarbando la tierra mientras sus hijos podrían encontrarse desde hace años en una fosa común, un servicio forense o un depósito ministerial. Buscar también significa comparar huellas, perfiles genéticos, expedientes y cuerpos. Sin personal, laboratorios, bases compatibles y coordinación institucional, la identificación depende más del trabajo de las familias que de la capacidad del Estado. México no necesita escoger entre instituciones federales y locales. Necesita que todas funcionen. Multiplicar operativos y detenciones puede producir fotografías y conferencias, pero no reduce la impunidad si las policías carecen de capacidades para investigar, las fiscalías no pueden probar y los servicios forenses no logran devolver un nombre. El presupuesto fortalece la capacidad de detener; vuelve a dejar atrás la capacidad de hacer justicia.
*Presidenta de Causa en Común