El presupuesto público debe ser administrado de tal forma que garantice el ejercicio y goce de todos los derechos humanos establecidos en la Constitución Política por parte de todas las personas y no son los derechos los que se otorgan en función de si alcanza o no el presupuesto.
En el rubro de la salud, no es aceptable que con el argumento de insuficiencia de recursos, adopción de mecanismos que permitirán ahorrar dinero en la compra de medicinas o por impago o retrasos en los pagos a proveedores no se distribuyan en tiempo los medicamentos necesarios para abastecer a la totalidad de las clínicas y hospitales públicos.
El tratamiento contra el cáncer o la medicación necesaria para cualquier enfermedad crónica deben estar siempre disponibles para todas las personas que lo requieran dentro del sistema de salud pública, pero la realidad es distinta.
El Instituto Mexicano del Seguro Social, “IMSS”, tiene 22,517.076 personas afiliadas a diciembre de 2025, esta cifra no incluye a personas beneficiarias, aquellas que no están afiliadas por no ocupar un puesto de trabajo formal, pero que son derechohabientes por la pareja u otro familiar afiliado.
El director del IMSS dijo, en noviembre de 2025 en comparecencia ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que el Instituto brinda protección social a 78 millones de personas tras la incorporación de trabajadoras del hogar, trabajadores independientes y de plataformas digitales.
Por su parte, el IMSS Bienestar, sistema destinado a personas que no cuentan con seguridad social (IMSS o ISSSTE), reportó en 2025 un total de 10.7 millones de personas adscritas.
Conociendo las cifras de personas con acceso formal a los servicios de salud pública, hablemos de la situación real del abasto de medicinas y la puntualidad con la que los pacientes las reciben.
El gobierno mexicano decidió cambiar el esquema de adquisición de medicamentos a uno de compras consolidadas con el objetivo de combatir la corrupción en los procesos de licitación y mejorar los precios.
El Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, examinó 156 mil procesos de compras de medicamentos realizados por la Administración Pública Federal entre 2018 y 2022 publicados en Compranet.
Los datos muestran que se logró reducir de 76% (2018) a 30% (2022) el monto concentrado por las diez empresas que más medicamentos le vendieron al gobierno. Sin embargo, este nuevo esquema de compras consolidadas derivó en incrementos en el precio y se observaron malas prácticas en la adquisición de medicamentos.
Según el IMCO, los contratos de medicamentos se hicieron con montos más pequeños, contrario al objetivo de las compras consolidadas que busca comprar en volúmenes grandes con precios de mayoreo, disminuyó el nivel de competencia en los procedimientos de compras del sector salud y las instituciones públicas de salud fueron obligadas a realizar adquisiciones con poco tiempo, lo que implicó condiciones de desventaja para negociar mejores precios.
El resultado: fragmentación en los contratos, compras de urgencia y aumento de precios de los medicamentos.
Actualmente, se han realizado compras bianuales y el Gobierno Federal, en enero de 2026, reportó un abasto del 97%, pero reconoce que el problema para llegar al 100% es la distribución, que también requiere presupuesto, pues de nada sirve adquirir los medicamentos si no se tienen los medios para hacerlos llegar a las personas que los necesitan en el momento en el que los necesitan.
En contraste, la organización Nariz Roja, que apoya a pacientes de cáncer, señaló que 2025 ha sido el peor año en lo que se refiere a desabasto de medicamentos oncológicos.
Es posible que sólo haya un 3% de faltantes, pero si ese 3%, aparentemente bajo, es en medicamentos oncológicos, en insulina o antibióticos, la situación es grave sin importar ese 97%, ya que el problema es estructural, de diseño y planeación de la entrega en tiempo y forma y no sólo de porcentaje.
Los derechos no son negociables, el presupuesto sí, y esas negociaciones deben, forzosamente, priorizar los mecanismos que garanticen el ejercicio de los derechos humanos establecidos en la Constitución.
Norma Lucía Valenzuela / Profesora en el Tecnológico de Monterrey en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno