El 19 de abril de 2016, Cambio de Ruta presentó su primer juicio de amparo. El tema era el aire. No el aire como metáfora, ni como adorno poético para discursos oficiales del Día Mundial del Medio Ambiente, sino el aire real: el que entra a los pulmones, el que respiran niñas, niños, adultos mayores, ciclistas, peatones, trabajadores, estudiantes y toda persona que habita esta ciudad.
Aquel primer amparo reclamaba algo que parecía elemental: contar con un sistema eficaz, verificable y público para conocer la calidad del aire en San Luis Potosí. Saber si el aire que respiramos es bueno, regular, malo o francamente peligroso no debería depender de la intuición, del ardor en los ojos, del color del horizonte o del humor de la autoridad. La calidad del aire no es un dogma. Debe medirse, explicarse y publicarse con evidencia científica.
Ahí empezó el camino. No comenzó con una oficina llena de recursos. No comenzó con una estructura profesional de incidencia pública. No comenzó con grandes financiamientos, ni con reflectores, ni con aplausos. Comenzó con una convicción incómoda: si el medio ambiente sano es un derecho humano, entonces debe poder exigirse. Y si puede exigirse, también debe poder litigarse.
En 2016, Cambio de Ruta tomó inicialmente una sola problemática: el aire. La idea era esperar a que ese asunto tuviera un resultado aceptable para después continuar con otra causa. Pero pronto descubrimos algo tan obvio como brutal: el ecosistema está interconectado. El aire lleva al agua; el agua lleva al suelo; el suelo lleva al árbol; el árbol lleva a la ciudad; la ciudad lleva a la salud; la salud lleva a la dignidad; y la dignidad, cuando se toma en serio, conduce inevitablemente a los derechos humanos.
Así entendimos que no había una sola causa ambiental aislada, sino una trama completa de omisiones, negligencias, simulaciones, permisos opacos, planes inexistentes, políticas públicas maquilladas y autoridades demasiado acostumbradas a que nadie les preguntara nada.
Desde entonces, Cambio de Ruta ha usado el derecho no como ornamento académico, sino como herramienta de defensa pública. El litigio estratégico ambiental no consiste únicamente en presentar demandas. Consiste en abrir expedientes, obligar respuestas, generar información, incomodar silencios, activar ciudadanía, construir precedentes y recordarle al poder que el territorio no es suyo.
El primer amparo sobre calidad del aire nos enseñó que la justicia ambiental suele iniciar con una pregunta sencilla: ¿quién responde por lo que respiramos? Esa pregunta parece simple, pero incomoda demasiado. Porque obliga a hablar de estaciones de monitoreo, de partículas suspendidas, de salud pública, de vigilancia epidemiológica, de zonas industriales, de transporte, de ladrilleras, de quemas, de emisiones, de omisiones y de una verdad que ningún gobierno quiere admitir: respirar aire limpio no puede depender de la buena suerte.
A partir de ahí, el activismo jurídico ambiental dejó de ser una idea abstracta y se volvió método. Primero se pregunta. Luego se documenta. Después se exige información. Se revisan normas, decretos, permisos, programas, estudios, omisiones y contradicciones. Se presentan demandas cuando hace falta. Se solicita la suspensión cuando el daño puede ser irreversible. Se litiga, se comunica, se convoca y se insiste. Porque en materia ambiental, la pasividad también contamina.
Durante estos diez años aprendimos que muchas autoridades prefieren discutir la forma para no responder el fondo. Que cuando se les pregunta por un árbol, contestan con una banqueta. Que cuando se les pregunta por un parque, responden con un render. Que cuando se les pregunta por el aire, entregan una frase burocrática. Y que cuando se les exige participación ciudadana, descubren de pronto una extraña alergia a la transparencia.
Pero también aprendimos que la ciudadanía sí quiere saber. Que la gente entiende perfectamente cuando se le explica que un árbol adulto no se sustituye con una ceremonia de reforestación; que un parque no se rescata ocultando el proyecto; que un área natural protegida no se conserva sólo porque exista un decreto; que el aire no es invisible cuando enferma; y que el desarrollo no puede seguir usándose como palabra mágica para justificar cualquier destrucción.
Cambio de Ruta nació de esa incomodidad. Nació para demostrar que el derecho podía servir para algo más que resolver conflictos privados: también podía servir para defender bienes comunes.
Así empezó Cambio de Ruta: no con la certeza de ganar todas las batallas, sino con la convicción de que perder en silencio ya no era opción.
Delirium Tremens.- A 10 años del primer amparo por calidad del aire, seguimos preguntando lo mismo: ¿qué estamos respirando y por qué la autoridad no lo informa con claridad? Por eso, en Cambio de Ruta trabajamos en un Mega Amparo de la Calidad del Aire, para exigir monitoreo real, información confiable, control de emisiones, uso transparente de recursos públicos, estudios de salud, contingencias efectivas y participación ciudadana. El aire no se ve. La omisión, sí.
@luisglozano