Ciertamente, los programas sociales del gobierno federal no aparecen en el escenario nacional de la mano de Andrés Manuel López Obrador. Existen con variaciones de sus características desde hace décadas, siempre tuvieron una intencionalidad electoral subyacente, nunca fueron garantía de triunfos en las urnas y sus grados de eficacia variaron mucho. Lo que está llegando con AMLO son cambios importantes en lo cuantitativo y radicales en lo cualitativo.
Luego de esfuerzos un tanto dispersos, poco medidos y peor evaluados que se dan en los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo (Comisión Nacional de Zonas Áridas, Plan Huicot, Diconsa, Coplamar, etc.) es con Carlos Salinas de Gortari, a partir de 1989, cuando el Programa Nacional de Solidaridad sistematiza una gran variedad de programas, los dota de vastos recursos financieros, humanos e institucionales, y extiende sus alcances a todo el país.
La intencionalidad electoral de Solidaridad fue siempre muy clara, tanto que hacia 1993 se hablaba de la posibilidad de que con base en sus decenas de miles de comités comunitarios se fundara un nuevo partido, de corte salinista, que sustituyera al PRI. La rebelión zapatista y el asesinato de Luis Donaldo Colosio alteraron bruscamente todo el entramado político, de manera que hicieron imposible estimar la rentabilidad electoral de Solidaridad. En las elecciones de agosto de 1994 acudió a las urnas el 77.11 por ciento de los ciudadanos empadronados, todo un récord, pero esto siempre se ha entendido como una reacción social ante los riesgos de desestabilización que amenazaban al país.
Zedillo transforma Solidaridad en Proesa, con acento en la educación, salud y alimentación, y a partir de ahí los ejes articuladores de la política social han sido variaciones de un mismo tema como Oportunidades y Prospera, centrados en el objetivo de abatir los altos índices de pobreza y desigualdad, sin que los resultados permitan cantar triunfo.
Independientemente de las modificaciones que se registran y/o perfilan en el nuevo sexenio sobre el tipo de beneficiarios, denominación, enfoque y propósitos de los programas sociales, los cambios importantes -cuantitativos y cualitativos- a que hacíamos referencia líneas arriba, apuntan hacia algo sustancialmente distinto.
Para empezar, todo indica que los alcances en cuanto a número de beneficiarios, dispersión territorial y tipo de necesidades atendidas, serán mucho mayores este sexenio que en cualquiera anterior. La semana pasada hablábamos aquí mismo del trabajo de la académica María Amparo Casar, según el cual siete nuevos programas sociales ya en marcha, con varios más por arrancar, beneficiarán a 23 millones de mexicanos, prácticamente todos en edad de votar, con una erogación de 191 mil millones de pesos. El lunes pasado, en el programa La Hora de Opinar de Televisa, el politólogo Hernán Gómez Bruera, cercano al lopezobradorismo, manifestó que según datos actualizados en fuentes oficiales, suman “más de 28 millones” los mexicanos que están recibiendo o por comenzar a recibir los beneficios correspondientes. El 26 de febrero, en su columna en el periódico Milenio, Joaquín López Dóriga, sin citar fuentes ni aportar mayores detalles, afirmó que son 51 millones los destinatarios de esos programas, que este año tendrán un costo de 317 mil millones de pesos.
Cualquiera que sea la cifra final entre estos extremos, son muchos los mexicanos y las mexicanas que recibirán beneficios de los programas sociales lopezobradoristas. ¿Serán rentables electoralmente? Lo que nos dice la experiencia es que no suelen serlo. De haberlo sido, no llevaríamos tres alternancias de partido en la Presidencia de la República en los últimos 18 años: del PRI al PAN, del PAN al PRI y de éste a Morena. Sin embargo, antes de intentar una respuesta en el contexto actual, hay que pasar revista al otro aspecto tanto o más importante: el cualitativo.
LA DIFERENCIA SÍ IMPORTA
Hasta fechas tan recientes como el año pasado, los beneficios de los programas sociales solían llegar a sus destinatarios a través de intermediarios, llámense gobiernos estatales, ayuntamientos, organizaciones tipo Antorcha Campesina, comités diversos y súmele usted. Esa intermediación tenía varios efectos negativos: había “mermas” en el camino, lo mismo si se trataba de apoyos en efectivo que en especie, se perdía eficacia en el reparto y con frecuencia se humillaba a los beneficiarios haciéndolos esperar horas enteras en largas filas.
Con el nuevo esquema, una parte importante del total de los apoyos a entregar serán en efectivo, llegarán oportunamente a cuentas individuales y, lo más relevante políticamente hablando, tendrán un solo origen; provendrán de una sola mano: la de Andrés Manuel López Obrador, quien apenas el lunes reiteró que va en serio lo de someterse a la consulta para la ratificación o revocación de su mandato, por lo que su nombre y fotografía estarán en las boletas de las elecciones del 2021.
En este mismo terreno de lo cualitativo, no hay que olvidar que el padrón de beneficiarios lo comenzó a levantar hace meses un ejército de “Servidores de la Nación”, que bien a bien nadie sabe cuántos ni quiénes son, al parecer con parte del dinero para la Transición legalmente previsto en el presupuesto federal. Los listados ya concluidos aparentemente están en manos de la ahora Secretaría del Bienestar, aunque existen versiones creíbles de que realmente están en manos directamente de la Presidencia de la República, a través de su Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo, a cargo del antiguo Secretario de Organización de Morena, Gabriel García Hernández. Son padrones que incluyen fotografías de las personas y de sus credenciales de elector.
A Ernesto Zedillo y a Vicente Fox nunca les interesó realmente la política partidista y pagaron por ello. Aquel entregó la Presidencia a otro partido y éste fue incapaz de sacar adelante su candidato favorito. Felipe Calderón entendía mucho más de estas cuestiones, pero pronto lo apabulló la violencia que trajo la guerra que le declaró a los narcos y su afán de rodearse de incondicionales más allá de sus capacidades. Quizá el más dotado y experimentado políticamente en la Presidencia fue Enrique Peña Nieto, a quien los golpes sucesivos de la Casa Blanca y Ayotzinapa pusieron en la lona, de donde solo se levantó para irse a nadar en la alberca de la corrupción.
López Obrador es un auténtico zoon politikon, desayuna, come, cena y sueña política; todas sus acciones y declaraciones tienen carga política; transitó de un partido a otro y luego fundó el propio; se ha blindado en su austeridad como evidencia de honestidad. En sus manos, los mismos programas sociales de sus antecesores (que no lo son, ya que entre los suyos hay nuevos, de mayor alcance, muy dirigidos y previsiblemente más eficaces) seguramente tendrían una rentabilidad electoral mayor. No hay necesidad de forzar la lógica para verlo así.
Consecuentemente, estimar la eventual rentabilidad electoral de los programas con base en la experiencia de sexenios anteriores conduciría a un grave error de cálculo. A la luz de lo que hay, resulta mucho más razonable prever que López Obrador sacará mucho más jugo a esos padrones de beneficiarios que cualquiera de sus antecesores, y que aún con porcentajes que no se aproximen al máximo será suficiente para, por lo pronto, en el 2021 ganar la mayoría de las 13 gubernaturas en juego, ampliar con sus aliados la mayoría en la Cámara de Diputados, alzarse con un buen número de ayuntamientos y, ahora sí, tener mayoría real en más de 16 congresos locales.
Es decir, hay razones suficientes para prever un tremendo tsunami electoral en el 2021, que arrasará con lo que para entonces quede del PAN, el PRI, el PRD y los demás partidos de la chiquillada que no vayan en alianza con Morena. Si estos partidos no lo entienden así y actúan en consecuencia, por lo menos para evitar la extinción inmediata, parafraseando a Gabriel García Márquez se les podrá decir que no volverán a tener una oportunidad sobre la faz de la tierra.
COMPRIMIDOS
Además de sus muchos defectos de sobra conocidos, en el Congreso del Estado padecen de esquizofrenia. En la reunión de la Junta de Coordinación Política del jueves 28 de febrero, votaron a favor de remover a la Oficial Mayor los representantes de las bancadas de Morena, PT, PES, PRI, PRD, PVEM y Panal (19 sufragios en el Pleno). El PAN decidió ausentarse al grito de esa no es bronca mía, y votaron en contra Eugenio Govea y Oscar Vera. Como para hacer efectivo el cese en el Pleno solamente hacían falta 14 votos, todo parecía arreglado.
Pero no, en la sesión plenaria del jueves 7, de Morena solamente votó a favor Alejandra Valdez Martínez, enemiga declarada de la removida. De los otros cinco legisladores morenistas, cuatro votaron en contra y uno, su coordinador Edson Quintanar, de plano se salió y se fue a esconder. Así, doña Marcelina Oviedo fue destituida con 16 votos, completados gracias a los cinco que aportó el PAN, quien en la Jucopo se había fugado. Govea y Mario Lárraga, del PES, que en la Junta votaron en contra, en el pleno se abstuvieron. ¿Quién los entiende?
El pasado día primero, una acción coordinada de las policías Federal y de la Ciudad de México permitió la captura de El Alexis, identificado como líder de la Unión Tepito, el grupo criminal que tiene sumida en la violencia la capital de la República, quien estaba acompañado de su cómplice, El Perky. Cinco días después, una juez federal liberó a ambos sujetos, fijándoles una ridícula fianza de 20 mil pesos. La Fiscalía General de la República ya obtuvo una nueva orden de aprehensión por el delito de homicidio, pero ¡ya se fugaron!
En lo que sin duda fue el primer gran operativo policiaco-militar del nuevo gobierno, la semana pasada cayeron sobre Santa Rosa de Lima, Guanajuato, y sus inmediaciones, centenares de soldados, marinos y policías federales. Iban por El Marro, líder huachicolero de la región y responsable de innumerables homicidios y otros delitos. No lo pudieron encontrar, por lo menos hasta ayer. Detuvieron a su cuñada y a su concuño, señalados como sus operadores financieros. Un juez los liberó cuatro días más tarde fijándoles una fianza de ¡3 mil pesos!
El lunes, evidentemente incómodo con estas actuaciones judiciales, el presidente López Obrador denunció que hay jueces “a modo”, que benefician a la delincuencia, que eso debía acabarse y que pronto platicaría con las cabezas del Poder Judicial Federal. Ojalá lo haga y sirva de algo. Pero por lo pronto, ya los puristas del Nuevo Sistema de Justicia Penal han de estar retorciéndose de la incorrección política, haciéndose los desentendidos de casos como los de El Alexis y El Marro, o del creciente número de linchamientos en todo el país.
Hasta el próximo jueves.