Hace varias semanas esta columna viene cubriendo la elección suigéneris de jueces, he tratado de dar una voz plural, permitiendo que se expresen quienes tengan proyectos togados sensatos.
En esta ocasión es el turno del actual juez federal mercantil Omar Rostro Hernández, quien postula para Magistrado de Circuito, boleta rosa, número 30, pero, sin duda, con su larga trayectoria y admiración ganada es mucho más que un número. Además, viene a compartirnos una atinada crítica:
[“”] Con casi 20 años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación y a unos pocos meses de concluir mi cargo como juez de Distrito veo con profunda tristeza y gran preocupación lo que se avecina para esta institución del Estado Mexicano y su impacto para nuestra sociedad.
Actualmente nos encontramos inmersos en un proceso electoral extraordinario en el que muchos participamos de manera voluntaria o involuntaria, actuando bajo protesta, para continuar en el ejercicio de la función judicial y así defender lo ganado a través del mérito, el esfuerzo y la dedicación a la carrera judicial, o bien, para acceder a alguno de los cargos dentro del Poder Judicial Federal o local a través del voto popular, pues ya no es suficiente la capacidad, la experiencia o el profesionalismo sino que esas cualidades han sido desplazadas por la popularidad y la cercanía con grupos políticos.
Sin embargo, parece que se nos ha olvidado que este proceso de elección judicial derivó de una reforma constitucional altamente cuestionable por transgredir abierta y flagrantemente los principios fundamentales de un Estado Constitucional de Derecho, pues no solo socava la independencia judicial y el principio de división de poderes, sino también es violatoria de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, a la certeza y seguridad jurídica, a ser juzgado por un juez imparcial e independiente, al debido proceso y a un recurso judicial efectivo, violaciones que, a la postre, generarán la responsabilidad internacional del Estado Mexicano.
Desafortunadamente la falsa narrativa de una corrupción generalizada y de los grandes privilegios, así como el discurso permanente de odio contra los jueces terminó por imponerse y triunfó para cristalizarse en una reforma constitucional que fue producto de un desaseado proceso legislativo. Y a pesar de todo esto: ¡la reforma va porque va! sin existir un diagnóstico real y objetivo de los problemas que aquejan al sistema judicial, ni un diálogo abierto y efectivo, no simulado, con los diversos sectores de la sociedad ni mucho menos una deliberación parlamentaria a conciencia de lo que se aprobó.
Parece que a estas alturas también se nos ha olvidado que la reforma judicial fue impugnada a través de diversos juicios de amparo en los que se concedieron suspensiones para evitar que continuara su curso y que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo Federal, así como el INE, la Sala Superior del Tribunal Electoral e incluso el Consejo de la Judicatura Federal, desacataron abiertamente esos mandatos judiciales generando una crisis y una ruptura del Estado de Derecho.
Se nos olvida que, para liberar los espacios requeridos para implementar la citada reforma, se llevó a cabo una ominosa insaculación (tómbola) en la que se jugó literalmente con la vida y el destino de cientos de juzgadores y sus familias, sin importar su origen ni sus méritos académicos o profesionales, ni su trayectoria y aportaciones a la Judicatura. Hoy se afirma de manera pomposa que nuestro país es un ejemplo a nivel mundial por elegir próximamente a sus jueces por voto popular, pero se omite decir que somos una vergüenza a nivel mundial por el cese masivo injustificado de juzgadores.
Y qué decir del proceso iniciado ante los Comités de Evaluación de los Poderes de la Unión y seguido ante las autoridades electorales con todas las irregularidades, contradicciones y ocurrencias de último momento.
Por ello sostengo que, en este, como en otros temas, vivimos en un estado de amnesia social entendido como el olvido de eventos significativos en la historia de una sociedad influenciado por factores como la represión política, la ignorancia o el cambio de intereses.
En los siguientes días se nos distraerá de los grandes problemas que aquejan a nuestro país: la inseguridad pública, la violencia, la desaparición de personas, la falta de acceso a los sistemas de salud y a una educación de calidad, la falta de empleos, entre otros, para enfocarnos en una elección judicial innecesariamente costosa, altamente confusa y con un bajo interés real de participación de la población.
Nos enfocaremos más en la parafernalia electoral, en las promesas vacías e irreales, en la distracción y en la frivolidad de las redes sociales en lugar de cuestionarnos sobre el origen y sobretodo en las consecuencias de una reforma judicial que no va a mejorar la impartición de justicia, sino que, por el contrario, va a agravar los problemas que ya existen en nuestro sistema judicial. Se nos vendió la idea de democratizar la justicia, cuando lo que se hizo en realidad fue electorizar los cargos judiciales y exponerlos a que fueran cooptados por los diversos factores reales de poder. Así, los órganos encargados de controlar al poder terminarán siendo controlados por el poder.
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