La consulta popular o la revocación del mandato son dispositivos de la denominada “democracia directa” que tratan de vincular la voluntad de la ciudadanía a una realidad política concreta o a una decisión específica. No es de extrañar que el impulso de estas figuras provenga de una fuerza política nueva que, pensando en un cambio en el régimen de gobernar –según lo han declarado-, promuevan la inclusión de la sociedad en las decisiones públicas.
Hemos dicho ya en otro momento que el avance democrático en nuestro país se va relacionando con la apertura de nuevos espacios y dispositivos de participación ciudadana en distintos ámbitos de la vida pública. Hace unos treinta años, con el diseño de programas y políticas como el Programa Nacional de Solidaridad, se aspiraba a promover la corresponsabilidad de la ciudadanía para ir transformando esa concepción que se tenía –y que a veces prevalece- de un gobierno que lo hace todo, hacia un modelo donde la administración pública se encarga de una cosa y la sociedad de otra. Muchos años han pasado desde que se promovió este modelo y ya estamos en posición de sugerir una evaluación en términos democráticos: ¿la ciudadanía es más corresponsable? ¿Se ha modificado la relación de paternalismo –no me gusta esa palabra- con la que solía verse al gobierno? ¿En qué medida los cambios y concepciones de la sociedad se deben o se explican gracias a la implementación de estos mecanismos?.
¿Cómo cambia la sociedad y el gobierno con el avance democrático?. Demos un salto de muchos años para ubicarnos en la primera década de este siglo en el que la transparencia y el acceso a la información pública se elevaron a rango constitucional. Esto también tiene una enorme relación con la democracia y la participación ciudadana. Las instituciones cumplen –o intentan- con las obligaciones de proporcionar información pública de acuerdo a lo que establece la ley. Pero toda esta operación resulta inútil o estéril si no hay ciudadanía que use esa información. Existe una triple dificultad en el asunto: que la información sea fidedigna, que la ciudadanía tenga la posibilidad real de acceder a la información sin mayor dificultad o sofisticación, y fundamentalmente, que todos sepamos que eso existe y que nos es útil. La apertura de estos dispositivos de activación ciudadana ha permitido detonar algunos procesos de exigencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción: desde el Toallagate, pasando por la Casa Blanca en Lomas de Chapultepec, hasta las declaraciones patrimoniales de funcionarios de alto nivel, hemos aprendido que necesitamos activar la responsabilidad ciudadana por controlar a su gobierno. Lo contrario es el ostracismo y la indiferencia.
En el papel, los instrumentos de democracia directa –como lo son las consultas ciudadanas o la revocación del mandato- son excelentes espacios que llegan tarde a la evolución democrática de nuestro país. La preocupación legítima que pongo a su consideración es que en el nombre del pueblo, se simulen o manipulen los mecanismos para legitimar a determinados intereses políticos. Es por eso que la certeza y la legalidad son importantes.
En el terreno de los hechos, a nadie sorprende que las consultas realizadas para los proyectos del Aeropuerto de Santa Lucía, la Termoeléctrica de Morelos, el Corredor Transístmico, o el caso Bonilla en Baja California, sean tomados con tanto escepticismo y con tan poca seriedad. La ciudadanía participa mejor en la medida en que se le convoca con garantías de legalidad, certeza y objetividad. La propuesta de Revocación del mandato no es un asunto menor: la pertinencia de esta iniciativa depende de la existencia de estas mismas garantías que puedan dar seriedad al ejercicio, y aún así, se pasa por alto el riesgo de la polarización y sus posibles efectos en la estabilidad política del país.
La implementación de estos mecanismos requiere de diseños adecuados y pertinentes. La prudencia política, la observancia del orden constitucional y la garantía plena de certeza evitarán que, como advirtió Aristóteles, la democracia degenere en demagogia, con juicios sumarios, multitudes confundidas o defenestraciones públicas.
Twitter. @marcoivanvargas