Se agotó el discurso de Francisco Xavier Nava Palacios, su única promesa valiosa de campaña fue asegurar que su antecesor acabaría en la cárcel, y que la ciudad –de ganar él– sería otra. Ni Gallardo acabó en la cárcel, ni se devolvió lo saqueado al erario municipal, ni San Luis es otra ciudad. No tiene más qué decir.
Es cierto, y Navita será el primero en decir, que en la Fiscalía se empollan los expedientes, que no se avanza porque no hay voluntad por parte de la instancia encargada de llevar las investigaciones. Es cierto, definitivamente, pero también hay que señalar que de haber estado bien integrados los expedientes presentados por la instancia municipal, los resultados serían otros.
Dicho de otra forma, pudo haber sido un buen gobierno municipal, dirigido por un excelente alcalde, pero se rodeó de ineptos mediante los cuales daba acomodo y salida a sus compromisos políticos, y su inconmensurable arrogancia le impidió remover, sancionar, o sustituir a sus ineficientes colaboradores.
Haber dado demasiada libertad de actuación a sus colaboradores más cercanos, y haberse empeñado en mantenerlos, sin sancionarlos, creo que le puede ocasionar algunos problemas. Me vienen a la memoria el caso de la oficial del Registro Civil desalojada, por orden del limítrofe secretario del Ayuntamiento; y el caso de la señora vendedora de flores, que cargaba a su criatura en un rebozo terciado en la espalda, violentada por inspectores de comercio, de acuerdo a las indicaciones de la dirección de Comercio.
No soy abogado, ni conozco nada de leyes, pero leyendo en la prensa local, que está por decidir si pide licencia –supongo que después de registrarse, a principios de la siguiente semana, como precandidato a la gubernatura–, le sugeriría que no hiciera ninguna de las dos cosas. Mejor, concluir el periodo y la gestión para los que fue electo, y retirarse dignamente a su casa u oficina.
Me explico: el maestro Francisco Xavier Nava Palacios, debe advertir la existencia un acuerdo del Instituto Nacional Electoral INE/CG517/2020, que impide que sean registrados como candidatos personas que mediante resolución hayan sido sancionadas o condenadas por cometer violencia política de género. Cabe recordar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, emitió la recomendación número 20/2019, por el desalojo cometido en contra de María Teresa Carrizales Hernández, y en dicha resolución se menciona que la violencia en razón de género ocurrió en contra de la entonces Oficial del Registro Civil.
Más todavía, por el mismo caso, y bajo el número de folio 270/2019, Carrizales Hernández fue inscrita en el Registro Estatal de Víctimas. Estas circunstancias pudieran llevar a judicializar su precandidatura o candidatura en Tribunales y diversas instancias jurídicas, volviéndolo un candidato, por menos y más, cuestionado.
Vale la pena preguntarnos si el PAN apostará a una candidatura así, o si, Nava –sabiendo que incurrió en dos ocasiones en violencia de género, se arriesgará a firmar su inscripción. Está en la cuerda floja.
???
Que no nos sorprenda si un día nos quedamos sin arzobispo, o desaparece misteriosamente antes de ingresar a sus oficinas. Justo afuera de la Sagrada Mitra, como se conoce coloquialmente a la sede de la curia potosina, existe una alcantarilla de grandes dimensiones, que lleva meses sin rejilla, esperemos que don Jesús Carlos no caiga en esa trampa mortal, o que el titular del Ayuntamiento, en vez de andar ocupado en sus ambiciones políticas, se dedique a recorrer el Centro Histórico, y ordene que solucionen ese desperfecto.
Gracias por la lectura; no bajen la guardia,
seguimos en naranja.