El problema de la seguridad pública, es en verdad un problema muy complejo. Es el No. 1 de entre los que más preocupan a los mexicanos hoy en día. También es el que representa la primera obligación de la autoridad, de los gobernantes, para atender con eficacia y eficiencia. Sin seguridad pública es imposible la vida en sociedad y mucho más el progreso y bienestar de los habitantes. Los niveles de violencia y robo del patrimonio particular y público de los mexicanos, han escalado dramática mente en los años recientes, porque se han entreverado con la corrupción y la impunidad de muchos altos funcionarios, políticos, policiacos y hasta militares, como lo ha reconocido hasta el propio López Obrador, que vuelve más difícil la solución del problema. A todo ello se añade una posición contradictoria del presidente de la república, que durante su campaña política reiteradamente se manifestó en contra de la intervención del ejército y la marina en tareas que les corresponden a los cuerpos civiles de seguridad, las policías, y ya en el poder cambia radicalmente su postura al crear un nuevo cuerpo militar o paramilitar como lo es la Guardia Nacional, con 50,000 nuevos elementos que quedarán bajo el mando operativo del ejército.
Los defensores de esta medida argumentan que estos cuerpos, como por ejemplo los carabinieri en Italia, la guardia civil en España o en Colombia, han dado buenos resultados en el combate contra el crimen; y así es en efecto, pero solo como complemento de las fuerzas civiles, es decir, de las policías y no en sustitución de estas, como se pretende hacer con la creación de esta nueva fuerza en México.
Esta medida está siendo muy cuestionada por mexicanos muy conocedores del tema, por agencias internacionales como Human Rights Watch y algunos de los gobernadores de los estados porque no va acompañada de dos condiciones esenciales: que se precise su temporalidad y que tenga un mando único (no mixto), de carácter civil y no militar. Además, se cuestiona que en el tiempo que lleva el ejército y la marina en operaciones contra la delincuencia, desde que Felipe Calderón tomó la decisión de sacar al ejército de sus cuarteles, la violencia y la inseguridad en el país, en estos 12 años, no solo no se han reducido, sino que han crecido exponencialmente. Si esta es la experiencia, uno se pregunta ¿Por qué el presidente López Obrador decide incrementar la fuerza y el presupuesto del ejército creando la Guardia Nacional? ¿Por qué continuar con esa estrategia? ¿Por qué no iniciar ya un esfuerzo nacional, contando con el apoyo y bajo la responsabilidad claramente señalada, de los gobernadores, de los alcaldes y de los ciudadanos, para crear nuevos cuerpos policiales bien capacitados y bien remunerados, que respondan a las necesidades de seguridad pública de cada municipio y de cada estado?
Considero que es un error serio, querer resolver el problema de la inseguridad y la violencia en el país, dándole más facultades y atribuciones al ejército, con la creación de una Guardia Nacional con 50,000 elementos que quedarían en los hechos, bajo el mando central del propio ejército que ya lleva 12 años de estar operando fuera del mandato constitucional que establece que la seguridad pública es una responsabilidad de las fuerzas civiles, es decir de las policías. En el mundo civilizado y en los países democráticos, son las policías civiles las responsables de brindar seguridad a los ciudadanos y los militares solo asisten en forma supletoria o en casos de emergencias nacionales.
El gigantesco problema de la seguridad de los ciudadanos de este país, creo que, para poderse atacar, debe ser fragmentado, partido en pedazos pequeños, que permita la participación de muchos miles de localidades y municipios, pero fijando claramente la responsabilidad en la autoridad local, porque son los ciudadanos de cada municipio los más interesados en vivir sin miedo y en paz y somos los que podemos encontrar las personas más idóneas para prevenir y combatir el delito. Los ciudadanos que nos conocemos en cada localidad, sabemos mejor que nadie, que nuestra seguridad y la de nuestras familias descansa mejor en los mandos locales de una policía civil competente, que cuente con la vigilancia y supervisión cercana y permanente de los habitantes en cada localidad, en cada municipio y en cada estado y bajo la responsabilidad claramente definida de las autoridades civiles, que por excepción pedirán y obtendrán la asistencia de las fuerzas militares o navales, pero no como regla. Dejar la seguridad de los mexicanos en manos del ejército, ya se ha demostrado en estos 12 años, no resuelve, sino que agrava el problema. Es pretender resolver el problema de la negligencia y corrupción de autoridades actuales o anteriores, con otro error mayor.
La mayor parte de los problemas de este país (y probablemente los de cualquier otro en el mundo) tienen mucho mejor y más efectiva solución con la participación, el trabajo, la inteligencia y la voluntad de los habitantes de cada comunidad, de cada ciudad, de cada municipio porque frecuentemente, en la perspectiva y las soluciones que ofrece un gobierno central, una burocracia centralizada, se desconocen las particularidades, el carácter, las necesidades, la personalidad y los hábitos de los pobladores de cada región, zona o municipio. El soporte y la concurrencia del gobierno central, se requiere solo en contados casos y al desconocer las circunstancias de la vida de los ciudadanos de cada municipio o estado, cae en error, comete abusos de poder, y con frecuencia desdeña las opiniones y el sentir de los habitantes en cada localidad.
Y lo que más preocupa sobre el tema de la creación de una Guardia Nacional son a mi juicio, dos cosas: Que no está fijando un plazo para el retiro del ejército de las labores que le competen a las policías locales y que este proyecto de ley no contempla el fortalecimiento y la capacitación de los cuerpos de policía a nivel de los estados y de los municipios.
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