Durante años hemos aprendido a desconfiar de la palabra felicidad. Nos suena ingenua, doméstica, casi decorativa. Como si hablar de ella fuera un lujo de sobremesa en tiempos de violencia, desigualdad, contaminación, precariedad laboral y gobiernos adictos a la propaganda. Sin embargo, tal vez hemos cometido un error de enfoque: la felicidad no es un asunto banal. Es, en realidad, una forma profunda de preguntar si una sociedad está organizada para que la vida valga la pena.
Ahí está, a mi juicio, la clave jurídica del problema. ¿Existe un derecho humano a la felicidad? Si por ello entendemos un derecho a sentirse contento todos los días, la respuesta es no.
Dicho de otra manera: la felicidad no es un premio que otorga el gobierno; es una consecuencia de que el gobierno no destruya las bases mínimas de una vida vivible. Nadie persigue razonablemente la felicidad en una ciudad que expulsa peatones, en un entorno de aire sucio, en barrios sin árboles, en trabajos que exprimen el tiempo hasta vaciarlo, en escuelas sin pertenencia, en instituciones que no inspiran confianza y en comunidades donde la corrupción ya dejó de ser excepción para convertirse en paisaje. Hay tristezas íntimas, desde luego; pero también existen tristezas estructurales, cuidadosamente fabricadas por decisiones públicas miserables.
Por eso resulta tan sugerente el enfoque del World Happiness Report 2026. El informe no mide la felicidad como simple entusiasmo pasajero. Distingue entre emociones y evaluación de la vida, y para comparar países privilegia esta última porque la considera una medida más completa y estable sobre cómo van las cosas en conjunto. No es casualidad que, bajo ese método, Finlandia vuelva a encabezar la clasificación, que Costa Rica alcance el cuarto lugar y que México aparezca en el doce.
Obsérvese bien lo anterior: incluso cuando se habla de felicidad, el lenguaje serio termina hablando de instituciones, vínculos, salud, libertad, comunidad y confianza. Exactamente lo contrario a la vulgaridad política de nuestra época, que confunde bienestar con espectáculo y desarrollo con cemento. Nos venden “modernidad” mientras nos recortan sombra, silencio, tiempo y aire. Se inauguran obras, se talan árboles, se concesiona lo público, se mercantiliza la ciudad y luego se pretende que aplaudamos el progreso. Pero una sociedad no mejora porque tenga más anuncios luminosos ni más franquicias; mejora cuando disminuye la humillación cotidiana y aumenta la posibilidad de vivir con decencia.
El mismo informe de felicidad añade algo inquietante: en buena parte del mundo occidental industrializado el bienestar juvenil ha caído, y el uso intensivo de redes sociales aparece asociado con menores niveles de satisfacción vital, especialmente en ciertos contextos.
En esa lógica, defender derechos humanos también es defender las condiciones de una vida feliz. El derecho a la salud no sólo evita enfermedad; permite vivir mejor. El derecho al medio ambiente sano no sólo protege árboles y ríos; protege serenidad, futuro y habitabilidad. El derecho al descanso no es un capricho sindical; es una frontera contra la esclavitud elegante del rendimiento permanente. La libertad de expresión no sólo tutela opiniones; preserva la posibilidad de una existencia sin miedo. La igualdad no es una consigna hueca; es la negativa a aceptar que algunos nazcan condenados a una vida sistemáticamente más estrecha que la de otros.
Tal vez ahí reside una de las tareas más nobles del constitucionalismo contemporáneo: no prometer paraísos, pero sí impedir infiernos. No garantizar sonrisas, pero sí combatir las estructuras que producen miedo, abandono, enfermedad, desarraigo y devastación. La felicidad, entonces, no sería un derecho humano autónomo en su versión sentimental; pero sí el nombre más claro, más humano y quizá más incómodo de aquello que los derechos humanos buscan proteger en el fondo: que la vida no sea sólo soportable, sino digna de ser vivida.
Y ese, justamente ese, es el problema para tantos gobiernos: que una ciudadanía capaz de preguntarse por su felicidad deja de conformarse con sobrevivir.
Delírium trémens.- El verdadero compromiso con las áreas naturales no se demuestra decretándolas en papel, sino asignándoles recursos suficientes para protegerlas, cuidarlas y preservarlas. De nada sirve presumir decretos “verdes” si en 2026 les destinan menos de $10.00 pesos por hectárea al año. Eso no es conservación; eso es simulación institucional. Pero eso sí, para otros proyectos nunca falta presupuesto. ¿Y qué tal el presupuesto anual de la Arena Potosi? Ahí sí hay dinero. Para el show, todo. Para la naturaleza, migajas. Así no se protege el medio ambiente: así se administra la hipocresía.
@luisglozano