No queda claro si con el propósito de encubrir a los presuntos culpables, de buscar desviar la atención de las graves acusaciones o bien de eludir sus responsabilidades respecto de los graves hechos de presunta colusión con el narcotráfico en los comicios de Sinaloa en 2021, el oficialismo está buscando vender la idea de que, en su momento, el INE avaló la elección del gobernador morenista Rubén Rocha Moya y, con ello, pretende señalar que no hubo irregularidad alguna.
El día de ayer, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta Sheinbaum, montada en su cruzada por desacreditar las acusaciones que ha hecho la justicia norteamericana a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios del gobierno morenista de Sinaloa y la consecuente solicitud de su detención con fines de extradición, dijo a propósito de los mencionados comicios: “No hubo ninguna prueba que sustentara que hubiera habido algún problema… La institución correspondiente de valorar la elección lo hizo; eso significa que no había ninguna prueba… Hay que decir que en aquella época todavía era presidente del INE Lorenzo Córdova… En todo caso Lorenzo Córdova debería de haber dicho tenemos pruebas, “Tribunal actúa porque aquí se presentaron”… si la elección hubiera estado manchada por algún problema de violencia… No hay ninguna denuncia en ese caso… En el “21 Lorenzo Córdova era presidente del INE, no dijo que hubiera habido problemas en la elección de Sinaloa”.
La semana pasada ya expliqué en este espacio cuáles son las responsabilidades legales que en las elecciones locales le corresponden al INE y por qué no es su facultad ni validar, ni conocer de las quejas o impugnaciones en contra de las elecciones locales (salvo en los temas de fiscalización que son de su entera competencia).
Por eso, sea producto del desconocimiento o del dolo, resulta falso el señalamiento de la presidenta. ¡El INE no avaló las elecciones en Sinaloa de 2021 porque no tenía atribuciones para ello!
Pero, además, es una mentira que no hubiera habido indicios y pruebas de violencia en dichos comicios identificados por la autoridad electoral.
En efecto, al ser responsable de la gestión de las casillas en esa elección, el INE dio cuenta en su momento que en decenas de casillas en el norte de la entidad (en Ahome, Guamúchil y Guasave) hubo diversos actos de violencia (personas armadas que sustrajeron y destruyeron documentación electoral, agresiones que interrumpieron la votación y robo de paquetes electorales, entre otros) que fueron oportunamente denunciados ante las fiscalías electorales local y federal por los secretarios de los Consejos Distritales del INE en Sinaloa.
Cabe destacar, en todo caso, que la Fiscalía de Delitos Electorales de la FGR (encabezada entonces por el destacado morenista José Agustín Ortiz Pinchetti, hoy finado), instancia que recibió las denuncias presentadas por el INE, con la pasividad e indolencia que la han caracterizado, nunca avanzó en sus indagatorias ni judicializó las carpetas de investigación respectivas, hasta donde es público.
Por otra parte, no fue el INE, sino el Tribunal Electoral de Sinaloa (autoridad competente para calificar la elección de gobernador), el que conoció de las impugnaciones que se presentaron en contra de esa elección y quien consideró que las irregularidades denunciadas por la oposición (violencia en casillas, intervención del crimen organizado, secuestro de decenas de militantes y representantes de casilla, etc.) no resultaban determinantes para anular los comicios, validando por lo tanto, el triunfo de Rocha Moya.
Por cierto, resulta interesante señalar que la magistrada que elaboró el proyecto de sentencia validando el triunfo del candidato de Morena fue Aída Inzunza Cázares, hermana del actual senador Enrique Inzunza, que es hoy uno de los 10 funcionarios acusados por Estados Unidos de haberse coludido con el Cártel de Sinaloa.
Así que no se vale, ahora que les estalló la crisis en la cara, pretender escurrir el bulto.
@lorenzocordovav
(Investigador del IIJ-UNAM)