Los contratos obtenidos por el cuestionado “empresario” Gabriel Alán Salazar Soto en los Servicios de Salud estatales le fueron entregados vía Asignación Directa -sin licitación ni competencia- por instrucciones personales de la titular de esa dependencia, doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, quien para hacerlo invocó un artículo legal que no aplica, lo cual a su vez supone un ejercicio indebido de funciones.
Tengo a la vista una copia del que quizá sea el contrato más cuantioso de cuantos Salazar Soto obtuvo a través de sus distintas empresas, socios y prestanombres. Es por 13 millones 150 mil 340 pesos, para prestar el servicio de limpieza e higiene en las distintas instalaciones y dependencias de los SSSLP durante cinco meses y una semana: del 24 de julio al 31 de diciembre de 2017, firmado en la primera de estas fechas. La compañía contratada es Kubal ZF Comercializadora Integral, S.A. de C.V. (Cuando se revelaron los tratos comerciales entre los Servicios de Salud y Salazar Soto, la Dra. Rangel Martínez negó que existieran, pero dos días después -el 28 de mayo pasado- aceptó que entre 2017 y 2018 la dependencia a su cargo celebró 17 contratos diversos por un total de 64 millones 977 mil pesos).
Transcribo literalmente el párrafo 1.3 del contrato correspondiente, el SSSLP-ASIG-SERV-LIMPIEZA-029-2017: “La Contratación del servicio objeto de este contrato se adjudicó con fundamento en lo establecido en el artículo 25 (Los titulares de las instituciones podrán bajo su responsabilidad, ordenar al área administrativa la adjudicación directa de adquisiciones, arrendamientos o servicios, en aquellos casos en que de cuya (sic) resolución inmediata y expedita dependa la preservación del orden social, la continuidad en la prestación de los servicios públicos, la salubridad, la seguridad pública así como en los casos de siniestros o desastres producidos por fenómenos naturales que requieran atención emergente) de la Ley de Adquisiciones para el Estado de San Luis Potosí”.
¿Sacar a licitación pública, como su monto lo hacía obligatorio, la contratación del servicio de limpieza en clínicas, hospitales y oficinas de los SSSLP pondría en riesgo la preservación del orden social, la continuidad en la prestación de los servicios, la salubridad o la seguridad pública? Por supuesto que no. Por una razón muy sencilla: contratar esos servicios no resultaba una necesidad súbita, o un hecho sorpresivo; era algo que se sabía desde meses antes y consecuentemente podía haberse hecho con el tiempo suficiente para cumplir la tramitación correspondiente.
Lo planteo de otra forma. Nadie en los Servicios de Salud amaneció el 24 de julio del 2017 con la ingrata sorpresa de que a partir de esa fecha no habría quien limpiara las distintas instalaciones de esa dependencia, por la razón que fuere. Sea porque concluía el contrato de otra empresa que venía prestando ese servicio o porque se le fuera a rescindir, siempre se habría dispuesto de meses o semanas para hacer las cosas conforme a la ley.
El contenido del citado artículo 25, con todo y su astrosa redacción, no deja lugar a dudas: la facultad conferida a los titulares de las instituciones públicas para ordenar adjudicaciones directas de contratos para adquisiciones, prestación de servicios o arrendamientos es para casos de excepción, para casos de gran urgencia.
Decía al principio y lo reitero aquí: lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones invocado para la asignación directa de ese contrato no aplica en los términos en que fue invocado por doña Mónica Liliana. Es para cosas muy distintas.
No he podido conseguir el contrato que dio continuidad al servicio de limpieza durante 2018, que entiendo siguió encomendado a la empresa de Salazar Soto, pero confío en conseguirlo pronto. Me interesa mucho conocerlo porque ¡imagínese usted! que se haya repetido la invocación al famoso artículo 25 para volverlo a asignar por adjudicación directa. Sería una locura. O mucho cinismo.
ASTUCIA Y SANGRE FRIA
Cuando a ese esperpéntico personaje que es Gabriel Alán Salazar Soto se le derrumbaron las fachadas de cartón y saltó de las páginas de sociales a las de policía, acusado de haber defraudado a decenas de confiados potosinos, pronto se hizo evidente -sobre todo por el trabajo de Ciudadanos Observando- que había sido hasta hacía poco uno proveedor muy apapachado en los Servicios de Salud.
De inmediato, a finales de mayo pasado, la doctora Mónica Liliana lo negó. Ante la inminencia de que le demostraran que estaba faltando a la verdad, dos días más tarde reconoció que efectivamente Salazar Soto había sido proveedor de distintos bienes y servicios, pero con una habilidad envidiable minimizó el tema.
Destacó dos datos: que entre 2017 y 2018 Salazar Soto únicamente había recibido 17 contratos de un total de mil 297suscritos por los Servicios de Salud en esos dos años, y que el importe de los mismos era de tan solo 64 millones 977 mil pesos, equivalentes al mísero 0.9 por ciento de los 7 mil 378 millones de pesos ejercidos en ese mismo lapso como presupuesto total de la dependencia a su cargo.
Respecto de que 17 contratos representen escasamente el 1.3 por ciento de los mil 297 firmados por los SSSLP entre 2017 y 2018 no tengo gran cosa qué decir, porque no he logrado descifrar si ese total de contrataciones se refieren a uno, varios o todos los rubros en los que gasta la dependencia. Espero despejar pronto la incógnita.
En donde sí hay que reconocer la astucia y sangre fría de doña Mónica Liliana es con el tema de los montos. Los 65 millones entregados al tal Gabo son una minucia de los 7 mil y pico de millones de presupuesto global bianual de los Servicios de Salud. La chapuza es evidente. Es revolver peras con manzanas.
Según lo manifestado por la propia funcionaria en más de una ocasión, dos terceras partes de todo el presupuesto que ejercen los SSSLP se gastan en pago de nómina. El resto se distribuye en varios conceptos más: “Materiales y Suministros”, “Servicios Generales”, “Bienes muebles, inmuebles e intangibles”, “Inversión Pública”, “Inversiones financieras”, etcétera.
¿Qué tiene qué ver el sueldo de un médico con trapear un pasillo, o la construcción de un centro de salud en la huasteca con la limpieza de un baño en el hospital de Soledad, o la compra de una ambulancia con sacudir una cobija? Creo que nada.
En todo caso, los pagos hechos a Salazar Soto serían comparables con el rubro al que correspondieron, que es el de Servicios Generales. En éste, el gasto 2017-2018 de los SSSLP fue de 1 mil 138 millones 940 mil 479 pesos (según consta en las Cuentas Públicas correspondientes), con la que la proporción cambia significativamente. Hay proveedores o contratistas antiguos, experimentados, cumplidos y confiables, que si obtienen dos o tres contratos al año, por cantidades que nada tienen que ver con las entregadas a Gabo, ya les fue bien.
No es como para hacer apuestas más allá de un desayuno en alguna fonda no muy cara, pero parece que los señores diputados que integran la Comisión de Vigilancia están genuinamente dispuestos a que la Auditoría Superior del Estado realice auditorías específicas y a fondo en los Servicios de Salud. Ojalá.
COMPRIMIDOS
La pandemia no amaina, y recién escuche de un amigo inteligente (afortunadamente tengo varios) la descripción más lúcida, concisa y precisa al respecto: “Nos encerraron con la llovizna y nos sacan en el aguacero”. Tiene toda la razón.
Los destrozos causados al Palacio de Gobierno, al Congreso del Estado y a la Fiscalía el viernes 5 deberían de quedarse sin reparación alguna, a manera de monumento a la incompetencia de nuestros responsables de la seguridad pública. Todo mundo sabía lo que podía pasar, todo mundo sabía donde y a qué hora se reunirían los manifestantes, cuántos eran los violentos (no llegaban a cuarenta) y a dónde iban. No se trataba de masacrarlos sino simplemente de contenerlos. Un par de centenares de policías con equipo antimotines, unos cuantos botes de gas pimienta y algunos extintores habrían sido suficientes para evitar los destrozos sin impedir la manifestación en su vertiente no violenta.
Este país y este estado van a ser otros cuando sea posible que la libre manifestación de las ideas, por tumultuaria y vigorosa que sea, no termine en destrozos, y cuando los cuerpos de seguridad sean capaces de evitarlos sin golpear a nadie. ¿Y saben qué es lo más triste? Que sí se puede, que aquí mismo hemos podido. Ahí están Miguel Naya y José Luis Mejía Ocampo para que nos lo platiquen.
Gracias a Dios que los señores integrantes del Consejo Estatal Electoral son gente sensata y seria, pues con tantito bromistas o canijos que fueran ya habrían provocado un problemón, con altos costos para el erario estatal, aprovechando el más reciente desatino del H. Congreso del Estado, cometido con su última reforma a la Ley Electoral, que entró en vigor el pasado 30 de mayo. Me explico.
Hasta antes de esa fecha, la ley disponía que el proceso electoral iniciaría con la primera sesión del Consejo, “convocada la primera semana del mes de septiembre del año inmediato anterior a la elección”. Muy claro: la sesión podía realizarse cualquier día entre el uno y el siete de septiembre. Ni antes ni después. Nuestros maravillosos legisladores quisieron diferir unas semanas ese inicio pero erraron como si estuvieran en el kinder. Los artículos reformados dicen ahora que el proceso electoral comenzará “con la primera sesión del Consejo convocada a más tardar el 30 de septiembre del año inmediato anterior a la elección”. Hay límite máximo pero desaparecieron el mínimo. Tal como quedó la ley, el Ceepac podría comenzar hoy el proceso electoral. No hay nada que se lo impida. Es más, podía haberlo iniciado el día primero de este mes. Y claro, anticipar el arranque cuesta dinero por diferentes conceptos. Y si esto lo dejan así, dentro de tres años que vuelva a haber elecciones el proceso podría comenzar el primero de enero. Y a divertirnos como enanos.
Hay por lo menos tres versiones distintas sobre las razones que llevaron PAN, sea su dirigencia estatal, su coordinación parlamentaria o parte de la fracción legislativa, a exigirle su renuncia a Lidia Argüello, pero las tres tienen el feo tufo de la represión y la intolerancia. Y quienes la lastimaron andaban con chupón y babero cuando ella ya se partía la madre enfrentando el Sistema.
Hasta el próximo jueves.