Supongo que el empate de agendas es difícil y, tal vez por esa razón, en una reunión con empresarios que tuvo la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y del Consejo de la Judicatura no aparece que haya estado presente en la misma el presidente del Centro Empresarial de San Luis Potosí (COPARMEX) S.P. Eso, o tal vez no fue convocado.
Yo me inclino por lo segundo, aun y cuando, ciertamente, no tengo tal certeza. Estoy seguro que, de haber sido invitado y no poder asistir, el líder empresarial habría enviado un representante. No puedo más que especular.
Según algunas notas en medios, circuladas en redes sociales, en la reunión estuvieron, además de la Magistrada Olga Regina García López, Manuel Castanedo de Alba, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; Gustavo Rivera Cerda, de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios; Clara Leticia Serment Cabrera, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación; Fabiola Mejorada Hernández, de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias; Julián Ramírez Abella, de la Cámara Nacional de la Vivienda; Alejandro Pérez Rodríguez, de la Cámara Nacional de Comercio; Ricardo Pérez Castillo, de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial y Luis González Lozano, Consejero de Industriales Potosinos.
A diferencia de las agrupaciones ya mencionados, COPARMEX es un sindicato patronal, no una Cámara o un a asociación; es la única unión de empleadores, constituida en los términos de la legislación laboral como sindicato.
Por eso, debe ser el actor más participativo, activo y presente en todo lo concerniente a la implementación del nuevo sistema de justicia laboral, de las validaciones de los contratos colectivos de trabajo y de todos los temas vinculados, por encima de cualquier otra entidad representativa de la iniciativa privada. Es su vocación natural, a diferencia del resto.
Son muchas las tareas pendientes en esta echada a andar de la reforma laboral. San Luis Potosí es de los once primeros Estados en donde, en el mes de octubre de este año, se pretende que funcionen ya los tribunales laborales y, sinceramente, no se ve hoy nada claro en el horizonte del Poder Judicial. Hago votos porque, aunque no a la vista, se esté haciendo lo que se tiene que hacer; de lo contrario, esto será un desastre.
Vale la pena que recuerde la Magistrada Presidenta que los conflictos laborales, particularmente los colectivos, no son simples contiendas judiciales, como cualquier otra: son cuestiones de contenido económico que, de manera sensible, afectan a la inversión. Lentitud y poca eficiencia y eficacia de los tribunales que conozcan de los asuntos en materia de trabajo pueden echar por la borda los esfuerzos que se han hecho para hacer de San Luis Potosí un lugar atractivo para arriesgar capitales.
Los tribunales laborales tienen un amplio espectro de acción, por lo que, así lo espero, deberán tener una capacitación intensiva, casi extenuante, para quedar listos en octubre y enfrentar, no solo juicios por despido injustificado, sino toda la demás gama de temáticas propias de este tipo de autoridades, que incluye, entre otras cosas, conflictos de naturaleza económica, huelgas y controversias de seguridad social, solo por citar algunas.
Por eso, COPARMEX no debe perder su papel de actor principal del sector empresarial en esta transición.
En fin, solo nos queda especular y tener fe. Mucha fe.