¿Puede una dependencia pública padecer el trastorno de personalidad múltiple? A juzgar por hechos que nos son cercanos, podríamos decir que sí.
Hace poco más de un mes los Servicios de Salud que dirige la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, obtuvo reconocimientos de la Secretaría de Salud federal por la calidad de los servicios que ofrece en diferentes programas específicos. Es la misma dependencia que mantiene al borde del colapso al Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez; que hace unos meses suspendió los tratamientos de osteosíntesis por falta de dinero; que no puede solventar adeudos como uno de más de cien millones de pesos con una empresa de outsourcing; que tiene pendiente de desahogar observaciones de muchos millones de pesos producto de auditorías federales y estatales, y que, en una conducta claramente delictiva, en complicidad con un notario público decidió falsificar una escritura para hacer parecer que los terrenos donde se levanta el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” son propiedad del Gobierno del Estado, cuando realmente pertenecen a un patronato de cepa universitaria cuyos integrantes han fallecido.
Comencemos con esto último. A principios del 2018, una vez que el gobernador Juan Manuel Carreras obtuvo de su amigo José Narro Robles, entonces secretario de Salud, los recursos suficientes para construir las nuevas instalaciones del Hospital Central, correspondió a la Dra. Rangel sentarse con mandos medios de la SS para emprender la densa tramitología que implica una inversión de esa naturaleza.
En las primeras de cambio, los funcionarios federales solicitaron las escrituras que acreditaran que los terrenos donde se iban a invertir cientos de millones de pesos para levantar el nuevo nosocomio, fueran propiedad del beneficiario, o sea el Gobierno del Estado.
Pues con la novedad de que esos terrenos fueron escriturados hace cosa de 75 años a un patronato formado por universitarios distinguidos, dado que desde su concepción original se decidió que el HC funcionara como hospital-escuela. Nunca hubo ningún cambio de propietarios.
En tales circunstancias, simple y sencillamente ni la Secretaría de Salud ni la de Hacienda habrían autorizado la transferencia del presupuesto (unos 800 millones de pesos) al Gobierno del Estado para hacer una obra en terrenos ajenos.
La titular de los Servicios de Salud asumió que el error inicial era suyo por no haber verificado la propiedad de esa superficie antes de embarcar a su Gobernador en la gestión de los recursos federales. Buscó afanosamente alguna solución, que consideró haber encontrado cuando se hizo presente un notario público -enterado por terceras personas del aprieto en que estaba Mónica Liliana- y ofreció la solución: expedir unas escrituras ad-hoc con fecha de hace unos 30 años (cuando todavía vivían integrantes del patronato), debidamente asentada en libros, con su folio correspondiente y que de las firmas él se encargaría, sin duda para falsificarlas por manos expertas, pues quienes deberían firmar están todos muertos.
Las puertas del cielo se le abrieron a doña Mónica Liliana, al grado de que ni respingó cuando el fedetario de marras le pidió 20 millones de pesos por el servicio. Para facilitar la obtención de esa cantidad y disfrazar su concepto, se suscribió un contrato abierto por prestación de servicios profesionales.
Las cosas se descompusieron cuando la solicitud de la partida extraordinaria de 20 millones, con esa débil justificación, llegó al secretario de Finanzas José Luis Ugalde, quien la rechazó. Se armó la trifulca burocrática y el asunto llegó al escritorio del Gobernador, quien montó en cólera, ordenó cancelar la operación, regañó a Mónica Liliana, mandó regañar al notario inescrupuloso y dispuso que no se le diera ni un centavo (cuando debió cancelarle el Fiat).
¿Cómo se resolvió finalmente este asunto? No lo sabemos a ciencia cierta. Tenemos algunas pistas no agotadas. Muy probablemente después de las fiestas decembrinas tengamos los elementos necesarios para concluir la historia.
LA HISTORIA
CONTINÚA
Hace menos de tres meses el doctor Juan Jesús Martínez López, director de Atención Médica Hospitalaria de los Servicios de Salud estatales, envió a los responsables médicos de sus distintos hospitales el siguiente mensaje electrónico: “Se les comunica que el servicio de osteosíntesis por el momento ha quedado suspendido hasta nuevo aviso, por lo tanto las nuevas instrucciones son: referir (enviar) a los pacientes que requieran de procedimiento quirúrgico y material de osteosíntesis al Hospital Central, es importante hacer las referencias ordenadas, paciente por paciente y no todas juntas y aquellos casos en los que puedan hacer reducción y manejo conservador se haga. Sería como cualquier referencia que hacen al Central avisando al directivo de guardia con hoja de referencia”.
Los tratamientos de oseteosíntesis son costosos. Se aplican para resolver problemas de huesos que por cualquier razón necesitan de un material de refuerzo -clavos, tornillos, placas o prótesis mayores, generalmente caros-, y cuando un hospital público dispone su suspensión, invariablemente es por falta de recursos económicos. Esa es la razón por la que se suspendieron a partir de septiembre pasado.
El Hospital General de Soledad con sus 110 camas censables es de los tres más grandes de la entidad. Tiene meses trabajando con la mitad de la plantilla médica que le corresponde: 250 enfermeras y 100 médicos, aparte personal de apoyo. Hace un par de años, la Dra. Rangel Martínez le recortó casi el 40 por ciento y más recientemente, por ahí de julio o agosto de este año, le aplicó una nueva reducción de casi 30 elementos de distintas áreas.
En resúmen, ese nosocomio que en teoría debe atender una población de 300 mil personas, está trabajando a menos de la mitad de su capacidad y con severos recortes en cuanto a suministros. Esto ha impactado sobre todo en la disminución cuantitativa y cualitativa en los servicios de urgencias, cirugía, ginecología y anestesiología. Nada más.
En las áreas de planeación y control presupuestal de la Secretaría de Finanzas se les ponen los pelos de punta cada que llega correspondencia firmada por Mónica Liliana. Invariablemente son solicitudes de ampliaciones presupuestales. A cada rato se le acaba el dinero. Recientemente comenzó a pedir auxilio porque se le acumuló un adeudo de casi 150 millones de pesos con la empresa de outsourcing que le suministra personal en toda la entidad. Mediante abonos -haciendo ahorros como la suspensión del servicio de osteosíntesis o dejando en el borde del precipicio al hospital de Soledad- el adeudo ha bajado a unos cien millones, pero trae otros también pesado con las empresas que ella misma contrató para dar servicios de laboratorio, de sanidad y limpieza y hasta de vigilancia en las distintas instalaciones a su cargo.
Producto de las revisiones tanto de la Auditoría Superior de la Federación como de la del Estado se detectaron irregularidades por unos 170 millones de pesos en los manejos administrativos y financieros de los Servicios de Salud durante 2018. Llegar al fondo de estas observaciones, que eventualmente pueden convertirse en fincamiento de responsabilidades, requiere de procesos lentos y muy litigables que consumen años, literalmente. Cosa de tener paciencia.
Hay otras conductas extrañas en los Servicios de Salud que más adelante podríamos abordar, pero por lo pronto nos parece que ha quedado acreditada esa forma de esquizofrenia a la que nos referíamos al inicio: Por un lado premios o reconocimientos reales y por otro asociaciones delictuosas para falsificar escrituras. Sea por Dios.
COMPRIMIDOS
Hay historias que son para contarse: Martha Elva Zúñiga Barragán, la recientemente removida Coordinadora de Finanzas del Congreso del Estado, fue tesorera del Ayuntamiento de Soledad en 2005 y 2006. Ahí la conoció el abogado litigante Cándido Ochoa Rojas, quien prestaba sus servicios profesionales al alcalde Roberto Cervantes Barajas. Martha Elva era la encargada de pagarle sus abultados recibos de honorarios, lo que hacía con puntualidad. Años despúes, en el 2009, convertido en Procurador General de Justicia, Cándido la ayudó a llegar a la Junta Local de Caminos como directora administrativa, donde permaneció hasta mayo del 2013, cuando pasa a ser Oficial Mayor de Gobierno los ultimos dos años del sexenio torancista por decisión de Ochoa Rojas, quien como secretario general de Gobierno ponía y quitaba ante el abandono de Fernando Toranzo.
Luego de algún tiempo en el sector privado, en septiembre del año pasado Zúñiga Barragán fue propuesta por el PAN, a quien correspondió esa posición, para ocupar la Coordinación de Finanzas, aparentemente por decisión de su dirigente Xavier Zúñiga Azuara, de quien se suponía era pariente. Con el tiempo se aclaró que el parentezco era prácticamente inexistente por lejano, y que por razones nunca aclaradas XZA la impulsó en acuerdo con Cándido. Esta versión pareció confirmarse en los hechos, ya que Martha Elva no le negaba nada a COR.
Al cambio de directiva en la Junta de Coordinación Política, el PAN ahora presidido por Juan Francisco Aguilar Hernández decidió pedir el relevo de la dama de referencia. Como se trata de un nombramiento aprobado por el Pleno, había que consensar con otros diputados para alcanzar la mayoría simple de 14. El coordinador de la fracción albiazul y presidente de la Jucopo, Rolando Hervert, sondeó con Cándido Ochoa si votaría a favor de la remoción. Sorpresivamente dijo que sí, pero con una condición: que se le renovara por un año más el contrato de seguro de gastos médicos mayores del Congreso a la empresa GNP. Hervert le dijo que no, por lo que el insaciable votó en contra. Ese seguro costará el año próximo algo menos de 3 millones de pesos. A los usos corrientes, una comisión del 10 por ciento es lo habitual. Es decir, por unos 300 mil pesos Cándido Ochoa Rojas estaba listo para darle de puñaladas por la espalda, a su “amiga” de tantos años.
Sorprendente, por contrario al estilo sexenal reiterado una y mil veces, el relevo de funcionarios en la SEDUVOP. El lunes les dieron las gracias a la directora de Planeación Silvia Eugenia Rodríguez Díaz (quien en realidad manejaba la dependencia desde hace un par de años); al director de Obra y Supervisión, arquitecto Marco Antonio Garfias Cánovas, y al subdirector de Control, Juan Manuel Salazar Gamba. La explicación más concisa y precisa es que “se pasaron de rosca”.
Esta es otra historia que pide a gritos ser contada, pero el espacio se nos ha agotado. Por hoy solo le diré que esos funcionarios avorazados eran parte de una mafia mucho más poderosa y ramificada, en uno de cuyos niveles más altos se menciona a Jesús Medina Salazar, titular de la Comisión Estatal del Agua. En cuanto a la “pasada de rosca”, baste comentar que doña Silvia Eugenia “ganó” este año lo suficiente para estrenar casa, amueblarla bastante bien, cambiar de automóvil y hacerse varias cirugías estéticas nada baratas.
Hasta el próximo jueves.